Publicidad engañosa

No son frecuentes los pronunciamientos del Tribunal Supremo en relación con la disciplina de la publicidad, por lo que me parece conveniente reseñar la Sentencia de 19 de junio de 2018 (RJ 2018, 3236) que resuelve un litigio en el que se denunciaba el carácter engañoso de determinada publicidad y la infracción tanto de la Ley General de Publicidad entonces aplicable a los hechos, como de un precepto contenido en la lejana Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito, en su redacción vigente al tiempo de emisión de la publicidad enjuiciada (Orden que fue derogada por la vigente Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios) .

La Sentencia del Tribunal Supremo expone de una manera sintética en sus antecedentes los hechos que se remontan a la interposición de una demanda de juicio verbal por la que se ejercitaba una acción colectiva de cesación amparada en la legislación en materia de publicidad, siendo demandadas dos entidades que prestaban servicios financieros. El concreto reproche que realizaba la Asociación demandante lo tomo de los antecedentes de la Sentencia:

“…argumentó que las entidades demandadas, dedicadas a la intermediación financiera y crediticia, desarrollaron durante los meses de verano de 2008 una campaña publicitaria a través del periódico «Qué», edición de Sevilla, en donde se realizaba una publicidad ilícita dado que, entre otros extremos, se omitían las condiciones financieras fundamentales de los productos ofertados, los gastos y costes económicos de los mismos y se inducía a un error tanto respecto a la naturaleza del anunciante como entidad financiera o crediticia, como respecto del ahorro real de la operación de reunificación de deudas; todo ello con incumplimiento de la normativa en vigor sobre publicidad financiera (art. 13 apartado 2.º de la Orden de 12 de diciembre de 1989).”

La demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Mercantil mediante sentencia que, recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial, fue confirmada por está. Contra la sentencia de apelación se interpuso recurso de casación articulado a través de dos motivos que transcribo:

«Primero.- Infracción de los  artículos 3 b ,  4 y  5 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre (RCL 1988, 2279) , General de Publicidad , en su redacción vigente hasta el 1 de enero de 2010, de aplicación a la publicidad objeto de la Litis en función del tiempo de emisión de la misma (en adelante, LGP (RCL 2003, 2753) ), en relación con los artículos 8, letra d ), y 61, del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (RCL 2007, 2164y RCL 2008, 372) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (a partir de ahora TR LGDCU) en relación a la normativa general de consumidores y usuarios que regula la oferta comercial de bienes y servicios. 

»Segundo.- Infracción del artículo Decimotercero, apartado 2, de la Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito, en su redacción vigente al tiempo de emisión de la publicidad».

El Tribunal Supremo estima ambos motivos. En cuanto al primero lo hace sobre la base de las argumentaciones que a continuación transcribo y que en definitiva permiten valorar como engañosa la publicidad caracterizada por un contenido ambiguo. Al justificar la estimación del primer motivo, señala el Tribunal Supremo:

Sin duda, la limitación del espacio publicitario de un anuncio como el que es objeto del presente caso entraña ciertas limitaciones a la hora de sintetizar la información que debe suministrarse.

Sin embargo, hay que señalar, de acuerdo con la normativa objeto de aplicación, que la limitación del espacio publicitario, lejos de amparar formulaciones ambiguas o genéricas, impone a la empresa anunciante un claro deber de concreción o precisión sobre lo que es objeto de anuncio, aunque sea de un modo esquemático.

En el presente caso, el carácter ilícito de la publicidad en la doble vertiente exigida por la norma, es decir, aptitud del mensaje publicitario para inducir al error e idoneidad para afectar al comportamiento económico de sus destinatarios (art. 4 L.G.P.), se produce cuando con una clara inobservancia de este deber de precisión o concreción, la ambigüedad calculada del mensaje publicitario, con referencias genéricas e indeterminadas, silencia datos fundamentales de los productos y servicios ofertados que inducen a error a los destinatarios, con una clara falta de transparencia acerca de la comunicación de estos datos fundamentales necesarios para que los clientes puedan adoptar un comportamiento económico correcto.

En efecto, el tenor de las expresiones y referencias utilizadas en el anuncio, sin ninguna referencia a la actividad de mera intermediación financiera del anunciante, induce a pensar que la entidad demandada es una entidad bancaria que presta directamente los productos y servicios ofertados; todo ello en un contexto de clara facilidad y automatismo: «sin avales», «sin estar fijo», «rápidos » y «casi sin papeleo». En esta línea, además, el mensaje publicitario omite cualquier información o precisión mínima tanto sobre las condiciones económicas y jurídicas de los productos y servicios ofertados, como de los correspondientes gastos que puedan comportar dichos productos y servicios. Y cuando lo hace, con referencia al ahorro mensual en la reunificación de deudas, «hasta 50% de ahorro mensual», lo realiza sin precisión alguna acerca del aumento del período de amortización del crédito.

Por último, toda esa ambigüedad calculada para despertar el inmediato interés de los destinatarios, tiene la finalidad de conducirles a entrar en contacto directo con la entidad anunciante a través de una práctica especialmente idónea para una contratación rápida, de ahí el resalte con el que se anuncia el teléfono de la entidad”.

Esa misma argumentación es la que llevó a la estimación del segundo motivo puesto que, cómo establece la Sentencia, «el anuncio infringe las exigencias de información acerca de mencionar la tasa anual equivalente (TAE) en las ofertas de préstamo hipotecario, así como de los gastos relacionados con la agrupación de distintos créditos en uno solo«.

Asumiendo el Tribunal Supremo la instancia, termina su Sentencia que reseño con la estimación parcial del recurso de apelación, advirtiendo «lo excesivo de la solicitud en el petitum de la demanda con relación a que se condene a los demandados a la publicación del fallo de la sentencia” en determinados medios de comunicación, extremo que el Tribunal consideró innecesario para el conocimiento de su resolución, a la vez que determinó que bastaría con que tal publicación contuviera «un resumen del fallo de la sentencia que expresamente señale el carácter ilícito o engañoso del anuncio y su publicación«.

Madrid, 22 de octubre de 2018