Impugnación de acuerdos sociales, Juzgado territorialmente incompetente y caducidad de la acción

Dispone el artículo 18.3 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas:

 

“3.- Los Estatutos establecerán los procedimientos sancionadores y los recursos que procedan, respetando las siguientes normas:

a) La facultad sancionadora es competencia indelegable del Consejo Rector.

b) En todos los supuestos es preceptiva la audiencia previa de los interesados y sus alegaciones deberán realizarse por escrito en los casos de faltas graves o muy graves.

c) El acuerdo de sanción puede ser impugnado en el plazo de un mes, desde su notificación, ante el Comité de Recursos que deberá resolver en el plazo de dos meses o, en su defecto, ante la Asamblea General que resolverá en la primera reunión que se celebre.

Transcurridos dichos plazos sin haberse resuelto y notificado el recurso se entenderá que éste ha sido estimado.

En el supuesto de que la impugnación no sea admitida o se desestimase, podrá recurrirse en el plazo de un mes desde su no admisión o notificación ante el Juez de Primera Instancia, por el cauce procesal previsto en el artículo 31 de esta Ley.

 

La naturaleza de ese plazo y el debate en torno a su caducidad ocupan a la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2016 (RJ 2016\2965). El único motivo del recurso de casación planteado abordaba el significado interruptivo de la caducidad de la presentación de la demanda de impugnación ante un Juzgado territorialmente incompetente. El Juzgado de lo mercantil de Murcia ante el que se presentó inicialmente la demanda declaró  su falta de competencia territorial y se inhibió a favor del Juzgado de lo mercantil de Elche. Iniciado el procedimiento ante éste, se alegó por la sociedad demandada la caducidad de la acción por haberse superado el plazo de un mes previsto en la disposición transcrita. El Juzgado desestimó la excepción de caducidad y estimó la demanda. La apelación contra su Sentencia se tradujo en otra de la Audiencia Provincial de Alicante que, entre otros pronunciamientos, consideró que la acción había caducado.

 

El motivo de casación:

 

“El único motivo de casación cita como infringido el  artículo 18.3  de la  Ley 27/99 (RCL 1999, 1896), de Cooperativas, y basa el interés casacional en la jurisprudencia contradictoria de Audiencias, en concreto, entre la sección 1.ª A.P. Cuenca, sentencias de 99/09 de 13 de mayo, rec. 84/09 y 133/09 de 16 de junio, rec. 89/09, en las que se mantiene que basta con la presentación de la demanda ante la jurisdicción ordinaria, aunque luego el juzgado no resultase territorialmente competente, a efectos de excluir la prescripción de la acción, y la sección 8.ª de Alicante, sentencias 144/14 de 19 de junio (recurrida ) y 11/12 de 13 de enero, rec. 702/11 que mantiene la tesis de que la presentación de una demanda ante un Juzgado carente de competencia objetiva no tiene incidencia en materia de caducidad.

 

El núcleo del razonamiento del Tribunal Supremo se contiene en los párrafos que siguen:

 

Se hace preciso distinguir a estos efectos entre falta de competencia objetiva y falta de competencia territorial. Es cierto que cuando la fijación de la competencia territorial está prevista en normas legales imperativas, o sea cuando se trata de alguno de los supuestos que se recogen en el  artículo 52  LEC en relación con el 54.1, la ley prevé el control de oficio por parte del órgano jurisdiccional de acuerdo con el procedimiento del  artículo 58  LEC, según el cual el tribunal, inmediatamente después de presentada la demanda, examina la competencia y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si considera que no es competente, dicta auto declarándolo así y remitiendo las actuaciones al tribunal que considere territorialmente competente, de modo que si fuesen de aplicación fueros electivos se requerirá al demandante para que designe el órgano jurisdiccional al que solicita que se efectúe la remisión.

 

En definitiva el tratamiento procesal de la competencia territorial establecida por la ley con carácter forzoso es semejante al previsto en el  artículo 48  LEC para la competencia objetiva, aunque no idéntico. La falta de competencia objetiva -a que se refieren fundamentalmente las resoluciones que se citan por la sentencia impugnada- determina la nulidad de pleno derecho de lo actuado (artículo 238.1 LOPJ) mientras que la falta de competencia territorial no, por lo que la Ley ha previsto que el examen de la competencia territorial se lleve a cabo por el tribunal una vez presentada la demanda, de forma inmediata, y antes de su admisión (artículos 404 y 440).

 

En consecuencia la infracción de las normas sobre determinación de la competencia territorial en el momento de interponer la demanda no comporta la nulidad de lo actuado, sino la remisión de actuaciones al órgano territorialmente competente siendo válidas las realizadas con anterioridad.

 

De lo que resultó la estimación el recurso:

 

De lo anteriormente expresado se desprende la necesaria estimación del recurso pues la presentación de la demanda se realizó cuando aún no se había cumplido el plazo de caducidad y, como esta sala ha entendido procedente en casos similares al presente, procede la devolución de los autos a la Audiencia recurrida a efectos de que, descartada la caducidad de la acción, entre a conocer del fondo del recurso de apelación formulado contra la sentencia de primera instancia.

 

Más allá del caso concreto, el interés de la doctrina jurisprudencial radica en su validez para cualquier procedimiento de impugnación de acuerdos sociales, siendo manifiesto que el plazo de impugnación más amplio que contempla la Ley de Sociedades de Capital (un año que fija el art. 205.1) impedirá en no pocos casos que, presentada la demanda ante el Juzgado que resultaba territorialmente competente (previa inhibición del que no lo era), se llegara siquiera a cuestionar el agotamiento de ese plazo.