Reforma de la Ley de Mercado de Valores

El impulso europeo ha estado en la importante reforma que registró hace algunos años la Ley del Mercado de Valores y es la causa principal de sus constantes puestas al día. Por medio del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV) que fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. Las modificaciones que se introducen en la LMV son muchas y variadas y exceden el ámbito de esta entrada. Me limitaré a recoger algunas consideraciones que aparecen en el preámbulo del Real Decreto-ley 14/2018.

La justificación del recurso a este Real Decreto-ley la encontramos en la necesidad de transponer normas europeas a nuestro ordenamiento interno a través de una ley. En este caso se recuerda que es preciso incorporar determinadas disposiciones contenidas en la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo de 2014, en la Directiva 2016/1034/UE, de 23 de junio y en la Directiva delegada 2017/593/UE, de 7 de abril de 2016.

Con este reciente Real Decreto-ley se pretende racionalizar y mejorar desde un punto de vista técnico la ordenación de nuestros mercados de valores, continuando la labor que ya se inició con el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores. Esa labor consiste principalmente en reducir el extenso contenido del texto refundido de la LMV, de manera que en éste aparezcan solamente aquellas disposiciones que deben constar en normas con rango legal, dejando a su desarrollo complementarlas de forma adecuada. Se dice incluso que lo que se pretende es convertir al texto refundido de la LMV en una suerte de ley marco.

Desde el punto de vista de la utilización del Real Decreto-ley se indica que concurren circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que no se agotan en la necesidad de transposición en los plazos correspondientes distintas directivas europeas, sino también en el intento de aportar una conveniente seguridad a las empresas de servicios y actividades de inversión españolas. Lo que pretende este Real Decreto-ley según señala su exposición de motivos, es superar o descartar la incertidumbre regulatoria que se produce siempre cuando existe la certeza de una necesaria transposición de normas europeas, y sin embargo, existe incertidumbre sobre cuándo se producirá. A ello se une, además, la referencia a la necesidad de dotar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de nuevas facultades de supervisión previstas en las normas europeas.

Madrid, 24 de octubre de 2018