La CEOE y la producción normativa en 2016

Desde hace algunos años la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) viene publicando un Informe que analiza cuál ha sido la actividad legislativa durante el periodo anual examinado y la incidencia que ello pueda tener sobre la actividad de las empresas. En el ámbito mercantil se ha debatido con gran intensidad la relación existente entre lo que podríamos llamar la proliferación legislativa (que en algunos casos permite afirmar, tomando la expresión del Derecho administrativo, que padecemos una genuina “motorización” legislativa) y la calidad de las normas. Lo que anima a la CEOE al hacer estos informes es, según señala en la introducción del Informe que reseño, poner de manifiesto en qué medida las empresas se enfrentan a un nivel de regulación muy elevado que, en opinión de dicha organización, generan un marco normativo, denso y complejo, que provoca distorsiones en el mercado y un alto nivel de cargas administrativas.

 

Cualquier observador de nuestra realidad no ya legislativa sino simplemente política comprenderá cuál es la principal conclusión del Informe referido al año 2016. Porque si tomamos en cuenta la referencia a los datos obtenidos a partir del Boletín Oficial del Estado, el Informe señala que en 2016 se aprobaron 436 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal. Ese resultado supone un descenso de un 50,7% con respecto a la actividad legislativa en 2015. La razón es conocida por todos: hemos asistido durante 2016 a una situación política condicionada por la prolongación del periodo del Gobierno en funciones desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2016. Esa es sin lugar a dudas la principal razón que explica que en 2016 hayamos asistido a una evidente moderación en el ritmo de producción legislativa.