Solicitud tardía de concurso y responsabilidad del abogado

Es posible que sea una simple impresión basada en el seguimiento de nuestra jurisprudencia la que lleva a considerar que la responsabilidad civil del abogado se ve sometida a un régimen de creciente rigor. Es conocido que la doctrina jurisprudencial venía declarando la concurrencia de esa responsabilidad en supuestos en los que la “pérdida de oportunidad” del cliente resultaba achacable al abogado, concretada esa pérdida sobre todo en la desatención a plazos o trámites procesales de la que resultaba la pérdida de acción o de cualesquiera derechos del cliente.

 

Frente a esa fenomenología tradicional, la tendencia hacia una expansión de la responsabilidad profesional a supuestos más abiertos puede atisbarse en resoluciones como la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres, de 18 de enero de 2016 (JUR\2016\32374), que declara la concurrencia de tal responsabilidad del abogado que, habiendo recibido la instrucción de solicitar el concurso de una empresa, no la ejecutó sino en un plazo tardío y con graves consecuencias para los administradores de la sociedad insolvente. Idéntico criterio condenatorio fue adoptado por el Juzgado de Primera Instancia. El recurso plantea un debate en torno a la valoración probatoria referida a la relación entre el abogado y sus clientes, compartida por el Juzgado y la Audiencia, aunque ésta estimó parcialmente el recurso reduciendo de forma leve la cuantía de la condena.

 

Precisemos el supuesto de hecho: los administradores solidarios de una sociedad insolvente encomendaron al abogado demandado la preparación de la solicitud de concurso voluntario. Aún cuando no existía prueba precisa de cuándo se realizó, el encargo lo sitúa la Sentencia, a la vista de la prueba practicada, “a principios de 2012”. La solicitud no se presentó hasta el 10 de diciembre de 2013. Los administradores demandaron al abogado no por el simple y llamativo retraso observado, sino porque vincularon ese incumplimiento del mandato recibido con la derivación de responsabilidad patrimonial que contra ellos se produjo en un expediente abierto con anterioridad contra la sociedad por deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social. Obligados los administradores de la concursada a responder de esas deudas, reclamaron del abogado la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, en concreto, del reembolso de la cantidad que los actores venían obligados a pagar como consecuencia de la resolución dictada en el indicado expediente.

 

La valoración de la prueba estaba condicionada por la inexistencia de un encargo escrito para la preparación de la solicitud concursal que permitiera determinar la fecha de tal encargo. Transcribo el párrafo donde se expone el criterio de la Audiencia al respecto:

 

