La agenda legislativa europea 2016

La parálisis legislativa en la que vivimos como consecuencia de la situación política española contrasta con la “motorización” de no pocos aspectos de la legislación mercantil que se produjo en los años post crisis. En coincidencia con ello asistimos a un replanteamiento del impulso legislativo europeo, que si ya se adivinaba de hecho ante la ralentización de no pocas iniciativas legislativas en distintas materias, se ha formalizado de manera expresa con ocasión de la presentación por el Presidente Jean Claude Juncker de su mensaje sobre el Estado de la Unión Europea (IP/16/3014). Los aspectos esenciales del nuevo planteamiento se deducen de la nota de prensa que conduce a los documentos esenciales del programa normativo.

 

Al margen de los grandes términos –“better regulation”, “being big on the big things”- lo que se adivina es una concentración en objetivos de contenido político, acordes con la propia crisis que acompaña al proyecto europeo y su necesaria redefinición:

 

“At the start of its mandate, the Juncker Commission made clear that it would change what it is doing and how it does it, by focusing the Commission’s action on those issues that really matter to people, being big on the big things where European action is most necessary and leaving the Member States to take responsibility where national action is more appropriate.

 

 

The Commission has significantly reduced the scale of its annual Work Programmes, counting 23 new priority initiatives and packages in 2015 and 23 again in 2016. It has focused its efforts on major initiatives with high EU added value: boosting investment, responding to the refugee crisis, strengthening borders, combatting climate change, fostering innovation through a digital single market, building an energy union, and combatting tax evasion and avoidance.

 

Consistent compliance with EU laws also matters to citizens. The Commission puts particular emphasis on those infringements that have a significant impact on the attainment of important EU policy objectives”.

 

Es cierto también que en no pocos casos la legislación europea aplicable a determinados sectores ha alcanzado un notable desarrollo y que lo que queda es o bien la competencia de su aplicación por los Estados miembros, o bien normativa delegada que deben aprobar las instituciones europeas creadas en cada uno de los mercados afectados.

 

Lo que parece incuestionable y se confirmará en el corto plazo es que algunos proyectos que en los últimos años estaban en el centro de la agenda normativa europea han quedado arrumbados.