Acción directa contra la aseguradora existiendo resolución administrativa previa en materia de responsabilidad

La Sentencia de 16 de febrero de 2017 (ROJ SAP B 663/2017) de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 14) aborda la relación que puede existir entre la tramitación previa de una reclamación presentada en vía administrativa y la posterior acción directa que se ejerce por los perjudicados por una determinada actuación negligente contra la compañía aseguradora. El caso se desarrolló en el ámbito de la responsabilidad médica y las personas perjudicadas ejercieron con carácter previo una reclamación administrativa que dio lugar a la tramitación del correspondiente expediente. Éste terminó con una resolución consentida por las perjudicadas y que no fue recurrida o impugnada ante la vía contencioso-administrativa.

 

La Sentencia que comento tuvo que abordar, como primera cuestión (planteada por la aseguradora demandada y el interviniente voluntario Catsalut), la de cuál era la jurisdicción competente:

 

 

“Atendiendo a la anterior doctrina debe desestimarse el motivo al considerar competente a la jurisdicción civil para el conocimiento de la presente Litis pues la única acción ejercitada es la prevista en el art. 76 de la LCS contra la entidad Zurich en cuanto aseguradora del servicio Catalán de Salud, dado que la actora no amplio su acción frente a éste último que actuó como mero interviniente, sin que el hecho de que previamente a interponer la demanda rectora de la presente Litis se hubiere tramitado y resuelto en vía administrativa un expediente de responsabilidad patrimonial de la administración a instancia de las perjudicadas altere la competencia de la jurisdicción civil para conocer de la reclamación formulada únicamente frente a la entidad aseguradora, en tanto que es característica (en palabras del Magistrado sr. Xiol Rios) de dicha acción directa la facultad del perjudicado de reclamar conjuntamente contra el asegurado causante del daño y contra la aseguradora, o solo contra esta. Es, por tanto, un supuesto de litisconsorcio pasivo voluntario o facultativo, pues de no entenderse así, la acción directa como tal no existiría, pues su característica fundamental es la de liberar al perjudicado de ejercer su acción contra el causante del daño cuando éste está asegurado.”

 

Cuestión distinta es qué efecto debe tener en el proceso civil la resolución que se hubiere dictado en la vía administrativa y/o en la jurisdicción contencioso administrativa, cuestión que trataremos más adelante.”

 

En relación con esa cuestión, el Tribunal pasó a analizar la normativa aplicable, al moverse entre las reglas reguladoras de la responsabilidad patrimonial de la Administración y las resoluciones dictadas en el ámbito administrativo o contencioso-administrativo de un lado, y las normas jurídico privadas, de otro:

 

“Son múltiples las resoluciones del TS que establecen que para determinar la responsabilidad (mas propiamente la obligación de pago de la indemnización) del asegurador se ha de analizar, como cuestión prejudicial con efectos en dicho proceso y con amparo en el art. 42 de la LEC, con los parámetros propios del derecho administrativo la conducta de la Administración asegurada. Así se reconoce (a.e) en la STS sección 1ª referida por la recurrente, de 22 de marzo de 2010 , o el auto de la Sala de Conflictos de 12 de marzo de 2013, que dispone: “…Los inconvenientes de orden práctico que puedan derivarse de la pervivencia de la duplicidad jurisdiccional en este concreto punto no pueden sobreponerse a un derecho sustantivo otorgado a los perjudicados por una norma del ordenamiento jurídico vigente, que, además, constituye un pilar de nuestro sistema en relación con el contrato de seguro, emparentado con la tutela judicial efectiva y con la voluntad del legislador de proteger a los perjudicados como ha manifestado la Sentencia de la Sala la del Tribunal Supremo de Y es que el hecho de que para determinar la responsabilidad del asegurador haya que analizar, con los parámetros propios del derecho administrativo, la conducta de la Administración asegurada no resulta en modo alguno extravagante. El artículo 42 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil prevé tal escenario con toda naturalidad, admitiendo un examen prejudicial que sólo producirá efectos en el proceso de que se trate”.

 

 

El Juez civil que conoce la reclamación contra la aseguradora debe tomar en cuenta la resolución recaída en el expediente administrativo previo:

 

“De lo hasta aquí expuesto se concluye que el Juez de Instancia debe examinar la responsabilidad en que ha incurrido la Administración sanitaria con arreglo a los parámetros de derecho administrativo y la jurisprudencia que lo interpreta, sin que ello conlleve, como pretende la tercera interviniente la desestimación de la demanda por alegación errónea de la normativa aplicable, siendo jurisprudencia consolidada con respecto a la incongruencia extra petita ( que se produciría según la recurrente de aplicar normas distintas que aquellas en las que se ampara la reclamante), en relación con el principio de iura novit curia, que se produce en la medida en que la facultad que tiene el tribunal para encontrar o informar el derecho aplicable a la solución del caso comporta la alteración de los hechos fundamentales, causa de pedir, en que las partes basen sus pretensiones ( SSTS de 6 de octubre de 1988 y 1 de octubre de 2010 ), lo que no se daría en el caso de autos.

 

Lo que nos lleva a analizar el siguiente motivo de apelación, y es determinar qué valor debe darle dicho órgano a la resolución dictada por la Administración en el expediente de responsabilidad patrimonial incoado al efecto que devino consentido por las perjudicadas al no impugnarlo en la vía contencioso administrativa.”

