Sobre la desconvocatoria de la junta

La desconvocatoria de la junta general en cualquier sociedad de capital ha ido ganando una cierta normalidad a partir de la acumulación de casos en los que se ha venido a reconocer la validez de tal decisión. Una decisión que pueden adoptar quiénes disfrutan de la competencia de convocar. Normalmente serán los administradores, pero podemos también imaginar situaciones específicas en las que la junta fue convocada por otros sujetos (el ejemplo más sencillo es el de los liquidadores) a los que debe reconocerse igualmente el poder de desconvocar.

El estudio de la desconvocatoria ha estado incentivado en la mayoría de las ocasiones por concretas sentencias del Tribunal Supremo o por alguna resolución judicial o registral adicional. Una conclusión común a cualquier estudio del tema apunta a la conveniencia de superar el silencio legislativo, una vez que la experiencia reitera una situación discutida y que en algún caso notorio desemboca en abusos de quienes tratan de sacar partido de una desconvocatoria, que no son siempre quiénes la han decidido.

El Profesor Alberto Díaz Moreno ha publicado una interesante nota titulada «La eficacia de la desconvocatoria de la Junta General» en la que realiza una cuidada disección de los distintos aspectos de la desconvocatoria (la forma de acordarla, el momento de decidirla o la causa que la legítima, entre otros). Acierta al proponer superar la falta de disposiciones legales con previsiones estatutarias o del reglamento de la junta general en aquellas sociedades en las que exista este último documento. Igualmente, es precisa su principal conclusión que defiende, como advierte el título y con las cautelas que expresa, a la eficacia de la desconvocatoria.

Transcribo el párrafo principal de sus conclusiones:

A la luz de lo expuesto, cabe afirmar que la desconvocatoria de la junta general será eficaz si procede de quien tiene competencia para ello y si el correspondiente anuncio es publicado efectivamente o la comunicación individual llega a ser recibida por los socios (no necesariamente por todos ellos) antes de la fecha inicialmente prevista para su celebración (privando de este modo de eficacia a la junta desconvocada que eventualmente llegue a celebrarse). Así lo exige la tutela del legítimo interés de los socios que han recibido la comunicación o conocido el anuncio de desconvocatoria y que pueden razonablemente confiar en que la junta no se celebrará y, por tanto, en que no se adoptarán acuerdos sin su asistencia y voto (en esta línea, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo del 2004 [RJ 2004\1474]; por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid [Sección 28.ª] de 15 de junio del 2006 [JUR 2006\259066] cita esta idea, aunque apunta que aún no existe doctrina jurisprudencial consolidada).

Madrid, 15 de octubre de 2018