Principio mayoritario y necesaria presencia de todo el capital social para la válida constitución (en primera convocatoria) de la junta general.

Siempre que dedico una entrada a alguna Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) trato de destacar las circunstancias del supuesto tratado o las normas afectadas al objeto de justificar su interés. No me resulta muy difícil hacerlo con la Resolución de 24 de octubre de 2017, que se ocupa del significado del principio mayoritario.

 

En el Derecho de sociedades, la referencia a “los principios configuradores del tipo social elegido” a los que se refiere el artículo 28 de la Ley de Sociedades de Capital conduce, de inmediato, a tratar de determinar y explicar cuáles son tales principios. Por su parte, cuando el artículo 159 LSC nos dice que “los socios decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la junta”, lo consideramos como la formulación del principio mayoritario como uno de los característicos en el régimen de la junta en cualquier sociedad de capital. Dejo a la reflexión del lector si estamos ante un principio configurador, pero lo que no parece cuestionable es que aquel carácter “principal” debe ser aplicado en relación con el margen que a la autonomía estatutaria se concede para fijar en los estatutos y en relación con la constitución de la junta (artículos 193 y 194 LSC) y con la adopción de acuerdos, mayorías que superen las legalmente establecidas (artículos 198 a 201 LSC). De ello se debatió en el procedimiento de calificación registral que concluyó por medio de la Resolución que reseño.

 

Una sociedad anónima acordó su transformación en sociedad limitada, adoptándose los acuerdos correspondientes “por unanimidad de todos los socios presentes y representados, titulares de acciones que representan el 95% del capital social”. La junta los adoptó en sesión celebrada en primera convocatoria. Presentados esos acuerdos a inscripción, el Registrador la denegó señalando la inobservancia del artículo 17 de los estatutos sociales que para ese acuerdo reclamaba  “en primera convocatoria la concurrencia del cien por cien del capital suscrito con derecho a voto”.

 

El recurso ante la DGRN plantea de forma directa la incompatibilidad de aquella disposición estatutaria con el principio mayoritario, como expone la Resolución en el inicio de su fundamentación jurídica:

 

“La recurrente alega, en síntesis, que el precepto estatutario debatido establece un derecho de veto a favor del socio que no quiere asistir a la junta; que en coherencia con el principio mayoritario que rige la Ley de Sociedades de Capital, la exigencia de asistencia a la junta ha de ser igualmente mayoritaria; que los actuales estatutos sociales de la compañía son del año 1995, sin sufrir modificación ni adaptación alguna desde esa fecha, y se cumplen todas las mayorías reforzadas previstas tanto en el artículo 194.1 como en el artículo 201.2 de la Ley de Sociedades de Capital; y, por último, que resulta contradictorio que no siendo admisible en derecho, la cláusula estatutaria que, directa o indirectamente, exija el voto unánime para la adopción de la totalidad o de determinados acuerdos, entre ellos el de transformación, se pueda estatutariamente exigir dicha unanimidad de quórum”.

 

Con carácter previo a adentrase en la cuestión planteada, puesto que lo que se pretendía por el recurrente era la inaplicación de una norma estatutaria, la DGRN recuerda cuál es su doctrina sobre la naturaleza de los estatutos de una sociedad de capital:

 

El carácter normativo de los estatutos y su imperatividad han sido puestos de manifiesto por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en diversas decisiones de 1958 y 1961 confirmadas por otras posteriores (vid. Sentencia de 30 de enero de 2001). Esta Dirección General por su parte (vid. las Resoluciones citadas en el apartado «Vistos» de la presente) ha tenido igualmente ocasión de poner de manifiesto el hecho de que los estatutos son la norma orgánica a la que debe sujetarse la vida corporativa de la sociedad durante toda su existencia, siendo su finalidad fundamental la de establecer las reglas necesarias para el funcionamiento corporativo de la sociedad. En este sentido se ha afirmado que los estatutos son la ‘carta magna’ o régimen constitucional y de funcionamiento de la sociedad (vid. Resolución de 16 de febrero de 2013), que afecta a la sociedad como corporación, y cuya finalidad es regular dicho funcionamiento interno, con preferencia sobre las normas legales no imperativas o dispositivas. En definitiva, constituyen, como ha afirmado en alguna ocasión el Tribunal Supremo, ‘la ley primordial del régimen’ de las sociedades (vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1961).

 

Por ello, como ha afirmado esta Dirección General en Resolución de 16 de febrero de 2013, sin desconocer su origen y carácter contractual, puede decirse que los estatutos, sin ser verdadero derecho objetivo, constituyen derecho interno de la corporación. Por ello, en atención a su doble carácter, contractual y normativo, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta las normas sobre interpretación de los contratos, pero sin excluir absolutamente las reglas sobre la hermenéutica de las leyes”.

