El plazo para impugnar el informe pericial (art. 38 LCS)

La Sentencia de la Audiencia Provincial (Sección 3ª) de Valladolid de 28 de mayo de 2018 (JUR 2018,201818) se ocupa de distintos aspectos del importante artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro. Digo que es importante por cuanto se trata de la disposición que establece el procedimiento para la estimación de daños y la intervención pericial en su determinación. En lo que aquí interesa, los apartados más relevantes de dicho extenso precepto establecen:

Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designarán un tercer perito de conformidad. De no existir esta, se podrá promover expediente en la forma prevista en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria o en la legislación notarial. En estos casos, el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de treinta días a partir de la aceptación de su nombramiento por el perito tercero.

El dictamen de los Peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de manera inmediata y en forma indubitada, siendo vinculante para éstos, salvo que se impugne judicialmente por alguna de las partes, dentro del plazo de treinta días, en el caso del asegurador y ciento ochenta en el del asegurado, computados ambos desde la fecha de su notificación. Si no se interpusiere en dichos plazos la correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá inatacable.”

En el caso enjuiciado, el asegurado ejerció la acción impugnatoria del informe pericial. El Juzgado desestimó la demanda por, entre otras razones, entender caducada la acción ejercitada, extremo que es combatido en el recurso de apelación y que aborda en primer lugar la SAP Valladolid, que recordando la doctrina jurisprudencial al respecto, precisa la naturaleza de ese plazo a partir de su finalidad:

No parece dudoso que el plazo de ciento ochenta días previsto en el art. 38 LSC para impugnar el informe (y de treinta para el caso de la compañía aseguradora) es un plazo de caducidad, en la medida en que la finalidad de dicho plazo no es la extinción de un derecho ante el dato objetivo de su no ejercicio, o el subjetivo derivado de la presunción de abandono por su titular, a fin de evitar la inseguridad jurídica, sino que se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado para dictaminar la inatacabilidad del informe, característica genuina de los plazos legales de caducidad. Lo anterior, esto es, el que nos hallemos ante un plazo de caducidad -y no de prescripción- nos lleva a predicar que la misma puede ser apreciada de oficio, a diferencia de la prescripción, que siempre debe ser alegada y es renunciable.

Esta calificación del plazo del art. 38 LSC como un plazo de caducidad de naturaleza sustantiva y no procesal se reconoció por el Tribunal Supremo en varias resoluciones, pudiendo citar la STS de 15 de octubre de 2003 que señaló que «con referencia al tema del art. 38, párrafo 7 de la Ley de Contrato de Seguro , la sentencia de esta Sala de 29 de mayo de 1992 recogió que se trata de un plazo sustantivo y no procesal y entiende que se trata de un plazo que sólo en él y dentro de él puede ejercitarse el derecho de impugnación del dictamen pericial y su finalidad es evitar la inseguridad jurídica y ello es apreciable incluso de oficio en la instancia – sentencias de 25 de septiembre de 1950 , 24 de noviembre de 1953 , 5 de julio de 1957 y 18 de octubre de 1963 , y la citada de 29 de mayo de 1992 – y no se descuentan los días inhábiles y en contra de lo aducido por la recurrente, no cabe el principio pro actione».

En consecuencia, por tratarse de un plazo de caducidad el mismo puede perfectamente ser apreciado de oficio por el Tribunal, como así efectuó la juzgadora e instancia, como así se ha pronunciado nuestro Alto Tribunal en sentencia de 12 de julio de 1988 al señalar que «la caducidad es una institución que opera en nuestro derecho automáticamentey por ser de orden público debe ser apreciada de oficio, por ello aunque no fuera esgrimida como excepción por la demandada el Magistrado no incurrió en incongruencia ni introdujo una cuestión nueva al estimarla» , o en la STS 4 de octubre de 2007 que dice que «hay determinado tipo de materias respecto a las que no es aplicable el principio de justicia rogada, las cuales constituyen verdaderas excepciones al mismo, pues el Juez o Tribunal puede y debe proceder de oficio a su análisis y resolución, sin necesidad que hayan sido alegadas previamente por alguna de las partes».

Lo anterior nos permite desestimar los motivos de impugnación de la sentencia dictada en lo relativo a la eventual declaración de nulidad por incongruencia o falta de claridad de la resolución dictada, por cuanto la resolución apelada es meridianamente clara en el acogimiento de la excepción de caducidad como motivo de rechazo de la pretensión de la actora (FD 2º y 3º), de la misma manera que se debe concluir que la falta de alegación de este motivo no es razón suficiente para que no pueda ser acogida de oficio por el juzgador.”

Es igualmente oportuna la precisión que realiza sobre el cómputo de los plazos de caducidad

Conviene aclarar en relación con el cómputo de los plazos de caducidad que se trata de plazos sustantivos, no procesales, lo que significa que en su cómputo no se excluyen los días inhábiles, ni el mes de agosto, no siendo aplicable por tanto ni el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635) , ni el artículo 133 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , sino el artículo 5 de Código Civil (LEG 1889, 27) como se desprende de las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1965 , 30 de enero de 1974 , 1 de febrero de 1982 , 4 de abril y 18 de diciembre de 1984 , 18 de junio de 1986 , 22 y 25 de noviembre de 1988 , 1 de noviembre de 1994 , 2 de julio de 2002 y 10 de noviembre de 2004 , entre otras muchas.”

Tal y como se desprende de la Sentencia de apelación, se elaboró un informe por el tercer perito que fue notificado a las partes (aseguradora y asegurado) el 23 de octubre de 2015 y que motivó que por la asegurada se procediera a la interposición de su demanda el 6 de julio de 2016. Ante ese hecho, la Audiencia Provincial compartió y confirmó el criterio del Juzgado en cuanto al ejercicio tardío de la acción prevista en el artículo 38 LCS.

Madrid, 16 de octubre de 2018