 

El expediente obraba en el juicio ordinario como prueba documental:

 

“De la documental obrante en autos, esencialmente del expediente administrativo a los folios 77 a 645, se constata que las perjudicadas en el mes de mayo de 2010 presentaron reclamación ante Catsalut por los hechos objeto de la presente Litis, con base a prestación defectuosa de asistencia sanitaria al sr. Felicisimo”

 

Entrando ya en el análisis de la acción ejercitada y de la responsabilidad de la aseguradora demandada, la Audiencia Provincial delimita la responsabilidad de ésta en relación con la del asegurado:

 

“A estas alturas no cabe duda de la autonomía procesal de la acción directa del art. 76 de la LCS y que para ejercitarla no es preciso que se sustancie previamente la reclamación en vía administrativa, pues precisamente una de las ventajas de dicha acción, que constituye al tiempo su fundamento, es evitar esa reclamación previa y la sumisión a la autotutela decisoria y las dilaciones que tal actuación previa conlleva. Siendo ya doctrina pacifica que la acción directa no es subsidiaria de la acción contra el responsable, mas esa autonomía procesal lo es respecto del contrato de seguro pero no de los contornos de la responsabilidad del asegurado; es decir de dicha autonomía procesal no puede deducirse que la misma concede un derecho sustantivo autónomo o independiente nacido de la sola conjunción del hecho dañoso y su genérica cobertura por el seguro de responsabilidad civil. Dicho seguro no cubre el daño, sino la responsabilidad (de otro), por lo que la acción directa no hace a la aseguradora responsable sino “garante de la obligación de indemnizar”, de modo que la aseguradora, vía acción directa, podrá quedar obligada frente a la víctima, más allá de los contornos del contrato de seguro (por el juego limitado de las excepciones), pero nunca más allá de la obligación propia del asegurado generada por la responsabilidad nacida a su cargo.

 

Por lo tanto, el Juez civil debe analizar la existencia de responsabilidad de la Administración asegurada:

 

“De manera que el Juzgado de Primera Instancia que conozca de aquella acción directa frente a la aseguradora deberá examinar con carácter prejudicial ( art. 42 de la LEC ) y a los solos efectos del proceso si la Administración incurrió o no en responsabilidad, sin que ello suponga reconocerle competencia para declarar la responsabilidad de la Administración Publica asegurada (informe del Consejo de Estado 331/1995 de 9 de mayo) para lo que debe seguirse el procedimiento administrativo previsto legalmente. Y aquel examen ha de hacerlo con arreglo al estándar de responsabilidad previsto en derecho administrativo, como indicamos en el fundamento jurídico previo.”

 

A continuación, el Tribunal aborda los efectos que ha de tener en el orden civil lo resuelto en el plano administrativo:

 

“Lo que resulta cuestionable es si, ejercitada voluntariamente esa vía administrativa previa y finalizado el expediente con resolución consentida por las perjudicadas accionantes en cuanto no impugnada en la vía contencioso administrativa, el juez de primera instancia viene o no vinculado por dicha resolución administrativa, y lo cierto es que negarle cualquier efectividad a dicha resolución se nos antoja contrario a la legalidad, puesto que la acción directa contra la aseguradora en la vía civil no puede constituir una vía alternativa para impugnar actos administrativos que se dejaron consentidos. Y es que resulta contrario a los principios inherentes al ordenamiento jurídico que, en casos como el de autos, se acabe reconociendo en vía civil una responsabilidad de la entidad aseguradora distinta caulitativa y cuantitativamente a la que con carácter firme ha sido reconocida y declarada por el órgano competente para ello y con arreglo al procedimiento legalmente previsto y consentida por el perjudicado.

 

La Administración sanitaria asumió su responsabilidad en lo que respecta al diagnóstico tardío, que ciñe a dos meses, y reconoce una indemnización que calcula aplicando el baremo correspondiente a la fecha del fallecimiento pero reduce en el 50% aplicando la doctrina jurisprudencial de la “pérdida de oportunidad”.

 

 

Ciertamente no consideramos que el ejercicio de la acción directa constituya fraude de ley, pues es un procedimiento legalmente previsto y puede tener sentido cuando ya se ha reconocido la responsabilidad de la Administración, para obtener un rápido abono de la indemnización además de los intereses moratorios especiales del art. 20 de la LCS. Pero, como indicamos ut supra, entendemos ajustado a derecho, a las normas y jurisprudencia referida que la cuestión referente a la responsabilidad de la Administración asegurada ha sido resuelta y consentida por las perjudicadas y a la misma hemos de estar, la cual, por otro lado, tampoco consideramos contraria a la jurisprudencia sobre responsabilidad patrimonial sanitaria atendiendo a las circunstancias concurrentes.”

 

La última indicación se refiere al cómputo de intereses a pagar por la aseguradora:

 

“Aplicando la anterior doctrina al caso de autos debemos estimar que la condena al abono del interés moratorio del art. 20 se limitara al momento en que desapareció la situación de incertidumbre sobre la existencia de responsabilidad, esto es, cuando se dictó la resolución administrativa reconociendo dicha responsabilidad en fecha 7 de mayo de 2013, desde dicha fecha, disponía la aseguradora de tres meses para pagar o consignar la suma reconocida por la Administración. Habiendo procedido a su consignación para pago 13 meses después, concretamente el 5 de junio de 2014 (folio 33 del tomo III), entendemos que desde aquella fecha incurrió en mora y deberá soportar los intereses del art. 20 de la LCS hasta el momento de la consignación (del 7 de mayo de 2013 al 5 de junio de 2014).

 

 

Madrid, 2 de noviembre de 2017