 

A continuación se expone la cuestión debatida:

 

Los estatutos de la sociedad de que se trata en el presente caso regulan de forma especial cuál es el régimen aplicable a la constitución de la junta general cuando se trate de adoptar el acuerdo de transformación, pues exigen en primera convocatoria la concurrencia del cien por cien del capital suscrito con derecho a voto, estableciendo al amparo del artículo 194.3 de la Ley de Sociedades de Capital un quórum reforzado, de modo que expresan una clara voluntad de los fundadores en este caso de elevar el quórum establecido en la regulación legal supletoria (el 50% del capital suscrito con derecho de voto que se exige en el apartado 1 del mismo artículo, con el mismo contenido que el del su antecedente artículo 103.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, vigente en el año 1995)”.

 

A continuación, el fundamento 3 disecciona el significado del principio mayoritario, sobre todo en relación con previsiones que implican que determinados aspectos del funcionamiento de la junta pasan por la regla de la unanimidad:

 

“En puridad, el principio mayoritario encuentra su aplicación en la formación de acuerdos colectivos. Se trata de un criterio técnico de organización de los intereses de los socios en orden a la formación del interés social, que se hace descansar en la decisión de la mayoría, concediendo un sistema de control razonable a la minoría. Ciertamente, en el ámbito de las decisiones de los socios, las que delimitan la competencia de la junta general, rige plenamente el principio mayoritario. Las mayorías deciden, sin perjuicio del poder de control que se concede a la minoría. Ello implica que, si bien existe la posibilidad de reforzar y elevar convencionalmente las mayorías legales, nunca puede imponerse la regla de la unanimidad. Es decir, a las normas estatutarias les está vedado imponer el voto unánime de todos los socios, ni siquiera -como ya estableciera en su día la Resolución de 13 de enero de 1994- alcanzar «los aledaños de la unanimidad». No se puede hacer depender el funcionamiento institucional de la compañía de la voluntad de todos y cada uno de sus socios: esta circunstancia contravendría un punto clave de la estructura y organización de las sociedades de capital. En ese caso se impediría la necesaria independencia orgánica y de funcionamiento entre éstos y aquélla”.

 

Planteado que el principio mayoritario está reñido con la unanimidad, la Resolución se adentra en el significado de aquel principio cuando lo que se contempla es el quorum de válida constitución de la junta, que es lo que se planteó en la calificación recurrida:

 

“En el presente caso debe tenerse en cuenta que no se exige la unanimidad para adoptar el acuerdo de transformación sino tan solo la asistencia de todos los socios a la junta general que en primera convocatoria haya de tomar tal acuerdo. Esta exigencia de que participen en el debate decisorio todos los miembros, de que se requiera el concurso de todos para la válida constitución de la junta, no contradice el principio mayoritario, pues no pretende sino conseguir la mayor participación e implicación de todos los socios en los debates sobre tal acuerdo”.

 

La conclusión, relevante sin duda porque ilustra el alcance del citado principio mayoritario con una concreta previsión estatutaria, es que tal principio no se ve vulnerado por una disposición como la antes expuesta, que supedita la válida celebración de la junta en primera convocatoria a la asistencia de la totalidad del capital social para su válida constitución y celebración:

 

“Frente a los razonamientos anteriores no cabe alegar, como hace la recurrente, que la cláusula cuestionada introduce, de facto, un derecho de veto a favor de cada uno de los socios que dificultaría el funcionamiento de la junta general, pues frente a la actitud obstruccionista de alguno de los socios cabría la celebración de la junta general en segunda convocatoria (para la que los estatutos exigen que asistan socios que representen, al menos el 75% del capital suscrito con derecho de voto). Y, además, la mera eventualidad de un ejercicio abusivo de una facultad o derecho del socio no es causa por sí solo para su rechazo. Los socios, dentro del expansivo marco de autonomía de la voluntad que inspira nuestro ordenamiento jurídico privado (en el que las limitaciones han de ser expresas y de interpretación restrictiva) son los que tienen la facultad y la responsabilidad de componer los instrumentos jurídicos adecuados para el mejor logro de sus fines sociales lícitos, conjurando, como tengan a bien, los riesgos de la pluralidad de intereses que suelen concurrir en la base del sustrato societario.

 

 

Debe concluirse que la cláusula estatutaria discutida no contradice ningún principio de la sociedad anónima, aunque acentúe en el caso concreto el carácter personalista de la misma. Los socios, conscientemente –sin necesidad de heterotutela alguna–, establecen la necesidad de que participen todos los socios en el debate que en la reunión de la junta general en primera convocatoria se produzca sobre un acuerdo de suficiente entidad como es del de transformación social; y ese objetivo se persigue aun a costa de asumir un mayor riesgo por la actuación inapropiada de algún socio, habida cuenta de las consecuencias impeditivas que tendría su inasistencia a esa primera reunión del órgano soberano de la sociedad. Pero se trata de un riesgo que es menor habida cuenta de las normas estatutarias que, conforme a lo establecido en la ley, establecen para la segunda convocatoria de la junta general un quórum notablemente inferior al exigido para la primera convocatoria”.

 

 

Madrid, a 16 enero de 2018.