Bancos, multas y accionistas

La información que hace algunas semanas recogía Expansión elaborada por Kara Scannell para el Financial Times nos devuelve a un hecho ciertamente llamativo por las dimensiones que refiere, que al mismo tiempo invita a alguna reflexión sobre el desarrollo de la crisis financiera y las reacciones ante la misma.

 

Comenzando por los datos, en dicha información se facilitan distintas cifras agregadas de los importes que en conjunto por uno u otro concepto y en diversos mercados han satisfecho entidades bancarias en concepto de sanciones. La más expresiva suma es la que de acuerdo con Boston Consulting Group señala que entre 2007 y 2016 se han pagado 321.000  millones de dólares por el sector bancario, o los más de 150.000 millones satisfechos en EEUU. Otras menciones se cifran en las multas vinculadas con productos financieros (por ejemplo, hipotecas) o entidades particulares. En suma, la crisis financiera deja, entre otras huellas, una factura astronómica en concepto de sanciones a dichas entidades.

 

Esos son los hechos. La reflexión que he apuntado en alguna ocasión precedente es la del fundamento supervisor de esas multas. El artículo que reseño señala que la imposición de las mismas obedece con frecuencia a la falta de seguridad por parte de las autoridades supervisoras o del propio Ministerio Fiscal sobre el alcance de las prácticas sancionables, de manera que en lugar de intentar la iniciación de procedimientos penales de incierto desenlace, se opta por cerrar el expediente con una sanción económica que en muchas ocasiones ha sido convenida con la propia entidad. No faltan sin embargo reacciones que consideran que la gravedad de determinadas conductas reclamaba un mayor rigor. Entran en juego, en todo caso, los distintos principios que sobre todo en los ordenamientos vigentes en los mercados financieros más relevantes, impulsan aquella solución sancionadora.

 

Llegamos así a una última consideración. Esta podría simplificarla hablando de la perplejidad de los accionistas de esas entidades. Los accionistas son quienes a la postre padecen el impacto que la concentración de multas que tiene que pagar su entidad puede terminar teniendo sobre los resultados y dividendos. Una situación insatisfactoria cuando resulta que el pago de las multas se debe a prácticas desarrolladas bajo la gestión de quienes, en algunos casos, permanecen al frente de la entidad. De esta manera, la imposición de multas de cierto importe termina provocando una crisis de gobierno corporativo.

 

Madrid, 28 de septiembre de 2017