Calificación registral y recurso.

La Resolución de 25 de octubre de 2017 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) presenta como nota de interés la que cabe describir como doctrina procedimental relativa a la inscripción de determinados acuerdos societarios. Lo que trato de subrayar es que en el caso resuelto no se discutía tanto sobre la legalidad de un determinado acuerdo de una concreta sociedad mercantil, como de la regularidad del procedimiento promovido por determinados socios de una sociedad de capital para obtener, entre otros pronunciamientos, la declaración de nulidad de la inscripción practicada con respecto a los acuerdos de la junta general de la misma.

El asunto parte de la celebración de una junta general en una sociedad anónima, en la que se adoptó el acuerdo de nombrar a un consejero. Este nombramiento fue presentado ante el Registro Mercantil e inscrito. Tres socios de la sociedad interpusieron ante el Registro recurso extraordinario de revisión contra esa inscripción. Alegaban que el acuerdo de nombramiento presentaba defectos derivados de la inobservancia de disposiciones legales y estatutarias, entre las que destacaba la necesidad de un previo acuerdo de ampliación del número de consejeros, que ni se adoptó, ni aparecía en el orden del día de la junta.

El Registrador señaló que el documento presentado –el escrito en el que se plasmaba dicho recurso- no contenía acto inscribible alguno, por lo que no se había practicado operación alguna al respecto. Esta nota dio lugar a que los mismos socios presentaran un nuevo “recurso extraordinario de revisión” ante la DGRN, en virtud de escrito que reiteraba literalmente el previamente presentado ante el Registro Mercantil.

La DGRN llama la atención sobre lo peculiar el caso, en el que no se impugna el contenido del Registro y en el que, en lugar

de utilizar cualquiera de los recursos previstos en la legislación registral, se acude a un recurso previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPA). Ante esa situación “procede analizar si tal recurso es o no aplicable al procedimiento registral, y caso de que lo fuera, si concurren o no los presupuestos legales para su admisibilidad por este Centro Directivo”.

La respuesta comienza recordando la remisión que en materia de procedimiento contiene la propia LPA a favor de la lógica primacía de las normas especiales:

 

“Pero, en cualquier caso, y con independencia de las consideraciones que podrían efectuarse acerca de qué extremos concretos de dicha resultan o no de aplicación al procedimiento registral, en lo que al presente recurso interesa, procede atender a lo previsto en la disposición adicional primera de dicha ley, titulada «especialidades por razón de materia» y que ordena que «los procedimientos administrativos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los trámites previstos en esta Ley o regulen trámites adicionales o distintos se regirán, respecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales”.

Dicho lo anterior, es un principio elemental que la DGRN ha proclamado en numerosas resoluciones (entre ellas las que cita en su apartado 3 la Resolución que reseño) “que sólo puede ser objeto de recurso la nota de calificación negativa de los registradores, pero no los asientos ya practicados”. La nulidad de estos últimos es una declaración que compete a los Tribunales.

Transcribo el párrafo final que expone cuál es el objeto del recurso contra la calificación registral:

“En este sentido este Centro Directivo ha declarado con anterioridad (cfr. Resoluciones citadas anteriormente, entre muchas otras) que el recurso contra la calificación registral es el cauce legalmente arbitrado para impugnar la negativa de los registradores a practicar, en todo o parte, el asiento solicitado (cfr. artículos 66 y 324 de la Ley Hipotecaria) y tiene por objeto, exclusivamente, determinar si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o nulidad del título ya inscrito, ni de la procedencia o improcedencia de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, cualquiera que sea la clase de éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una cancelación; cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales. No cabe instar recurso alguno frente a la calificación positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento. Por ello, de admitirse por esta Dirección General la anulación de un asiento, sería lo mismo que admitir el recurso contra una inscripción realizada y amparada por la legitimación registral”.

 

 

 

Madrid, 22 de diciembre de 2017