Cambio de domicilio: el Real Decreto-ley 15/2017

El Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad operadores económicos dentro del territorio nacional es una norma que se justifica por razones de urgencia y de emergencia. Lo primero es relevante para la concreta solución legislativa. Lo segundo se corresponde con la necesidad de ofrecer a las empresas radicadas en Cataluña una opción de cambio de su domicilio social, ante el avance del proceso ilícito de secesión. Datos concretos publicados en diversos medios informativos revelan el alcance inmediato de esa tendencia, que no sólo revela una importancia cualitativa, sino un número cuantioso de acuerdos de cambio de domicilio social.

 

Dejando a un lado la concreta coyuntura histórica que acompaña a la adopción de ese Real Decreto-ley y su utilización empresarial, la nueva regulación reviste al cambio de domicilio social de perfiles propios en cuanto al régimen legal y estatutario que le son propios y a la competencia orgánica para su adopción. La disposición comentada evoca el antecedente más cercano que, en la misma línea que ahora se ha consolidado, llevó a la reforma en 2015 del artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), de manera que el cambio de domicilio pudiera ser aprobado por el órgano de administración, salvo disposición contraria de los estatutos. El mismo precepto se encargaba de advertir que el tratamiento normativo de ese concreto cambio constituía un supuesto excepcional en materia de competencia orgánica para la modificación estatutaria [cfr. art. 23, c) LSC]. Comenté esta solución en la correspondiente entrada a la que me remito. Entonces la reforma –inserta en una modificación de la legislación concursal- no se justificó. Lo hace ahora el Real Decreto-ley en los apartados II y III de su introducción:

 

“Transcurridos más de dos años desde de la aprobación de la reforma, y teniendo en cuenta que la evolución favorable de la situación económica ha favorecido un creciente proceso de aceleración de la movilidad geográfica de nuestras empresas, se ha detectado la existencia de discrepancias en su interpretación. Estas divergencias han ralentizado la inscripción del cambio de domicilio social en el Registro Mercantil, privando a la reforma, al menos en parte, de su buscada efectividad. Así, existe una línea interpretativa que considera que es una «disposición contraria» a la competencia del órgano de administración la previsión contenida en los estatutos sociales atribuyendo la junta general la facultad de acordar el cambio de domicilio social. Esta previsión constituye, en muchas ocasiones, una mera transcripción de la tradicional competencia prevista históricamente en la legislación mercantil, anterior a la citada reforma legislativa. Frente a dicha línea, existe un criterio interpretativo que resulta más acorde con la finalidad perseguida por la reforma introducida por la Ley 9/2015, conforme al cual la mera reproducción en los estatutos de la regulación legal supletoria es indicativa de la voluntad de los socios de sujetarse al régimen supletorio vigente en cada momento. En este caso, tal «disposición contraria» solo existiría cuando se hayan modificado los estatutos posteriormente para apartarse de forma expresa del régimen legal supletorio.

 

III

 

Partiendo de la situación descrita, y con el objeto de garantizar que una norma manifiestamente dinamizadora de la actividad empresarial pueda desplegar todo su potencial y, por lo tanto, pueda ser aplicada con la mayor celeridad posible cuando se considere necesario adoptar esta decisión operativa, es imprescindible dotar al artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital de una redacción clara, conforme a la cual no existan dudas de que la regla general es que el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional es una competencia que corresponde originariamente al órgano de administración de la sociedad y de que solo si los accionistas consideran que dicha regla debe modificarse lo deben establecer en los estatutos, negando expresamente esta competencia al órgano de administración. Por ello, el único artículo de este real decreto-ley modifica el citado precepto dándole una redacción acorde con estas exigencias.”

 

De manera que el artículo 285.2 LSC ha quedado redactado de la siguiente forma:

 

“2. Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.”

 

La finalidad de favorecer la movilidad geográfica de las empresas por medio de una “norma manifiestamente dinamizadora de la actividad empresarial” ha conducido así a reiterar la competencia originaria del órgano de administración en los términos del primer inciso del precepto transcrito, que sufre una mínima modificación. La modificación sustancial se refiere a la norma estatutaria que deberá indicar de manera expresa que es la junta general el órgano competente para tal acuerdo. La justificación para esa solución estatutaria puede radicar en la voluntad de los socios de no dejar en manos de los administradores un acuerdo que, en determinadas circunstancias, puede afectar a su participación en la sociedad (v. en especial, el art. 175 LSC sobre el lugar de celebración e la junta).

 

Pues bien, uno de los aspectos destacables del Real Decreto-ley es la delimitación de la “disposición contraria de los estatutos” a la competencia de los administradores en este asunto:

 

“A los efectos previstos en el artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por este real decreto-ley, se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.”

 

Una disposición que hace que el 7 de octubre de 2017 (fecha de publicación del Real Decreto ley en el Boletín Oficial del Estado), en todas las sociedades era el órgano de administración el competente para cambiar el domicilio e la sociedad. Competencia que sólo podrá negarse cuando a partir de esa fecha se hubiere aprobado una modificación de los estatutos que atribuya esa competencia a la junta general.

 

 

Madrid, 24 de octubre de 2017