Causa de disolución y carga de la prueba

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 16 de julio de 2018 (JUR\2018\210905) confirma la concurrencia en una sociedad de responsabilidad limitada de la causa de disolución por pérdidas. La Sentencia se alinea con el razonable rigor a la hora de evaluar el incumplimiento de las obligaciones contables por parte de una sociedad mercantil. En este caso, dejando a un lado otras circunstancias de hecho, lo destacable es que de acuerdo con la certificación procedente del Registro Mercantil quedó acreditado que la sociedad en cuestión no había depositado las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios precedentes a la aparición de la relevante deuda. Circunstancia que llevaba al Tribunal a considerar que se estaba ante la causa de disolución del artículo 363.1, e) de la LSC. Transcribo a estos efectos el primer párrafo del apartado 12 de la Sentencia:

12. La falta de cuentas anuales imposibilita a terceros el conocimiento de la situación económica de la sociedad, la desaparición de la sociedad de su domicilio social y la no presentación de la declaración del impuesto de sociedades del año 1999 y siguientes nos permite concluir la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas invocada en la demanda y que su aparición y el incumplimiento del deber de promoverla es anterior al nacimiento de la deuda social (abril de 2005) ) o a la entrada en vigor de la Ley 19/2005 (noviembre de 2005), dado que el administrador demandado no ha realizado ningún esfuerzo probatorio que permita desvirtuarlo. Esta Sección ha declarado de modo inequívoco que ante la ausencia de publicidad de las cuentas anuales, las deficiencias de prueba deben ponerse a cargo de la sociedad y de su administrador, ya que ellos son los que tienen al alcance las pruebas referidas a la situación patrimonial de la compañía”.

En segundo lugar, es interesante la posición del Tribunal barcelonés en relación con la carga probatoria que se advierte en lo transcrito. Porque así como la parte actora que era una compañía aseguradora que había tenido que hacer frente a determinada reclamación y que reclamaba éstos a la sociedad constructora demandada presentó la certificación registral a la que antes me he referido, a la demandada se le traslada una determinada carga probatoria basada en el control que tiene de fuentes de prueba que pueden permitirle acreditar que no está en causa de disolución.

La tesis del Tribunal en ese punto se fundamenta en la doctrina del Tribunal Constitucional. Copio a estos efectos los párrafos correspondientes:

El Tribunal Constitucional, en sentencia 140/1994, de 4 de mayo, ya declaró que debía tenerse presente que cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una de las partes, la obligación constitucional de colaborar con los órganos jurisdiccionales en curso del proceso (art. 18 CE ) conlleva que sea aquella quien los posee la que deba acreditar los hechos determinantes de la litis.

Diversamente a lo que alega la propia parte recurrente, es la parte demandada la que, en virtud del principio de facilidad probatoria, disponibilidad y proximidad de fuentes de prueba, que la vigente LEC positiviza en el art. 217.7 º, tenía a su disposición las fuentes de prueba contradictorias para acreditar que no estaba incursa en esa causa de disolución.

Nada de lo anterior hizo la parte demandada, limitándose, tan sólo, a negar la falta de concurrencia de dicha causa de disolución”.

Al margen de los particulares hechos del supuesto enjuiciado, la asignación de la carga probatoria que resulta de la sentencia transcrita permite una reflexión adicional. No se trata sencillamente de denunciar que la elaboración de la contabilidad es algo que sólo puede realizar la sociedad deudora, sino que al no hacerlo se infringe uno de los deberes elementales de todo empresario. Las cuentas anuales y su publicidad por medio del depósito son el resultado de la observancia de un deber legal. Su conocimiento por terceros implica acceder a la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, entre otros extremos (art. 34.2 Código de comercio). Resulta inadmisible que quien incumple ese deber de formulación lo convierta en un obstáculo para la alegación que un acreedor pretenda que prospere sobre deudas y pérdidas de la sociedad incumplidora que determinan la disolución obligatoria. El deudor no puede esgrimir la manifiesta infracción de sus obligaciones legales básicas como defensa procesal frente a sus acreedores.

Una vez acreditado que las cuentas no se depositaron, la carga de la prueba para el demandante ha terminado. A partir de ahí corresponderá al demandado esgrimir su propia contabilidad (regular o no, completa o no) para contrarrestar los hechos a partir de los que cabía estimar exigible el deber de disolver la sociedad o negar su concurrencia.

Madrid, 25 de septiembre de 2018