Es nulo el despido colectivo en una empresa integrante de un grupo

Es llamativo que nuestro Derecho de sociedades continúe sin introducir algunas reglas fundamentales o principios aplicables a los grupos de sociedades, dando lugar esa pasividad a una paradoja creciente. Ésta parte del reconocimiento del grupo en los más diversos ámbitos de la legislación mercantil y en otros sectores de nuestro ordenamiento, a la vez que permanece sin una adecuada regulación principal el hecho mismo de la existencia del grupo de sociedades.

 

La pertenencia de una sociedad a un determinado grupo (vertical, horizontal o de otra naturaleza) suele anudar distintas consecuencias de muy variado tenor, singularmente en el plano de la responsabilidad patrimonial. Sin embargo, el legislador mercantil no acaba de decidirse a llevar adelante una regulación que sirva para disciplinar las orientaciones fundamentales de un grupo como empresa policorporativa, ya sea en el plano interno, ya en el de la relación con terceros ajenos al grupo. Los últimos pasos dados en  la Propuesta del Código de Sociedades del año 2000 o en el Anteproyecto del Código Mercantil de 2015 no parecen haber tenido ningún tipo de acogida.

 

Mientras tanto, sigue avanzando la realidad, en forma de sucesivas resoluciones de nuestros Tribunales en las que la posibilidad de que se considere que una sociedad implicada en un litigio forme parte de un grupo resulta decisiva para la resolución que al final se termina adoptando, en cuanto a lo que son pronunciamientos que podríamos calificar de fondo o con un carácter puramente procedimental. En esta ocasión, me ha llamado la atención la Sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2017 (JUR 2017/217867) que declaró nulo el despido colectivo de los trabajadores de un determinado concesionario de automóviles.

 

El vicio que lleva al Tribunal Supremo a formular una declaración de tanta transcendencia radica en el hecho de que cuando se planteó la situación del concesionario en donde venían prestando sus servicios los trabajadores afectados por la decisión colectiva, no se aportó toda la información que a juicio del Tribunal Supremo era relevante. En este caso, resultaba obligado haber puesto a disposición de los trabajadores la información relativa a la existencia de saldos acreedores y deudores entre las empresas vinculadas, lo cual resultaba independiente de que ni siquiera tuvieran esas sociedades obligación de formular cuentas consolidadas.

 

Lo que hizo el Tribunal Supremo fue considerar que en este caso la defensa de los trabajadores había requerido que se les facilitara durante el periodo de consultas correspondiente esa información sobre las relaciones financieras entre las distintas sociedades. Comenzaré exponiendo los hechos que declaró probados la Sentencia recurrida en casación y que fue dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Los hechos los de la Sentencia del Tribunal Supremo:

 

“1º.- Nuasa SL, es una entidad cuyo objeto social viene determinado por la compraventa de vehículos a motor, explotación de talleres mecánicos, reparación y montaje.- 2º.- Hasta el 15 de febrero de 2016 la citada empresa, detentó la concesión de la marca SEAT.- 3º.- El 15 de febrero de 2016 la empresa comunica a los trabajadores, su decisión de proceder al cese de la actividad previo despido de la totalidad de la plantilla, requiriéndose con el fin del nombramiento de una comisión Negociadora.- El 1 de marzo de 2016 se constituye la Comisión negociadora, previa convocatoria al efecto. Se fijó el calendario y se hizo entrega de una serie de documentos determinados en el hecho segundo de la demanda.- 4º.- Las causas alegadas por la empresa en su memoria explicativa, se centran en la pérdida de la concesión así como en las pérdidas económicas que se venían arrastrando en los últimos y sucesivos ejercicios.– 5º.- Se celebraron diversas reuniones con el contenido que consta en las actas que figuran en las actuaciones. Tras la celebración de la última reunión de la Comisión negociadora el 16 de marzo de 2016, la empresa notifica individualmente a cada trabajador su despido.- 6º.- En fecha 1 de abril de 2016 por el Inspector de Trabajo, se emite informe en relación al ERE, con el contenido y las conclusiones que constan en Autos”.

