Tribunales para litigios complejos

La calidad en nuestro Derecho mercantil se ha visto reforzada con la creación de los Juzgados y Tribunales especializados de “lo Mercantil”. Al igual que ha sucedido en muchos otros lugares en donde la decisión de convertir órganos jurisdiccionales en específicamente competentes para cuestiones comerciales, ha redundado en la calidad de la jurisprudencia. El ejemplo que más frecuentemente se cita es la contribución que los Tribunales del Estado de Delaware han realizado de forma destacada al Derecho de sociedades.

 

Por eso me ha parecido interesante el artículo recientemente publicado que relata un paso adicional de dicho Tribunal al crear en su seno una sección o división que pasa a ser la competente para ocuparse de los casos de mayor complejidad: Slights, J. R. y Powers, E. A., “Delaware Courts Continue to Excel in Business Litigation with the Success of the Complex Commercial Litigation Division of the Superior Court”, The Business Lawyer, vol. 70, nº 4 (2015), p.1039 y ss. Los autores han ocupado en el pasado distintos puestos dentro de la Corte y ofrecen no sólo una explicación del paso dado por la correspondiente a ese Estado, sino una visión más amplia sobre la evolución que en el sistema americano viene registrándose a favor de la creación de Tribunales con una singular especialización en la resolución de cuantos litigios tienen relación con el mundos de los negocios. Una tendencia que ha llevado en los últimos años a 24 Estados a contar con Tribunales con esas características.

 

Es sabido –y los autores se encargan de actualizarlo (v. los datos que recogen en la página 1047)- que Delaware se ha convertido en uno de los Estados de mayor éxito a la hora de atraer hacia su legislación y jurisdicción un mayor número de sociedades. Baste con destacar que más de la mitad de las sociedades cotizadas tienen allí su sede. Por eso resultaba previsible que su Corte reaccionara en esa dirección y organizara en su seno un Tribunal dedicado a los asuntos complejos. El artículo explica el proceso seguido para hacerlo y los principales aspectos del buen funcionamiento de ese Tribunal. Algunos son fácilmente adoptables (p. ej., que un mismo juez se ocupe del procedimiento dese su inicio y hasta la sentencia) y otros parecen más cuestionables (es el caso de la “flexibilidad” del procedimiento y su compatibilidad con normas procesales imperativas).