Aportaciones dinerarias en aumento de capital: certificación expedida por entidad de crédito

La Resolución de 7 de septiembre de 2016 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) se ocupa de la interpretación del concepto de entidad de crédito que incluye el artículo 62.1 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) con respecto a la acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias por medio de una certificación bancaria. Para una más sencilla ilustración de la cuestión debatida, transcribo el precepto citado:

 

“Artículo 62. Acreditación de la realidad de las aportaciones.

 1. Ante el notario autorizante de la escritura de constitución o de ejecución de aumento del capital social o, en el caso de las sociedades anónimas, de aquellas escrituras en las que consten los sucesivos desembolsos, deberá acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad en entidad de crédito, que el notario incorporará a la escritura, o mediante su entrega para que aquél lo constituya a nombre de ella.”

 

Una sociedad limitada aprobó un aumento de capital de 21.000 euros con una prima de 2.079.000 euros, por medio de aportación dineraria. Se acompañó el certificado del depósito de esas cantidades expedido por “CBH-Compagnie Bancaire Helvetique”. El Registrador mercantil calificó negativamente la escritura de ampliación dado que consideró que esa entidad no se encontraba comprendida en el concepto legal de entidad de crédito. La escritura fue presentada de nuevo junto con otra escritura de aclaración, en la que se incorporaba, entre otros documentos, una certificación indicando que la citada entidad suiza se encontraba autorizada para actuar como “banco y agente de valores, en virtud del artículo 3 de la Ley Federal sobre Bancos y Cajas de Ahorro… y del artículo 10 de la Ley Federal sobre Bolsas de Valores y Comercio de Activos financieros… y está sometido a la supervisión de la Actividad suiza de vigilancia de los acuerdos financieros (FINMA)”. La Resolución recoge una minuciosa argumentación jurídica por parte del Registrador para reiterar su calificación negativa por el motivo ya señalado y la también extensa argumentación que la representación de la entidad desplegó en el correspondiente recurso contra la misma.

 

El recurso es estimado por la DGRN y la calificación revocada. La cuestión debatida se resuelve a favor del reconocimiento de la condición de la entidad depositaria como entidad de crédito a los efectos del artículo 62 LSC y teniendo en cuenta la finalidad que esa norma da al depósito de las aportaciones dinerarias en entidades que certifican la realidad de su desembolso y, por consiguiente, la efectividad e integridad del capital social. Transcribo el párrafo más expresivo de la postura de la DGRN:

 

“Ciertamente, según la legislación española «son entidades de crédito las empresas autorizadas cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en conceder créditos por cuenta propia»; y, concretamente, las siguientes: «a) Los bancos. b) Las cajas de ahorros. c) Las cooperativas de crédito. d) El Instituto de Crédito Oficial» (artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito). Tales entidades, sujetas a la regulación y supervisión prevenidas en el sistema español de entidades de crédito, influido por el Derecho de la Unión Europea y los acuerdos internacionales de la materia, se constituyen en garantes de la realidad del depósito dinerario. Pero, si se tiene en cuenta la exigencia de formulación precisa e inequívoca de toda restricción, no puede concluirse que la aportación dineraria deba ser depositada necesariamente en una entidad habilitada para operar en territorio español. A falta de norma que expresamente lo impida, no puede rechazarse la certificación del depósito expedida por una entidad como la del presente caso, que, según queda acreditado en la escritura calificada, está autorizada para actuar como banco y agente de valores, por lo que es hábil para aceptar depósitos del público a título profesional (vid., en la legislación suiza, el artículo 1 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, de 8 de noviembre de 1934) y está sometida a la supervisión de la Autoridad Suiza de Vigilancia de Mercados Financieros. Sin duda, habida cuenta del carácter y del contenido de la certificación del depósito incorporada en el título calificado (según la cual, entre otros extremos, se condiciona la restitución del depósito a la devolución de la certificación misma), puede concluirse que la entidad que la expide es garante de la certeza del depósito dinerario, de su origen, integridad y destino, de suerte que, a los efectos de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Sociedades de Capital, y de su interpretación teleológica, la realidad del desembolso de dicha aportación dineraria resulta acreditada de modo equivalente al que se verificaría mediante certificación expedida por entidad de crédito española y queda satisfecho razonablemente el objetivo perseguido por el legislador de garantizar la integridad del capital social.”