 

El Tribunal Superior de Justicia desestimó la demanda contra el despido colectivo, que declaró ajustado a derecho:

 

“La demanda frente al despido colectivo se interpuso el 18 de julio de 2016 ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que por sentencia de fecha 27 de septiembre de 2016 desestimó la demanda y declaró ajustado a derecho el despido colectivo llevado a cabo por la empresa Nuasa S.L., a la que absolvía de las pretensiones deducidas en su contra. La referida demanda se dirigía únicamente frente a ésta empresa que acordó los ceses, si bien una de las argumentaciones centrales de la misma en orden a la calificación del despido colectivo como nulo era la existencia de un grupo de empresas a efectos mercantiles y la necesidad de que se hubiese dado cumplimiento a la exigencia de aportación de las cuentas consolidadas del grupo, o las de cada una de ellas si no hubiese obligación de tal consolidación, de conformidad con lo previsto en el artículo 51.2 ET (RCL 2015, 1654) y 4.5 del RD 1483/2012 (RCL 2012, 1474) , señalándose como integrantes de ese grupo de seis empresas, además de la demandada a las siguientes: Centrowagen SL, Distribución y Ventas SL, Servicios Empresariales Fisebasa SL, Colcar Alquiler de Vehículos sin Conductor SL, Km 0 Multimarca SL.

 

Para llegar a tal resultado desestimatorio de la demanda, la referida sentencia descarta la existencia de tal grupo de empresas, centrando su atención argumental sobre la necesidad de que los demandantes debería haber acreditado la concurrencia del tal grupo, y especialmente en el análisis de la inexistencia en este caso de un grupo de empresas a efectos laborales, negando por tanto una posible extensión de la responsabilidad a todas las integrantes del grupo, con cita al efecto de la conocida doctrina de esta Sala sobre tales grupos laborales ‘patológicos’”.

 

Entre los motivos del recurso de casación figuraba la pretensión de adición de un hecho probado –la integración de la empresa “en un grupo mercantil”- que, de ser estimado conllevaría la exigibilidad de determinados deberes legales de información documental:

 

“El primero de ellos tiene una dimensión muy relevante porque pretende que se diga que Nuasa SL, la empresa demandada y promotora del despido, forma parte de un grupo mercantil de empresas con cinco más, Centrowagen SL, Distribución y Ventas SL, Servicios Empresariales Fisebasa SL, Colcar Alquiler de Vehículos sin Conductor SL, Km 0 Multimarca SL., lo que supondría que para llevar a cabo el despido, debería haberse aportado la documentación prevista en el número 5 del artículo 4 del RD 1483/2012 (RCL 2012, 1474) . El texto que propone es el siguiente:

 

NUASA, S.L., está integrada en un grupo mercantil de empresas…”.

 

 

De forma que la existencia del grupo quedó situada en el centro del debate, como expone el Tribunal Supremo dentro del fundamento tercero de la Sentencia:

 

“Señala el recurrente como base documental para la introducción de ese hecho probado los folios 69, 70, 71, 101, 102, 103 y 104 correspondientes a la prueba documental obrante en autos, y de la lectura de tales documentos debe extraerse la conclusión de que ha de admitirse la adición propuesta, no en los mismos términos que se pretende, pero si dejando constancia de que realmente entre las empresas señaladas existe un evidente grupo encuadrable en el artículo 42 y siguientes del Código de Comercio (LEG 1885, 21) .

 

Resulta llamativo que en la sentencia recurrida se niegue tal hecho, desde el momento en que en ella se citan dos sentencias precedentes de la propia Sala de Extremadura en las que se afirma lo contrario, la STSJ 24 de enero 2013 (PROV 2013, 57953) (recurso 521/2012) que en su FJ quinto admite expresamente que las referidas forman un grupo de empresas, añadiéndose que “aunque se negara basta con ver la composición de sus consejos de administración”, y la STSJ 16 de junio 2015 (PROV 2015, 173492) (recurso 240/2015) en la que también se admite la existencia de ese grupo mercantil de empresa, aunque ciertamente en ambas se excluye la extensión de la responsabilidad a todas la empresas integrantes del mismo, porque no se acoge la pretensión de que ese grupo lo sea a efectos laborales como” grupo patológico”.

 

En el análisis de la prueba nos encontramos entonces con evidencias palmarias de la existencia de ese grupo, tal y como afirma el recurrente…”.

