En los últimos días del pasado mes de julio, el Servicio de Prensa del Parlamento Europeo publico una nota titulada Whistle-blowers-providing-a-valuable-public-service en la que daba cuenta resumida del debate celebrado en fecha reciente en torno a la figura de los denunciantes o delatores. Como se deduce de la nota de prensa, los europarlamentarios consideraron que la actividad de quienes denuncian o delatan merece un reconocimiento. Transcribo el párrafo inicial de dicha nota:
“MEPs debated on Wednesday 6 July the best way to protect whistle-blowers. Although whistle-blowers provide an important service to society, it’s not without risk as they often face prosecution. On 29 June Antoine Deltour was convicted of theft for having leaked details of controversial tax deals with multinationals in Luxembourg. However, revelations by people like him have allowed Parliament to set up inquiry committees to look into LuxLeaks and the Panama papers”.
La perspectiva que adopta el Parlamento Europeo sobre esa figura es muy amplia y comprende a todo tipo de denunciantes. Desde quienes han facilitado información relevante para la seguridad o los intereses generales de un Estado, a quienes aparecen como fuente de información relevante en materia tributaria. Esa información se ha convertido en la prueba decisiva en los procedimientos administrativos y penales contra terceros, sobre todo en relación con supuestos de evasión fiscal. Junto a esos supuestos, la figura de los denunciantes cobra interés y viene mereciendo atención en el ámbito de la actividad empresarial. Han sido varias las ocasiones en las que he hecho referencia al impulso que para los programas de denuncia ofrece, por ejemplo la SEC estadounidense, abonando importantes cuantías a quienes facilitan información que permite sancionar por malas prácticas de mercado o similares. De hecho, en fechas recientes se ha publicado el record en la retribución por esta vía a un denunciante o delator.
Otro aspecto relevante y que conecta con todos los sistemas de cumplimiento con relevancia penal (art. 31 bis CP) es la inclusión en la organización empresarial de sistemas o buzones de denuncia anónima para que los empleados, directivos o terceros vinculados con una empresa alerten sobre hechos irregulares.
La tendencia a favor de la difusión por la acción de estos delatores de información empresarial tiene que considerar los intereses contrapuestos. El secreto de muchos aspectos de funcionamiento de una empresa resulta esencial y no hay mayor evidencia que la reciente Directiva 2016/943 de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. El Parlamento Europeo opone, sin embargo a esos intereses la libertad de información y la protección de las fuentes.