Sociedad disuelta y liquidada y personalidad jurídica

La Sentencia de 24 de mayo de 2017 del pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo (RJ 2017, 2217) se ocupa de la cuestión referida a la capacidad para ser parte en un procedimiento de una sociedad de capital una vez que ha sido disuelta y liquidada y que, como consecuencia de ello se ha procedido a la cancelación de los asientos registrales correspondientes a la misma. En este caso, interpuesta una demanda de juicio ordinario contra una sociedad anónima que había sido objeto de disolución y liquidación, a la demanda contestó quien había sido liquidadora de la sociedad formulando, entre otras, la excepción de falta de capacidad puesto que la sociedad carecía en ese momento procesal de personalidad jurídica, una vez que estaba disuelta, liquidada y su hoja registral había sido cancelada. El Juzgado de primera instancia estimó parcialmente la demanda pero una vez que su Sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial, ésta consideró que, en efecto, una sociedad anónima cuya inscripción registral había sido cancelada carecía ya de la capacidad para ser parte en el proceso según el artículo 6 de la Ley de Enjuiciamiento civil. Contra este pronunciamiento se formula una motivo de casación en que denunciando la infracción de una pluralidad de disposiciones legales, se argumentaba adicionalmente que la Sentencia de la Audiencia Provincial no había aplicado de manera correcta la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta cuestión. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación y lo hace reconociendo que en el momento de resolverse la cuestión existían pronunciamientos contradictorios de la Sala Primera en cuanto a la capacidad para ser parte de una sociedad de capital disuelta y liquidada.

 

En su amplio razonamiento jurídico, la Sentencia advierte que no es del todo exacto ni tiene una validez absoluta la afirmación que suele repetirse en cuanto a que la adquisición de la personalidad jurídica se produce en las sociedades de capital por medio de la inscripción de la constitución y la pierden con la inscripción de la escritura de extinción. Esta regla, dice la Sentencia que reseño, no es exacta puesto que una vez liquidada la sociedad, esta mantiene la personalidad y su capacidad para ser parte demandada. Recuerda el Tribunal Supremo la posición adoptada por la Dirección General de los Registros y del Notariado en la Resolución de 14 de diciembre de 2016: “después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular”.

 

Tras un análisis detallado de las distintas disposiciones legales aplicables bajo la Ley de Sociedades de Capital (LSC) e incluso bajo la precedente Ley de sociedades anónimas, la Sentencia del Tribunal Supremo concluye no puede negarse cierta personalidad jurídica a una sociedad disuelta y liquidada respecto de reclamaciones derivadas de pasivos sobrevenidos. No ignora el Tribunal Supremo que para esa situación el artículo 399 LSC introduce una responsabilidad solidaria de los antiguos socios, pero considera que esta previsión no es suficiente para rechazar que pervive la capacidad de la sociedad para ser demandada por un acreedor ante la jurisdicción:

 

“En muchos casos, para hacer efectiva esta responsabilidad, no será necesario dirigirse contra la sociedad. Pero reclamaciones como la presente, sin perjuicio de que acaben dirigiéndose frente a los socios para hacer efectiva responsabilidad solidaria hasta el límite de sus respectivas cuotas de liquidación, pueden requerir de un reconocimiento judicial del crédito, para lo cual resulte conveniente dirigir la demanda frente a la sociedad. En estos supuestos, en que la reclamación se basa en que el crédito reclamado debería haber formado parte de la liquidación, y que por lo tanto la practicada no es definitiva, no sólo no debemos negar la posibilidad de que pueda dirigirse la reclamación frente a la sociedad sino que, además, no debemos exigir la previa anulación de la cancelación y la reapertura formal de la liquidación. De este modo, no debe privarse a los acreedores de la posibilidad de dirigirse directamente contra la sociedad, bajo la representación de su liquidador, para reclamar judicialmente el crédito, sobre todo cuando, en atención a la naturaleza del crédito, se precisa su previa declaración. Dicho de otro modo, a estos meros efectos de completar las operaciones de liquidación, está latente la personalidad de la sociedad, quien tendrá capacidad para ser parte como demandada, y podrá estar representada por la liquidadora, en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de liquidación que se advierte están pendientes. Además, el art. 400 LSC atribuye esta representación a los (antiguos) liquidadores para la formalización de actos jurídicos en nombre de la sociedad, tras su cancelación. De ahí que ratifiquemos la posición contenida en las sentencias de esta sala de 979/2011, de 27 de diciembre, y 220/2013, de 20 de marzo, y entendamos que la sociedad demandada gozaba de capacidad para ser parte en este concreto pleito, en el que se reclama la reparación del perjuicio sufrido por un cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales asumidas por la sociedad frente a la demandante”.