 

Esa pretensión fue acogida por el Tribunal Supremo:

 

“La Sala entonces acoge parcialmente la adición de un nuevo hecho probado en el que se debe decir que “la empresa demandada Nuasa, S.L., está integrada en un grupo de empresas conformado con las sociedades Centrowagen SL, Distribución y Ventas SL, Servicios Empresariales Fisebasa SL, Colcar Alquiler de Vehículos sin Conductor SL, Km 0 Multimarca SL., empresas domiciliadas en España, pertenecientes al mismo sector de actividad, con saldos acreedores o deudores con la empresa Nuasa, S.L., sin que se aportaran en el periodo de consultas del despido colectivo ni en ningún otro momento antes del mismo las cuentas de dichas empresas”.

 

Aplicando el hecho de la integración de la empresa en un grupo de sociedades, la Sentencia pasa a analizar la infracción denunciada de distintas normas laborales en materia de despidos colectivos (el artículo 51.2 del Estatuto de los trabajadores y distintos preceptos del Reglamento aplicable a tales despidos, aprobado por medio del Real Decreto 1483/2012) cuestión que lleva al Tribunal Supremo formular distintas e interesantes precisiones en torno al concepto de grupo en las órdenes mercantil y laboral:

 

“Una vez que esta Sala ha admitido en el nuevo hecho probado antes descrito que nos encontramos en ante un grupo de empresas, debemos recordar que éste se regula por lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio (LEG 1885, 21) , y el que en la terminología mercantil se conoce como tal -se dice literalmente en nuestra STS de 27 de mayo de 2013 (RJ 2013, 7656) (recurso 78/2012 )- « …supone una forma de vinculación empresarial más intensa que las uniones consorciales, sindicatos y cárteles, pudiendo definirse -tal «grupo»- como el integrado por el «conjunto de sociedades que, conservando sus respectivas personalidades jurídicas, se encuentran subordinadas a una dirección económica unitaria». Así pues, el mismo se caracteriza por dos elementos: a) la independencia jurídica de sus miembros, tanto en el ámbito patrimonial [mantienen la titularidad del patrimonio] cuanto en el organizativo [se estructuran por sus propios órganos]; y b) la dirección económica unitaria, cuya intensidad es variable en función del grado de centralización, pero que en todo caso ha de alcanzar a las decisiones financieras [política empresarial común], bien sea en términos de control [grupos verticales o de subordinación] bien en los de absoluta paridad [grupos horizontales o de coordinación]… … El componente fundamental -de dificultosa precisión- es el elemento de «dirección unitaria». Para la doctrina mercantilista no basta -para apreciar su existencia y la consiguiente del grupo- la simple situación de control o dependencia societaria [por la titularidad de las acciones o participaciones sociales; y por la identidad de los miembros de órganos de administración], sino que es preciso que «la sociedad dominante ejerza de forma decisiva su influencia, imponiendo una política empresarial común». Pero en el campo del Derecho del Trabajo -nacional y comunitario-, las dificultades probatorias y la seguridad jurídica excluyen la exigencia del ejercicio efectivo de la dirección unitaria y se satisfacen con la mera posibilidad de dicha dirección común, atendiendo a la existencia de control societario… … Éste es el concepto amplio que sigue el art. 42.1 CCo, al entender que una sociedad es «dominante» de otra [«dominada» o «filial»] cuando posee la mayoría de capital, la mayoría de votos o la mayoría de miembros del órgano de administración; concepto amplio que se desprendía también del art. 4 LMV [ Ley 24/1988, de 24/Julio (RCL 1988, 1644) ; en su redacción anterior a la Ley 47/2007, de 19/Diciembre (RCL 2007, 2302) ], cuando disponía que «se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las entidades que constituyan una unidad de decisión, porque cualquiera de ellas controle o pueda controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las demás»; en la misma línea se encuentra el art. 2 RD 1343/1992 (RCL 1992, 2622 y RCL 1993, 350) [6/Noviembre , de desarrollo de la Ley 13/1992, de 1/Junio (RCL 1992, 1239) , sobre entidades financieras], al preceptuar que para «determinar si existe una relación de control se atenderá a los criterios previstos en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores »; en similar sentido-, aludiendo a la concreta «unidad de decisión» se refiere el art. 78 LCoop [ Ley 27/1999, de 16/Julio (RCL 1999, 1896) ]; en parecidos términos se manifestaba el art. 87 LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) [ya derogada por el RD Legislativo 1/2010 (RCL 2010, 1792 y 2400) ], al normar que «se considerará sociedad dominante a la sociedad que, directa o indirectamente, disponga de la mayoría de los derechos de voto de otra sociedad o que, por cualesquiera otros medios, pueda ejercer una influencia dominante sobre su actuación»; más sencillamente, el actual art. 4 LMV [redacción proporcionada por la aludida Ley 47/2007 (RCL 2007, 2302) ], dispone que «[a] los efectos de esta Ley, se estará a la definición de grupo de sociedades establecida en el artículo 42 del Código de Comercio »; y en igual sentido se indica en el art. 19 del TR de la Ley de Sociedades de Capital (RCL 2010, 1792) [indicado RD Legislativo 1/2010, de 22/Diciembre], que «[a] los efectos de esta Ley, se considerará que existe grupo de sociedades cuando concurra alguno de los casos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio , y será sociedad dominante la que ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otra.

