25 folios

Hay noticias que reclaman una entrada, pero cuya importancia requiere también algún tiempo para valorar el significado del hecho que anuncian. Quiero decir que, más allá de dar cuenta de su acaecimiento, esas noticias invitan a una reflexión. Así sucedió con el anuncio de la decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que aprobaba unos requisitos exigibles a los escritos de interposición de los recursos de casación dirigidos a la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) de dicho Tribunal. El contenido de la decisión afecta también a los escritos de oposición a la admisión del citado recurso. Las normas impuestas a los escritos deberán respetarse a partir del próximo 22 de julio. En internet abundan los materiales al respecto.

 

Del contenido de la decisión interesa en especial lo relativo a la extensión de los escritos. Antes de adentrarme en ese extremo haré algunas observaciones preliminares. La primera es que la iniciativa del Tribunal Supremo cuenta con antecedentes en Tribunales internacionales que se recuerdan en su decisión, al igual que ocurre en los Altos Tribunales de otros países. La segunda es que lo que se solicita de los escritos es un determinado formato que va mucho más allá de su mera extensión máxima –sin duda un criterio fundamental- y que se adentra en muy diversos aspectos de la estructura y contenido. La tercera es una pregunta: ¿va a seguirse ese camino en otros órdenes jurisdiccionales?

 

¿Importa la extensión de un escrito?

 

Volvamos a la extensión. Los escritos ante la Sala Tercera no podrán superar los 25 folios o 50.000 caracteres. Carezco de conocimientos para atreverme a decir si esa extensión es razonable para lo que suele ser la práctica casacional en materia contencioso-administrativa o si supone una restricción a la que deberán adaptarse las partes a partir de la entrada en vigor de la medida. Pero tomo esa medida como el punto de partida para compartir algunas dudas sobre la extensión de los escritos jurídicos en el ámbito civil.

 

Partamos de varias anécdotas. Un maestro del Derecho mercantil que había elaborado un dictamen urgente y cuya calidad era ensalzada por su cliente respondía a éste: “Lo siento, pero no he tenido tiempo de hacerlo más corto”. Un alumno acudía a la revisión de su examen, merecedor de un rotundo suspenso, y tan pronto como se sentó ante su profesora desplegó el que era el principal motivo de estupefacción generada por su calificación: “¡No entiendo cómo he podido suspender, después de escribir casi ocho folios!”. Un joven investigador que había empleado casi medio año en un estudio lamentaba las dificultades que estaba encontrando para su publicación. Su extensión había provocado la repetida recomendación de que debía acortarlo si quería que apareciera en alguna de las revistas jurídicas más leídas de su disciplina.

 

Esas anécdotas sirven como ejemplos desordenados y de variable relevancia para exponer que la extensión de un escrito puede merecer valoraciones distintas. Podría seguir con otros casos, a caballo entre la realidad y su fabulación, como el de la relación entre esa extensión y los honorarios del abogado, o la extensión determinada por la insistencia del cliente que “sugiere” varias menciones que el letrado debiera tomar como imprescindibles, o la queja de un abogado por lo extenso de un auto que desestimaba de plano un recurso. La misma queja de tantos otros colegas cuando el lamento parte de lo contario: que a un extenso recurso se responda con una sucinta resolución desestimatoria, previo un eventual informe igualmente telegráfico del fiscal.

 

Sobre la deseable precisión

 

Lo que suscitan esas anécdotas y la referencia a la decisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo es la importancia que en la argumentación jurídica escrita cobra la precisión y también, si ésta es exigible en todo trámite y ocasión o, por el contrario, parece que hay asuntos y momentos en los que el criterio favorable a permitir extensos escritos está justificado.

 

La mayor o menor extensión de un escrito es un hecho objetivo. Su valoración se hace también por referencia: será breve o extenso en relación con los muchos otros escritos que en idéntico trámite se presenten con similar propósito. La referencia comparativa puede producirse en un mismo procedimiento. Llamará la atención que a una demanda de 10 páginas se responda con una contestación de 50. Y  viceversa. Esa valoración objetiva de la extensión no descarta los criterios diversos del autor y el lector. Lo que al primero le parece un cuidado y minucioso relato, al segundo le resultará un pestiño insoportable. El abogado escribe una demanda o contestación en “su caso”, pero no debe olvidar que el lector es un magistrado que junto al suyo debe analizar y resolver otros muchos.

 

Valorar la extensión reclama, por supuesto, analizar las oportunidades que el redactor de un escrito tiene para hacer alegaciones en el marco de un procedimiento mercantil o arbitral. Al igual que sucederá con la prueba practicada o con las pretensiones planteadas. La valoración de una amplia y variada prueba justifica una mayor extensión. Hay litigios en donde son muchos los hechos en los que las partes presentan una notable disconformidad y otros en los que todo el debate se reduce a una cuestión jurídica. La extensión de los escritos en uno y otro caso debe ser radicalmente distinta.

 

El legislador es el primero que se muestra preocupado por lograr que los escritos sean claros, ordenados y precisos. Basta con recomendar la lectura de los artículos 399 y 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil referidos a la demanda en el juicio ordinario o en el verbal, respectivamente. El actor dispone normalmente de tiempo para preparar su escrito y, por eso se justifica su mayor rigor al valorar su escrito frente al de la contestación, sometido a un plazo que en no pocas ocasiones aparece como insuficiente. Las prisas que marcan los plazos procesales no fomentan la precisión, pero el redactor de un escrito debe saber que si cuenta con pocos días para elaborarlo, será porque el legislador espera de él que se ciña a cuestiones precisas y limitadas.

 

Los abogados incurrimos con frecuencia en escritos circulares, que vuelven una y otra vez a valoraciones subjetivas e interesadas de los hechos y a inflados razonamientos jurídicos innecesarios cuando, para mayor agravio, hacen referencia a cuestiones indiscutidas o plenamente determinadas por la norma o la doctrina jurisprudencial aplicable. La reiteración no contribuye a la precisión, sino muchas veces a la dispersión. Una técnica que es singularmente torpe cuando se olvida que lo dicho en la demanda podrá ser rematado en una fase oral posterior.

 

La calidad de un escrito no depende de su extensión. Lo decisivo es que sea ordenado y completo. Da igual el orden de ambas características. Lo relevante es saber combinarlas. Que ninguna cuestión relevante deje de ser tratada, que lo sea en la medida adecuada y, por supuesto, que se haga de acuerdo con una técnica de exposición y desarrollo que permita al lector seguir la argumentación.