Defendiendo la competencia: una comparación entre EE.UU. y Europa

El Derecho de defensa de la competencia se ha convertido en materia de especialistas, sobre todo en lo que se refiere a su aplicación práctica. Son especialistas los integrantes de los órganos jurisdiccionales encargados de su aplicación, los de los órganos supervisores de los distintos mercados y, por supuesto, los abogados que intervienen. Se trata de conocer y comprender la Ley, de dominar los procedimientos que distan de ser sencillos y cuentan con variables múltiples, de conocer los antecedentes relevantes para cada caso y de contar con la capacidad suficiente para entender el funcionamiento de los distintos mercados. Pero junto a esos factores, sobre la defensa de la competencia sobrevuela también la política económica, que puede considerarse que vincula un mayor o menor rigor en la aplicación de esa disciplina legal con la propia expansión y potencia de empresas nacionales o extranjeras.

 

Una columna realmente interesante publicada por Tom Fairless en The Wal Street Journal partía de un hecho notorio, como es la especial actividad de la Comisión Europea en el seguimiento y, en su caso, en la sanción, de prácticas anti-competencia. Especial actividad que hemos tenido presente durante estos últimos años en las páginas de los principales medios de comunicación y que afectan en algunos notables casos a grandes compañías estadounidenses. El título de la columna confirma ese hecho: EU Displaces U.S. as Top Antitrust Cop.

 

Explicar ese mayor activismo de las autoridades europeas frente a las estadounidenses es el objetivo de los múltiples testimonios y datos que la columna ofrece. No pocos de ellos animan a profundizar en lo que se afirma. Porque lo que se contrapone no es sólo la política imperante en la defensa de la competencia en uno y otro mercado, sino sobre todo las variables legislativas que se trasladan al procedimiento de investigación y sancionador. Lo que se viene a decir es que en Estados Unidos la aplicación de las normas sancionadoras de prácticas anticompetitivas tiene unas consecuencias mucho más severas que en el ámbito europeo, lo que conlleva un especial rigor en la prueba, a lo que se suman los costes. Al propio tiempo, se apunta una desigualdad entre empresas y reguladores en el ámbito europeo, que “facilita” la actividad sancionadora.

 

Son argumentos que pueden influir en la evolución de esta regulación, especialmente sensible a las discrepancias entre legislaciones que puedan provocar que un mismo hecho merezca reacciones diversas en una u otra jurisdicción.

 

Madrid, 15 de septiembre de 2015