El REFOR y los acuerdos de refinanciación

He repetido que el estudio del Derecho concursal se ve facilitado y fomentado por la que de forma resumida cabe describir como la realidad estadística. En pocos ámbitos del Derecho mercantil disponemos de tanta información como la existente sobre la realidad concursal y preconcursal. Además, quienes la elaboran son capaces de vincularla con la legislación vigente en cada momento, lo que es tanto como decir que la presentan permitiendo la valoración de las sucesivas reformas adoptadas. Esto último es relevante en el plano concursal porque resulta igualmente conocido que el motivo de muchas de las reformas adoptadas en los últimos años ha estado en la voluntad de facilitar la continuidad empresarial, ya sea por medio de acuerdos con los acreedores, ya mediante la mejor tramitación de los concursos.

 

Esta introducción la realizo a cuenta de la información elaborada de forma continuada por el REFOR con respecto a los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente. Es una información que además de datos, incluye opiniones sobre este aspecto tan destacado de nuestra experiencia concursal más reciente.

 

Recomiendo la lectura de los sucesivos análisis correspondientes al año 2016 y la del publicado con respecto al período enero a junio 2017 que incluye una exposición comparativa con lo acaecido en los años precedentes. Los datos pueden consultarse aquí, aquí y aquí.

 

Antes de referirme a esa información, procede recordar que nos movemos en un terreno donde la vigente versión de la ya citada d.a. cuarta LC se remonta a pocos años atrás (a las reformas introducidas por las leyes 17/2014, de 30 de septiembre, y 9/2015 de 25 de mayo). Pues bien, si nos fijamos en la valoración más reciente, el REFOR llama la atención sobre la disminución en el número de acuerdos de refinanciación que fueron homologados judicialmente en el primer semestre de 2017. Ese dato culminaba una tendencia a la baja observada al cierre del año 2016. En el año 2015 se aprobaron y homologaron 94 acuerdos, frente a los 90 registrados en 2016. Entre enero y junio de 2017, el total de acuerdos homologados asciende a 31. A partir de estos datos, el REFOR alerta sobre el aparente agotamiento del efecto que a favor de estos acuerdos implicaron la reformas normativas antes mencionadas.

 

De ahí que se anime a la aprobación de nuevas reformas en los siguientes términos:

 

“En consecuencia, deberían plantearse ciertas reformas y modificaciones en los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, para que las empresas acudan en mayor número a los mismos: limar formalidades, que el crédito público estuviera incluido (al menos en pymes en estos acuerdos), simplificar el procedimiento… También debería estimularse que se extendieran estos acuerdos de refinanciación a las pymes, pues la gran mayoría son de empresas de tamaño mediano y grandes: hay muy pocas pequeñas empresas que hayan acudido a acuerdos de refinanciación. Asimismo, insistimos que son acuerdos de refinanciación homologados de los que estamos hablando, luego parece que subsiste un cierto estigma en estas situaciones de preinsolvencia, pues los acuerdos de refinanciación homologados son públicos, frente a los que no se homologan que son secretos, por lo que quizá pese en las empresas el factor de la publicidad, para no acudir a los mismos, a pesar de las ventajas de la homologación judicial para garantizar mayorías y seguridad mercantil”.

 

Los acuerdos de refinanciación analizados en la útil información que elabora el REFOR admiten otros comentarios adicionales. Es evidente que la disminución de esos acuerdos es muy leve si se compara con la notable disminución en el número de concursos que, en cifras redondas, permite ver que de 5.000 en 2015 se pasó a 4.080 en 2016. Por lo tanto, esa relación lleva a considerar que la reducción de las refinanciaciones es moderada.

 

Sin perjuicio de ello, siguiendo de nuevo al REFOR, es un hecho que muchas empresas habrán logrado acuerdos de refinanciación que quedan fuera del ámbito de su análisis, puesto que al no homologarse judicialmente y no publicarse en el BOE, no se consideran en los estudios que comento. En líneas generales, podrá adivinarse que la proliferación de acuerdos no homologados es posible que se deba en buena medida a la influencia que la “cultura” de las refinanciaciones ha generado en relación con grandes grupos en el sector de la construcción o en el sector industrial que han puesto de manifiesto las ventajas de esa solución convencional para la continuidad de las empresas afectadas, que no se vieron forzadas en llegar al procedimiento concursal.

 

Madrid, 27 de septiembre de 2017