 

Por otra parte ha de destacarse que nuestra tendencia legislativa es coincidente con la del Derecho comunitario, expresada en los arts. 1.2 º y 2 de la Directiva 7ª [13/Junio/1983] y en el art. 2 de la Directiva 94/45/CE (LCEur 1994, 3069) , de 22/Septiembre/1994 [traspuesta a nuestro Derecho por referida Ley 10/1997, de 24/Abril (RCL 1997, 1006) ] y para el que «1 . A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: … b) “grupo de empresas”: un grupo que comprenda una empresa que ejerce el control y las empresas controladas. En todo caso hemos de destacar que la concepción amplia del «grupo» responde a las recomendaciones del «Forum Europaeum»…

 

… Desarrollando más estas últimas afirmaciones hemos de indicar que la jurisprudencia tradicional de la Sala parte del principio de que el «grupo de sociedades» es una realidad organizativa en principio lícita; y que “el grupo de empresas a efectos laborales no es un concepto de extensión equivalente al grupo de sociedades del Derecho Mercantil. El reconocimiento del grupo de empresas en el ordenamiento laboral, cuyos efectos se manifiestan sobre todo en la comunicación de responsabilidades entre las empresas del grupo, exige la presencia de una serie de factores atinentes a la organización de trabajo; y estos factores, sistematizados en la sentencia de 3 de mayo de 1990 y en otras varias posteriores como la de 29 de mayo de 1995 , la de 26 de enero de 1998 y la de 26 de diciembre de 2001 , configuran un campo de aplicación normalmente más restringido que el del grupo de sociedades” (SSTS 03/11/05 (RJ 2006, 1244) -rcud 3400/04 -; y 23/10/12 (RJ 2012, 10711) -rcud 351/12-)”.

 

Matiza a continuación la Sentencia  reseñada el alcance que tenía en el supuesto enjuiciado la existencia de un grupo. No se trataba tanto de afirmar el presupuesto (el “grupo patológico”) para una comunicación de responsabilidades patrimoniales, como la de analizar si, sentada la existencia de un grupo, el procedimiento de despido colectivo había respetado las normas específicas:

 

“2.- Resulta entonces patente que en el caso que resolvemos no nos encontramos ante lo que en la jurisprudencia de esta Sala se denomina grupo a efectos laborales, o grupo patológico, situación que conduce a la responsabilidad extendida a las empresa que lo integran cuando concurren los requisitos jurisprudenciales que se contienen en la muy copiosa y conocida jurisprudencia que se recuerda y actualiza en el FJ noveno de la STS que se cita en el párrafo anterior, 27 de mayo de 2013, aplicada en otras muchas posteriores, como también recuerda la propia sentencia recurrida en su fundamentación, que parece extraer la desacertada conclusión de que los grupos de empresas en el ámbito laboral únicamente se conciben y valoran cuando se trata de responsabilidad extendida o solidaria entre todas ellas, precisamente porque concurren esos requisitos jurisprudenciales.

