Las conclusiones del Abogado General sobre la compra de deuda pública por el BCE

En los primeros días de octubre de 2018 se conocieron las conclusiones del Abogado General Melchior Wathelet en uno de los asuntos más relevantes para la reciente política económica y monetaria europea. Se trata del conocido como programa PSPP (public sector asset purchase programme) que el Banco Central Europeo (BCE) puso en marcha en marzo de 2015 y que se insertó en una actuación aún más amplia (la conocida como expansión cuantitativa o quantitative easing) de compra de deuda privada y pública (expanded asset purchase programme-APP), cuya sintética justificación recoge la nota de prensa que informa de las conclusiones:

Con el APP y, por lo tanto, con el PSPP se pretende hacer frente a los riesgos de deflación en la zona euro y mantener así la estabilidad de los precios. Se estima que una compra importante de títulos, incluyendo valores del sector público, genera una relajación de las condiciones monetarias y financieras que permite a las empresas y a los hogares obtener financiación a precios más ventajosos. Ello tiene como consecuencia, en principio, estimular las inversiones y el consumo, lo que contribuye a devolver las tasas de inflación al nivel deseado, que es inferior, pero cercano, al 2 %.

El PSPP se creó en un contexto en el que los tipos de interés clave del BCE se encontraban en su límite inferior y en el que el alcance de los programas de compra de activos del sector privado se había revelado insuficiente para lograr ese objetivo. La única categoría de títulos que resultaba adecuada para proporcionar el volumen de compra necesario para salvar el diferencial de inflación, en virtud de su volumen de mercado existente, era el de los bonos del sector público.

En la República Federal Alemana se produjo una reacción más crítica hacia esa política que se tradujo en que, como recuerda la nota de prensa publicada por el Tribunal de Justicia, se presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht-BVG) que alegaban que el programa de compra de deuda pública vulneraba la prohibición de financiación monetaria de los Estados miembros y el principio de atribución de competencias, añadiendo que las decisiones incluidas en ese programa atacaban la identidad constitucional alemana establecida en su Ley Fundamental.

El BVG se dirigió al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial planteando tal cuestión en el contexto que sintetiza la citada nota de prensa en los siguientes términos:

El Bundesverfassungsgericht señala que si la Decisión del BCE que establece el PSPP vulnera la prohibición de financiación monetaria o excede del mandato del BCE, deberá declarar que se ha producido una extralimitación manifiesta y estructuralmente significativa de las competencias del BCE y, por consiguiente, estimar los recursos interpuestos en los asuntos nacionales. Lo mismo ocurriría si el régimen de reparto de pérdidas derivado de dicha Decisión afectase a la potestad presupuestaria de la Cámara Baja del Parlamento Federal.

Las conclusiones presentadas por el Abogado General Wathelet defienden la validez del PSPP y que así debe de ser puesto de manifiesto por el Tribunal de Justicia en su respuesta al BVG.

Resumo, a partir de la citada nota de prensa, las principales razones alegadas por el Abogado General en sus conclusiones:

En primer lugar, el Abogado General considera que la Decisión PSPP no vulnera la prohibición de financiación monetaria.

Por un lado, el PSPP no atribuye a la intervención del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) un efecto equivalente al de la adquisición directa de bonos soberanos a autoridades y organismos públicos de los Estados miembros y, por otro, no neutraliza en los Estados miembros la incitación a aplicar una sana política presupuestaria.

En segundo lugar, el Abogado General estima, en relación con la cuestión de si el PSPP excede el mandato del BCE en atención a su volumen, la duración de su aplicación y las consecuencias que acarrea, que el PSPP persigue un objetivo de política monetaria por medio de instrumentos que quedan comprendidos en el ámbito de esta misma política. A su juicio, el BCE no ha cometido un error manifiesto de apreciación en la determinación del objetivo del programa ni en la elección de los instrumentos aplicables. Tampoco ha incurrido en una desviación de poder ni ha rebasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación.

En tercer lugar, el Abogado General estima, por lo que respecta a la proporcionalidad del PSPP, que el PSPP es tan apto como necesario para alcanzar su objetivo (dado que el BCE ya había agotado las otras medidas de política monetaria que son igualmente eficaces) y no va manifiestamente más allá de lo necesario. El SEBC ponderó suficientemente los diferentes intereses en juego con el fin de evitar que con ocasión de la ejecución del PSPP pudieran producirse inconvenientes manifiestamente desproporcionados respecto a los objetivos perseguidos.”

Madrid, 30 de octubre de 2018