Refinanciaciones y mediación concursal: la información del Refor-CGE

Ha tenido una amplia y lógica cobertura informativa la investigación que el Registro de Expertos en Economía Forense del Consejo General de Economistas (Refor-CGE) ha dado a conocer a finales del pasado mes de enero en relación con las estadísticas que se han producido en los últimos tiempos en materia de acuerdos de refinanciación y mediaciones concursales.

 

Dos comentarios preliminares antes de entrar en alguno de los contenidos de esa investigación. El primero, parte del reiterado elogio que merece este tipo de estudios sobre nuestra práctica concursal, puesto que además del valor informativo, pone de manifiesto el acierto o el error de nuestro legislador cuando ha procedido a incorporar dichas figuras en la Ley Concursal (LC) a lo largo de estos últimos años. Carecen de rigor afirmaciones sobre esa materia que no tengan en cuenta la realidad de las cifras estadísticas. El segundo comentario sirve para alertar sobre que esa investigación se refiere a dos de las figuras pre o extraconcursales que mayor atención han merecido, del legislador y también del resto de operadores y estudiosos del régimen de la insolvencia: la refinanciación y el acuerdo extrajudicial de pagos.

 

Lo que dice la investigación del Refor-CGE es que desde noviembre de 2011 se han producido 156 acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. Ahora bien, las homologaciones se han concentrado entre marzo y diciembre 2015, periodo en el que el número de acuerdos homologados ascendió a un total de 119. Es razonable presumir que esa utilización reciente tiene su causa en los cambios normativos introducidos a partir de 2014.

 

La publicidad de las refinanciaciones

 

En una de las notas informativas elaboradas al respecto se incluye una llamativa advertencia sobre acuerdos de refinanciación que no se homologan por el interés del deudor por evitar publicidad del acuerdo:

 

“Sin embargo, los acuerdos de refinanciación no se homologan en España porque estas homologaciones judiciales tienen que publicarse de forma obligatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que pone en evidencia la situación financiera de las empresas. Por este motivo, es habitual que este tipo de acuerdos se hagan con carácter secreto -que está permitido por ley- y que no se publiquen. Según el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, esto podría deberse a que las empresas prefieren perder las ventajas que supone homologar sus acuerdos de refinanciación antes que someterse a una supuesta pérdida reputacional”.

 

Es difícil cuestionar opiniones autorizadas desde la experiencia personal y limitada, pero cuesta aceptar una renuncia a la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación por el temor a la publicidad que es inherente a su régimen. La homologación implica un éxito previo del deudor: ha alcanzado un acuerdo con acreedores titulares de la mayoría del pasivo. Un acuerdo con los acreedores financieros, cuya confianza suele ser el factor determinante en la crisis y en la continuidad de ciertas empresas. La refinanciación culminada suele influir sobre los otros acreedores (públicos, comerciales, etc.). Pero la homologación supone además unos efectos directos manifiestamente beneficiosos para el deudor, que enuncian los apartados 3 y 4 de la disposición adicional cuarta LC. Efectos que tutelan también a los acreedores que firmaron el acuerdo, lo que justifica que se les reconozca la legitimación para ser ellos los que presenten la correspondiente solicitud ante el juez competente.

 

La “carga” que supone la publicidad a través del BOE de las resoluciones judiciales dictadas conforme a lo previsto en los apartados 6 y 8 de la misma disposición adicional me parece liviana en comparación con esos efectos, que suponen someter a los acreedores extraños al acuerdo u hostiles al mismo a quitas, esperas u otras medidas (capitalización de deuda) incluidas en el acuerdo. Sucede, por otro lado, que la publicidad puede haberse asumido desde el mismo momento de la negociación del acuerdo susceptible de homologación: el caso más claro es el de las sociedades cotizadas que habrán tenido que informar de la renegociación por el carácter de información relevante que la acompaña y que obliga a cumplir lo ordenado por la legislación de los mercados de valores. El acuerdo y su posible homologación serán buenas noticias, como se encargará de acreditar la cotización bursátil correspondiente.

 

Un supuesto singular lo depara la no publicación del acuerdo –y consiguiente renuncia a obtener su homologación judicial- por deudores que prevén que van a tener que negociar un nuevo acuerdo en el breve plazo de un año al que se refiere el apartado 12 de la d.a. cuarta LC. Este dispone que solicitada una homologación, ha de transcurrir al menos un año para poder solicitar otra.

 

El citado supuesto puede ser visto como excepcional y arriesgado. Plantearse la negociación de dos acuerdos de refinanciación en tan breve plazo solo puede venir justificado por circunstancias extraordinarias que expliquen que el deudor que alcanzó un acuerdo con los titulares de la mayoría del pasivo contempla su renegociación cercana. El riesgo que se corre es que los acreedores se nieguen a participar en esa segunda ronda y que entiendan que lo que subyace en la segunda negociación es un debilitamiento de la posición financiera del deudor.

 

La mediación concursal como alternativa al concurso

 

En cuanto a la mediación concursal, presenta una importante tendencia de crecimiento, si bien concentrada en la búsqueda de acuerdos de refinanciación que protagonizan deudores que son personas físicas (el 91% del total). Un mayor detalle al respecto puede consultarse en el interesante documento de conclusiones elaborado por el Refor-CGE.

 

El acuerdo extrajudicial supone una alternativa al concurso y habrá que ver en los próximos meses en qué medida el recurso a ese acuerdo presenta una relación, cuanto menos relativa, con el descenso en el número de concursos registrado durante 2015. Dicho de otra forma: se trata de determinar si las personas físicas se han alejado del concurso porque han encontrado en el acuerdo extrajudicial y en la mediación un mejor tratamiento a su insolvencia.