El Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR) del Consejo General de Economistas presentó los primeros días de octubre de 2018 la segunda edición de su Atlas Concursal, que se puede consultar en la página web de REFOR.
Antes de adentrarme en una breve referencia al contenido de este interesante documento, es oportuno subrayar una vez más el hecho de que el estudio del concurso y de su legislación encuentra en este tipo de estudios periódicos una abundante información que permiten comprobar hasta qué punto los planteamientos del legislador se han visto corroborados por la realidad o, por el contrario, las reformas intentadas han tenido una escasa incidencia.
Atendiendo a las conclusiones del documento, debo destacar que el estudio no es simplemente una acumulación estadística de concursos, sino que ofrece una imagen de la insolvencia como problema en el marco de la actividad económica.
Así, en primer lugar destaca la conclusión que establece que más del 50% del total de concursos están protagonizados por micropymes, lo que lleva a recomendar una regulación específica para este tipo de entidades en la Ley concursal. La segunda conclusión establece que en 2017 España comparte con un amplio número de países europeos la tendencia, que ya se inició en el año 2016, consistente en la disminución de los concursos, lo que permite subrayar que el volumen español de concursos todavía sigue siendo bajo en relación con el que se observa en los demás países europeos que analiza el estudio. La tercera conclusión se refiere al sustancial decrecimiento del número de acuerdos de refinanciación homologados, que ha bajado durante 2017 un 24%. El estudio apunta a que la publicidad de los acuerdos de refinanciación homologados puede operar como una suerte de estigma para las empresas que se encuentren en situaciones de preinsolvencia. Sería el riesgo reputacional vinculado a esa publicidad el que le disuada de acogerse bajo el régimen de esos acuerdos, a pesar de las ventajas que puede conllevar cuando se obtienen.
Por último, en cuanto a las mediaciones concursales, en 2017 se han incrementado. Ahora bien, su abrumadora mayoría (el 96%) la protagonizan personas físicas, lo que lleva a recomendar una reforma del régimen de las mediaciones al objeto de atraer a personas jurídicas.
Madrid, 8 de noviembre de 2018