Conflicto de interés y validez contractual

La reciente Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2017 (RJ 2017, 1821) viene a ocuparse de una cuestión que ha generado una notable litigiosidad como es la colocación o comercialización de instrumentos financieros. En este caso, se trataba de participaciones preferentes. Los representantes de la inversora alegaban defectos en la información y otros incumplimientos legales y solicitaban la nulidad de los contratos de suscripción o adquisición de las correspondientes participaciones preferentes.

 

En la Sentencia se recuerda por parte de la Sala la que ha sido su doctrina repetida con respecto a los principales problemas jurídicos que la colocación de este tipo de instrumentos ha provocado a nuestros Tribunales. El Tribunal Supremo recuerda al hilo de la desestimación de los sucesivos motivos de casación su doctrina sobre el perfil del inversor, el cumplimiento del deber de información y otros aspectos relevantes para reconocer o no validez a los contratos examinados.

 

Pero como motivo de casación final aparece una cuestión merecedora de especial mención, puesto que hasta ahora el Tribunal Supremo se había ocupado tan solo en una ocasión, salvo error, del problema del denominado conflicto de intereses. Entra en juego en este ámbito el artículo 70 quáter de la Ley del Mercado de Valores (LMV) y su desarrollo reglamentario (v. los artículos 44 y 45 del Real Decreto 217/2008), que resultaban de aplicación. Alegaba la recurrente en casación que se habían infringido todos estos preceptos al no haberse ponderado por parte de la Sentencia de la Audiencia Provincial la existencia de un conflicto de intereses que afectaría a la entidad comercializadora, toda vez que las participaciones preferentes habían sido emitidas por una entidad perteneciente al mismo grupo que la primera.

 

Al respecto, el Tribunal Supremo reitera la posición ya expresada en su Sentencia de 22 de abril de 2016 (RJ 2016, 1834) acerca de que la existencia de un posible conflicto de interés no debe de tener incidencia en la validez de los contratos. La afectación podrá venir como consecuencia de la lesión del derecho de información pero nunca por el propio conflicto de interés. Transcribo los párrafos de la Sentencia que resumen la doctrina jurisprudencial:

 

“2.- El art. 70 quáter LMV impone a las empresas que prestan servicios de inversión el deber de organizarse y adoptar las medidas necesarias para detectar posibles conflictos de interés entre sus clientes y la propia empresa o grupo. Además, deben aprobar, aplicar y mantener una política de gestión de los conflictos de interés que sea eficaz y apropiada a su organización. Los conflictos de interés potencialmente perjudiciales para los clientes aparecen descritos en el art. 44 del RD 217/2008, de 15 de febrero.

 

No obstante, como pusimos de manifiesto en la sentencia 268/2016, de 22 de abril (RJ 2016, 1834) , ‘[a]l margen de la incidencia que la existencia del conflicto de interés puede tener en la apreciación de la validez de la contratación de esos productos financieros, y del posible vicio en el consentimiento, en cualquier caso la eventual infracción del art. 70 quáter nunca determinaría por sí misma la estimación de la demanda, sino, en su caso, las sanciones administrativas previstas en la propia normativa legal’.

 

Como también dijimos en la meritada resolución, ello no impide que en la valoración de los propios deberes legales de información en la prestación de servicios de inversión, regulados en el art. 79 bis LMV, podamos tener en cuenta la existencia de algún tipo de conflicto de interés y la relevancia de su conocimiento respecto de la válida contratación. Pero en todo caso, lo relevante sería que no se hubiera informado a los clientes de los concretos riesgos asociados a la contratación de estos productos financieros.

 

3.- En este caso, incluso aunque considerásemos que existió un conflicto de intereses, dado que la entidad emisora y la comercializadora pertenecían a un mismo grupo empresarial, ello no ha determinado que se incumplieran los deberes de información al cliente, ni que éste prestara su consentimiento por error vicio. Por lo que el pretendido conflicto de intereses sería irrelevante desde el punto de vista de la validez contractual debatida en este procedimiento”.