Índices de impacto e irregularidades

En esta entrada denunciaba que entre los criterios que contribuyen a una deficiente valoración de la investigación jurídica podía denunciarse la postergación de las revistas jurídicas en los índices más difundidos para evaluar la calidad de artículos publicados en ellas.

 

Volviendo sobre el tema, he leído con alguna sorpresa la columna publicada en uno de los recientes números de la revista Time (v. “The View”, Time, 31 de agosto de 2015, páginas 13 y 14 -la versión online no es accesible salvo pago-) en la que con algunos datos elocuentes destapa el fraude que se está produciendo a la hora de presentar determinados trabajos de investigación académica como merecedores de un especial impacto o seguimiento.

 

La situación comienza por el hecho de que una serie de “prestadores de servicios” ofrecen hacerse cargo de que un artículo tenga un especial reconocimiento. Al destapar este fraude, algunas editoriales académicas se han visto obligadas a retirar determinados trabajos. Un proceso que no hace sino crecer, como demuestra el dato de que frente a la retirada en el año 2000 de 30 trabajos por ese motivo, un concreto editor anunciara en 2011 la retirada de un total de 400 trabajos. Al parecer, el principal defecto se advierte con respecto al peer-review, esto es, a la evaluación de un trabajo de investigación por expertos ¿El truco? Muy sencillo: hacemos constar que la revisión la han hecho quienes nunca han visto el trabajo en cuestión. La situación ha alcanzado una gravedad tal que ha provocado el desarrollo de webs como Retraction Watch, que informa ampliamente de los distintos aspectos del problema.

 

Más información al respecto puede encontrarse en la siguiente entrada colgada en el blog que The WSJ dedica a China: “Fake Peer Review Scandal Shines Spotlight on China”.

 

Madrid, 17 de septiembre de 2015