El Real Decreto-ley 9/2017 y las varias reformas de la legislación mercantil

La transposición de normas europeas o la adaptación de nuestro ordenamiento nacional a las disposiciones procedentes de las instituciones europeas es el factor que de manera principal contribuye a las modificaciones en el ámbito de la legislación mercantil española. Constituye una evidencia contundente de esa tendencia el reciente Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. Como se desprende de la rúbrica de la propia disposición, estamos ante una norma que teniendo un origen común – cumplir con Europa – tiene un contenido heterogéneo, que excede notoriamente de la legislación mercantil. En esta reseña me limitaré a hacer referencia a aquellas partes del Real Decreto-ley 9/2017 que tienen incidencia, ciertamente notable, sobre distintos sectores de nuestra legislación mercantil.

 

Con carácter preliminar y como suele ser previsible, habrá que cuestionar el recurso renovado al Real Decreto-Ley. Quizás por esa previsibilidad y por las exigencias constitucionales que comporta tal solución legislativa, en la exposición de motivos del Real Decreto-ley termina su apartado I advirtiendo que no será sólo una justificación general la que explique que se ha optado por esta solución:

 

“En cuanto a la utilización del Real Decreto-ley como instrumento de transposición, cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 23/1993, de 21 de enero, señala que el Real Decreto-ley es un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas problemáticas, y en su sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando concurran «el patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España». En los sucesivos apartados de esta exposición de motivos se irán concretando las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de transponer las distintas directivas en cada uno de los supuestos recogidos en el presente Real Decreto-ley”.

 

Reforma de la legislación del mercado financiero

 

 

El primer apartado relevante a los efectos de esta entrada afecta a la legislación de nuestro sistema financiero. El título I del Real Decreto-ley 9/2017 está dedicado a la trasposición de aquellas directivas relacionadas con el sistema financiero y que España no podían demorar por más tiempo. Es una modificación de limitado alcance que afecta a la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.

 

Derecho de la competencia

 

El título II también implica una reforma esperada y relevante dentro de nuestra legislación en materia de competencia. Se trata de la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva 2014/104/UE (la llamada “Directiva de daños”), destinada a permitir que en los distintos ordenamientos nacionales puedan ejercer las personas perjudicadas acciones de daños resultantes de las infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. En este caso, la modificación ha significado introducir un nuevo título VI en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia.

 

Consumidores y usuarios

 

Finalmente es obligada la referencia acerca de la disposición final primera del Real Decreto-ley, que incide en la regulación de protección de consumidores y usuarios. En este caso, la justificación no se agota en la incorporación de determinadas Directivas sino que, como la exposición de motivos del Real Decreto-ley explica en su apartado VI, la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras disposiciones complementarias responde a la necesidad de atender al llamado Proyecto Piloto 8007/15/JUST que deriva de la incorrecta transposición por España de la Directiva 2011/83/UE.

 

La modificación en la citada Ley General apunta a la protección de los consumidores en relación con el medio que el empresario debe seguir o utilizar para reembolsar el pago efectuado por el consumidor en el supuesto de desistimiento por éste. Se trata de garantizar a favor de los consumidores que el desistimiento no implique gastos adicionales. De esta manera se explica también que la utilización de la técnica del Real Decreto-ley está justificada, una vez que el plazo para la correcta transposición de la Directiva antes citada 2011/83/UE habría vencido en diciembre del año 2013.