 

Pero resulta que en el presente caso el recurrente no ha pretendido en ningún momento calificar el grupo de sociedades de otra forma que no sea de mercantil y perfectamente lícito, ni por ello que la responsabilidad de la calificación del despido y sus consecuencias se extienda a todas las empresas del grupo, limitándolo siempre a Nuasa, S.L. en exclusiva, de manera que no ha de resultar aplicable esa doctrina porque en ningún momento se ha pretendido que existan los presupuestos de hecho y jurídicos necesarios para que ello suceda, pero sí habrán de extraerse las consecuencias correspondientes a la propia realidad jurídica descrita, en relación con las exigencias normativas que han de respetarse cuando una empresa perteneciente a un grupo mercantil lleve a cabo un despido colectivo”.

 

Pasa el Tribunal Supremo a explicar el particular fundamento del deber de información en materia de despidos colectivos:

 

“La propia parte demandante, hoy recurrente, admite que no existen evidencias de que en el grupo de empresas en el que se integra Nuasa S.L. haya obligación de formular cuentas consolidadas, ni tampoco la Sala entiende que las haya, porque nada hay acreditado al respecto, de forma que en el despido colectivo iniciado por ella debió aportarse la documentación que refiere el precepto, tal y como se desprende de la remisión que hace al mismo el número 2 del art. 51 ET.

 

Tal y como ha dicho esta Sala en múltiples sentencias dictadas con ocasión de distintos recursos de casación formulados en materia de despido colectivo – STS 20 de marzo de 2013 (RJ 2013, 2883) , rec. 81/2012 – la principal finalidad que del periodo de consultas resulta del art. 51.2 ET es la de que los representantes de los trabajadores tenga una información suficientemente expresiva para conocer las causas de los despidos y poder afrontar el periodo de consultas adecuadamente. En este sentido se orienta el artículo 2.3 de la Directiva 98/59/CE (LCEur 1998, 2531) del Consejo de 20 de julio de 1998 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, para que ése periodo de consultas que se contiene en el artículo 2.1, se proyecte, tal y como expresa el articulo 2.2 y como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos.

 

Y esa finalidad de proporcionar la información necesaria para abordar con mínimas garantías el periodo de consultas o, de manera aún más elemental, de conocer documentalmente la situación económica real de la empresa sobre la que se justifican los despidos no se llevó a cabo, ya se ha visto que en el caso examinado en absoluto se produjo, porque dejó de aportarse por la empresa la documentación que con carácter preceptivo exige el art. 4.5 del RD 1483/2012.

 

Dicha documentación resulta relevante sin duda, por cuanto que cuando se trata de empresas encuadradas en un grupo mercantil, y se dan los requisitos que exige la norma -antes descritos en la redacción del nuevo hecho probado- de manera que habrán de aportarse las cuentas de las demás empresas del grupo, precisamente para conocer la verdadera situación de la que adopta la decisión de despido colectivo ante la posible existencia de saldos deudores o acreedores, o de relaciones económicas diversas entre ellas que tengan reflejo en las cuentas que han de aportarse y que podrían ser relevantes a tales efectos.

 

De hecho, esa pretensión referida a la existencia del grupo y la aportación documental por parte de la representación de los trabajadores ya se puso de manifiesto en el periodo de consultas -acta de siete de marzo de 2016- y, como antes se dijo, en la propia demanda; también se puso extensamente de relieve en el acto de juicio oral por el letrado de los demandantes, y en el propio recurso de casación, en el que se pone de relieve, reiterando los mismos argumentos, que la ausencia de aportación de los documentos exigidos en relación con los que pide la revisión de hechos probados, resulta evidente que afecta a la información necesaria que han de tener aquéllos para saber si concurren las causas económicas y organizativas invocadas por la demandada para llevar a cabo justificadamente el motivo, con lo que en ningún caso cabe afirmar que hubo conformidad con la existencia de aquellas por parte de los demandantes”.

 

Al concluir que el periodo de consultas se realizó conforme a la legislación laboral, el Tribunal Supremo declara la nulidad del despido colectivo y casa y anula la  Sentencia recurrida.

 

 

Madrid, 3 de noviembre de 2017