“Después de efectuar una conjunta, ponderada y aséptica apreciación de la prueba practicada en este Juicio y, atendiendo al resultado que arroja tal exégesis hermenéutica, este Tribunal no puede sino alcanzar la misma decisión a la que ha llegado el Juzgado de instancia en la Sentencia recurrida, habiendo quedado demostrado que, efectivamente, el demandado, Abogado contratado por los demandantes, no presentó la Solicitud de Concurso Voluntario en el plazo establecido en el artículo 5 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) , conforme al encargo recibido, por causa que -desde luego y en ningún caso- ha sido imputable a la parte actora. Ciertamente, no consta acreditación auténtica en las actuaciones de la fecha exacta en la que le fue encomendado el encargo al Abogado, hoy demandado, pero sí existe aporte probatorio suficiente que permite aseverar, con las necesarias garantías, que el referido encargo se hizo en la fecha que sostiene la parte actora, a quien -sobre este particular- no se le puede exigir una prueba imposible, si el contrato de arrendamientos de servicios profesionales -como aquí sucede- no se documentó por escrito. En este sentido, la parte demandada no admite que ese encargo se efectuara a principios del año 2.012 y se añade que el poder para pleitos se otorgó para otro asunto distinto. No obstante, resulta patente que un poder general (y especial) para pleitos no se otorga necesariamente para un asunto concreto, de tal modo que puede ser útil para cualquier asunto al que alcance la representación conferida en el poder. Lo cierto es que el poder, general y especial, para pleitos (documento señalado con el número 1 de los presentados con la Demanda), que apodera explícitamente al Letrado, D. Jesús , además de a otro Letrado y a distintos Procuradores de los Tribunales, se otorgó en fecha 8 de Febrero de 2.012 y, entre las facultades que confiere, se incluye, de manera expresa, la de promover Concursos; por tanto, si en la Resolución de la Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, de fecha 15 de Abril de 2.014, que resuelve el Recurso de Alzada presentado frente a las reclamaciones de deudas por derivación notificadas (de 10/14/010722586 a 10/14/010725216), se establece que los presupuestos económicos necesarios para exigir la responsabilidad solidaria al administrador concurren a partir del mes de Junio de 2.012, forzosamente habrá de reconocerse que, si el poder para pleitos se otorga en Febrero de 2.012 es porque, en ese momento, los administradores tienen un conocimiento fundado de la situación de insolvencia de la sociedad, pretendiendo -como resulta lógico- que se presente la Solicitud de Concurso Voluntario. No consta acreditado que el retardo o retraso en la presentación de la Solicitud de Declaración de Concurso fuera atribuible a los actores, sino al Abogado demandado, si se concluye -como entendemos que ha quedado suficientemente acreditado en las actuaciones- que el encargo, con tal finalidad, le fue encomendado en los primeros meses del año 2.012, y la Solicitud de Declaración de Concurso Voluntario no se presentó en el Juzgado de lo Mercantil de Cáceres hasta el día 10 de Diciembre de 2.013 (Documento señalado con el número 2 de los presentados con la Demanda), periodo temporal excesivamente dilatado sobre el cual no se ha ofrecido por al parte demandada una explicación suficiente y satisfactoria que justificara tal retardo; y a ello no empece el que se alegue la existencia de falta de documentación necesaria para presentar la Solicitud, en la medida en que la alegación que, a tal fin, se ha manifestado por la parte apelante no es determinante de que el encargo no se hubiera efectuado en aquel momento, ni tampoco prueba que el Letrado hubiera exigido antes toda la documentación necesaria a este efecto y no le hubiera sido aportada por los demandantes. Asimismo y, en orden a lo que constituye el objeto de este Juicio, resulta absolutamente irrelevante que no se hubiera practicado la prueba documental propuesta por la parte demandada en el acto de la Audiencia Previa al Juicio, y ello en la medida en que la prueba fehaciente de la existencia del encargo y de la fecha en la que se hizo sólo se obtendría si el referido encargo se hubiera documentado por escrito, lo que -por los motivos que fueren- no se hizo de tal forma, sin que dicha prueba propuesta y no practicada -decimos- fuera demostrativa (menos aun determinante) de la fecha del encargo. No existe, en consecuencia, vulneración del artículo 24 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836), ni ha quedado afectado el derecho de defensa del demandado”.

 

Ha de destacarse que la Audiencia Provincial consideró plenamente ajustado su razonamiento a la doctrina jurisprudencial establecida en relación con la responsabilidad civil del abogado, que se expone con amplitud y mediante la reproducción de diversas Sentencias del Tribunal Supremo en tal materia.

 

Encargar la preparación de la solicitud de declaración concursal es asunto relevante. Es probable que su formalización escrita beneficie a ambas partes: a los administradores que actúan de forma diligente y dentro del plazo legalmente fijado para ello, y al propio abogado, que cuenta con una fecha cierta a partir de la cual podrá evaluarse su actuación profesional. A la formalización escrita contribuye que el encargo suele coincidir con la adopción del acuerdo societario o correspondiente (art. 3.1 Ley Concursal), que suele citar al despacho o abogado elegido al efecto. Cuestión distinta es que el encargo se revista de garantías de confidencialidad.