Retribución a la francesa: ¿Votación vinculante de la junta?

La prudencia recomienda no aburrir a los lectores con el tema de la retribución de los administradores. He tratado de ser prudente ante la sucesión de noticias que relatan lo que algunos medios vienen describiendo como la primavera de los accionistas. Cada semana aparecen noticias de enfrentamientos en juntas generales por la retribución del primer ejecutivo. No se trata tanto de la recuperación o revitalización del poder de control societario que a los accionistas concede la titularidad del capital, como de la expresión de un descontento que se expresa en la votación del informe anual de retribuciones. Han sido repetidas las noticias que relatan el desencuentro que se produce entre los accionistas y los administradores en distintas sociedades cotizadas europeas, algunas muy importantes. Descontento que se proyecta siempre en una misma dirección: la retribución variable que se ha aprobado por el consejo de administración para el primer ejecutivo. Hagamos abstracción de los aspectos políticos y sociológicos: no se trata de que determinadas retribuciones generen controversia social, sino de que los dueños de una sociedad cotizada son quienes, reunidos en junta general, rechazan de manera expresa y mayoritaria que su primer ejecutivo y otros consejeros cobren cantidades concretas.

 

Si vuelvo sobre la cuestión es por encontrarme con una nueva noticia con similar contenido, pero que tiene una trascendencia normativa y que, a su vez, propone la revisión del modelo actual. El caso se refiere a una empresa tan conocida como Renault. El hecho decisivo es que en su junta general se produjo un voto contrario a la retribución correspondiente al ejercicio 2015 y a favor de su primer ejecutivo, Carlos Ghosn, que es una de las figuras más conocidas en el sector del automóvil desde hace muchos años. La votación del informe anual de retribuciones por la junta general era, al igual que sucede en España, de carácter consultivo (v. art. 541.4 LSC). Una solución que en Francia presentaba una tendencia de menor respaldo a los informes que se presentan.

 

El consejo de Renault, en contra de la opinión de la junta, decidió mantener la retribución. Es probable que encontremos precedentes en otros mercados. No creo que suceda lo que provocó el caso Renault, en cuyo consejo está presente el Gobierno francés. El Gobierno consideró que la situación justificaba una inmediata reacción legislativa, revisando los efectos de la votación de la junta.

 

La iniciativa es relevante en el vigente marco europeo, donde está llegando a su fase final la tramitación de la Propuesta de Directiva de reforma de la Directiva de derechos de los accionistas, que convierte en norma lo que hasta entonces era objeto de Recomendación en materia de retribución. La Propuesta trata de generalizar la votación consultiva del informe anual. Nula novedad para las sociedades españolas, pero pendiente de introducción en distintas legislaciones europeas.

 

La votación consultiva es, en sí misma, una solución que conlleva problemas varios que he expuesto en trabajos precedentes y que me limitaré a enunciar, advirtiendo que algunos explican su introducción y otros apuntan en sentido opuesto. El primero, que la retribución de los ejecutivos tiene en su mayor parte su origen en contratos individuales, cuya ejecución no puede someterse al parecer anual de los accionistas, salvo que la sociedad esté dispuesta a afrontar una demanda de incumplimiento. Por lo tanto, ese carácter consultivo trata de aportar seguridad jurídica (también para la sociedad). La actual tensión en esta cuestión puede aconsejar buscar cláusulas que sirvan a las partes para afrontar la situación creada por una votación (consultiva o no) de la junta, contraria al pago de determinados modos de retribución. Solución que tampoco es satisfactoria al someter al parecer anual de los accionistas la vigencia de un contrato. Insatisfacción similar a la que subyace en no pocos de los casos analizados: al cierre del ejercicio, los accionistas padecen pérdidas en los resultados o en el valor de la acción mientras que el consejero ejecutivo pretende recibir una retribución relevante por la gestión durante ese mismo ejercicio. ¿Adónde fue a parar el alineamiento de intereses entre ambos? ¿Qué criterios siguió el consejo al determinar la retribución variable para dar lugar a esa disparidad?

 

El segundo problema jurídico radica en que en los desencuentros retributivos subyace la pugna por las respectivas competencias de los órganos sociales. El consejo será quien diseñe y proponga la política en materia de retribuciones, si bien será la junta la que deberá aprobarla para los tres ejercicios siguientes (artículos 529 octodecies y 529 novodecies LSC). Cabe apuntar una hipótesis -ignoro si es lo que ha sucedido en el caso de Renault- consistente en que el consejo presente un informe que considera ajustado a la política aprobada por la junta general y que, en contra de esa presunción, la propia junta vote mayoritariamente en contra del informe. El consejo podrá decir que la junta incumple la política de la sociedad y que de esa forma entra en conflicto con las competencias del órgano de administración.

 

Llegamos al tercer problema que enuncio como pregunta: en materia de retribución ¿debe primar la opinión de la junta general? ¿Cumple sus deberes el consejo de administración si ante esa votación en contra de una concreta retribución, deja de pagarla? Se dirá que esa es una actuación diligente y leal. Pero también puede opinarse, en sentido distinto, que es leal la actuación del consejo que aplica la política aprobada por los accionistas y que actúa con diligencia al cumplir los contratos que se hicieron atendiendo a esa política, evitando litigios previsibles.

 

El Gobierno francés parece alinearse a favor de la primacía de los accionistas en esta materia, que supone cambiar el sistema al revestir la votación del informe de retribuciones de una eficacia vinculante. Habrá que prestar atención a esa nueva normativa. Y habrá que hacerlo porque en esta materia los ordenamientos nacionales no son compartimentos estancos, entre otras razones, porque los inversores van de uno a otro mercado y es previsible que exijan tener los mismos derechos en cada una de las sociedades en las que inviertan. Y reclamarán que esos derechos se igualen por arriba. Aprobada la reforma francesa, los demás Gobiernos europeos ya saben lo que les espera.