Legalización de libros

En las últimas semanas se han publicado distintas Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) dedicadas a la legalización de libros. He contado un total de 18 Resoluciones publicadas en distintas tandas (en los Boletines Oficiales del Estado de 4, 6 y 21 de octubre de 2016). En concreto, lo que se plantea en las sucesivas Resoluciones es si la presentación telemática de determinados libros es incompatible con el hecho de que se envíen dichos libros encriptados o cifrados. Del tema ya me he ocupado aquí y aquí.

 

Los supuestos analizados proceden del Registro Mercantil de Valencia. En el centro del debate se sitúa la interpretación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización. La calificación registral tomaba en cuenta lo previsto en el artículo 18.3:

 

El Registrador comprobará el cumplimiento de los requisitos formales, así como la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase y certificará electrónicamente su intervención en la que se expresará el correspondiente código de validación”.

 

En las calificaciones registrales se afirmaba que el sistema de encriptación infringe el artículo 18 del Código de Comercio y el artículo 6 del Reglamento del Registro Mercantil. Opinión que fundamenta en que la función calificadora obliga al Registrador a comprobar “según resulte del documento presentado y del contenido del Registro, que el acto o acuerdo societario reúne todos los requisitos que el ordenamiento jurídico exige”. En todas las Resoluciones se reproduce por parte de la DGRN una misma fundamentación jurídica que comienza afirmando que los defectos observados en la calificación no pueden compartirse y, por lo tanto, que procede la estimación de los correspondientes recursos. Para facilitar la consulta de esa doctrina registral puede acudirse a la Resolución de 16 de septiembre de 2016, cuyo contenido es repetido en las posteriores.

 

Para ese razonamiento resultan decisivas las Instrucciones de la propia DGRN sobre el tema. En especial, la postura de la DGRN se basa en la Instrucción de 1 de julio de 2015 sobre legalización de los libros de los empresarios y en su Resolución de Consulta de 23 de julio de 2015 explicativo del régimen resultante de la citada Instrucción. Nos encontramos ante una posición que ilustra el proceso de adaptación de nuestros Registros al sistema telemático de presentación de las cuentas anuales que se ha convertido en el procedimiento masivamente utilizado. La postura se sintetiza en el párrafo final de la fundamentación jurídica compartida por las sucesivas Resoluciones y que transcribo:

 

“Evidentemente, tratándose de libros cuyo contenido esté protegido por alguno de los sistemas que se han descrito, el registrador no podrá certificar si el contenido del soporte informático presentado corresponde a un libro de empresario o no pero sí podrá certificar sobre la declaración que al respecto haga quien lleve a cabo la presentación que es quien asume la responsabilidad sobre este hecho y cuya identidad está asegurada mediante el mecanismo de firma electrónica reconocida a que se refiere el apartado decimoctavo de la Instrucción de 12 de febrero de 2015. De este modo se garantiza que la única documentación que se conserva en el Registro, la certificación a que se refiere la instrucción vigésimo primera, es veraz en la medida que asevera la declaración de presentación de una relación determinada de libros de un empresario también determinado. También se garantiza así la obligación que incumbe al registrador mercantil de calificar «la regular formación sucesiva de los que se lleven dentro de cada clase» (artículo 18.3 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre)».

 

Por tanto, habiéndose remitido los libros cuya legalización se instaba en forma cifrada o encriptada, cumpliendo los requisitos y previsiones de las Instrucciones de este Centro Directivo de 12 de febrero y 1 de julio de 2015, no puede denegar el registrador su legalización en base a su particular criterio de la seguridad jurídica preventiva, ni en base a su particular interpretación o visión del principio de legalidad.

 

Lo que viene a confirmar en esas Resoluciones la DGRN es que la calificación mercantil debe respetar el derecho de secreto o confidencialidad de aspectos de la gestión empresarial que no puede verse infringido con motivo de la legalización de los libros y su calificación registral. Es claro que el problema principal se plantea con respecto a los libros de actas.