La (dudosa) relación entre la igualdad de trato y el derecho de información

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2015 (RJ 2015, 3932) presenta dos motivos de interés. En primer lugar, el análisis de un motivo de casación en el que se plantea la relación entre el principio de igualdad de trato que acoge el artículo 97 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) y el ejercicio del derecho de la minoría de solicitar la convocatoria de junta general y el derecho de información del socio. En segundo término, la Sentencia se adentra en el ejercicio de derechos de minoría y derechos de socio en el marco de la junta general de una sociedad, cuando se proyectan sobre hechos que afectan a una sociedad filial íntegramente participada por la primera.

 

En el presente supuesto un socio minoritario (relativamente, puesto que ostentaba casi el 49% del capital social) requirió la convocatoria de junta general extraordinaria con un determinado orden del día. A esa solicitud respondió el consejo de administración convocando junta general extraordinaria con un orden del día que en algunos puntos reflejaban –si bien no de manera literal- lo solicitado por el accionista minoritario. Éste interpuso demanda que fue parcialmente estimada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo. Recurrida en apelación su Sentencia, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación de la sociedad demandada. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación por considerar que se produjo una infracción del derecho de información.

 

El primer motivo de casación denunciaba la infracción del artículo 97 LSC (en realidad de su precedente artículo 50 bis LSA). No constan ocasiones anteriores en las que el Tribunal Supremo se haya adentrado de forma específica en la naturaleza y el significado de dicho precepto. La STS de 12 de noviembre de 2014 (RJ 2014, 6461) se ocupaba de la compatibilidad de ese principio con una cláusula estatutaria que incidía sobre el derecho de voto. En el supuesto que motiva esta entrada, la infracción de la exigencia legal de un trato paritario vendría dada por el hecho de permitir que no se acepten determinados puntos del orden del día que propone la minoría por su naturaleza esencialmente informativa cuando la mayoría del capital (el órgano de administración) introduce un punto con esa misma naturaleza.

 

El motivo lo desestima el Tribunal Supremo sobre la base de dos consideraciones: la igualdad de trato guarda relación con los derechos, privilegios y prohibiciones a que se refieren los preceptos que preceden al artículo 97 LSC; por otro lado, la minoría propuso puntos que correspondían a una sociedad filial, mientras que la mayoría lo hacía sobre materias propias de la sociedad demandada, de manera que no puede hablarse de discriminación cuando se parte de puntos de distinta naturaleza. Para una mayor precisión transcribo el fundamento jurídico quinto:

 

“El motivo se desestima por las razones que se exponen a continuación:

 

1. Nada tiene que ver el artículo invocado en el motivo, si no es con los derechos, privilegios y prohibiciones a que se refieren los artículos que le preceden en relación a la diversidad de derechos (art. 94.II), a las distintas clases de acciones y series, o la creación de participaciones o acciones privilegiadas frente a las ordinarias (art. 95 LSC (RCL 2010, 1792 y 2400)) o las prohibiciones en materia de privilegios (art. 96 LSC). Cierra el Capítulo II, Sección 1ª, del Título IV, sobre los derechos del socio, con el citado art. 97 LSC (antes, art. 50 bis   LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206)), proclamando el principio de igualdad de trato a los socios que se encuentren en condiciones idénticas, pero refiriéndose a cuando se encuentren en los concretos supuestos contemplados en los artículos anteriores.

2. Por el contrario, el recurrente centra su impugnación, con base en el artículo invocado, en el trato discriminatorio que dispensa la sentencia recurrida a los socios minoritarios a quienes no reconoce el derecho a exigir que se incluya o se debata en la Junta determinados puntos en el orden del día, y sí a los propuestos por la mayoría. Nada tiene que ver este precepto, como se ha dicho, sino con el derecho ejercitado conforme al art. 100 LSA (hoy, art. 168 LSC) sobre el derecho de la minoría a solicitar la convocatoria de Junta General y el derecho de información del socio, según el art. 112 LSA (art. 96 LSC), que son objeto de motivos independientes en el presente recurso de casación.

3. Por otra parte, el punto primero del orden del día incluido por el consejo de administración hace referencia a materias propias de la sociedad demandada (Fugisa), mientras que los que la Junta acordó no eran de su competencia, hacen referencia a una sociedad ajena, por lo que no cabe alegar discriminación de trato de accionistas cuando los puntos son de distinta naturaleza o pertenecientes a distintas sociedades. Esta y no otra es la razón por la que el Tribunal entendió que debía tratarse el punto primero del orden del día (propuesto por la mayoría) y justificó que no se trataran los puntos 4º, 5º, 6º y 9º (propuestos por la minoría), al corresponder a una sociedad filial.

 

Como ya indiqué, el Tribunal Supremo considera infringido el derecho de información y la doctrina jurisprudencial que lo delimita por la Sentencia recurrida cuando ésta afirmó que no cabe un válido ejercicio de tal derecho con respecto a cuestiones que tengan naturaleza meramente informativa o deliberativa. Este motivo se fundamentó principalmente en las SSTS de 16 de enero de 2011 (RJ 2012, 177), 13 de junio de 2012 (RJ 2012, 1888) y 13 de diciembre de 2012 (RJ 2013, 374). La segunda de tales Sentencias es transcrita en la que aquí comento en el sentido de rechazar la pretensión de limitar el derecho de solicitar la convocatoria de la junta con respecto a asuntos destinados a obtener información, puesto que lo contrario permitiría a los administradores imponer una opacidad sobre materias que no se sometieran a acuerdos de la junta, en contra del deber de transparencia que debe observar “quien gestiona bienes ajenos”.

 

Singular relevancia tiene el respaldo que da el Tribunal Supremo a la pretensión de obtener información sobre cuestiones que afectan a una sociedad íntegramente participada (fundamento séptimo):

 

“En el presente supuesto, a una minoría cualificada del 48,79 por ciento del capital social de la demandada, no podía negarse a los actores la información solicitada bajo el pretexto de que la Junta considerara que no era de su competencia. Tratándose la sociedad sobre la que se solicita información, Gijonesa de Cementerios SAU, de una sociedad participada íntegramente por la demandada, no existen razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales, o contrarios al interés social, tanto menos cuando, ostentando Gijonesa de Cementerios, SAU la condición de sociedad unipersonal, sus decisiones son del socio único que ejerce las competencias de la junta general pudiendo ser ejercitadas y formalizadas por el propio socio o por los administradores de la sociedad.

De admitirse la tesis de la sentencia recurrida, la sociedad unipersonal, cuyo objeto social es complementario al de la sociedad demandada, puede adoptar decisiones a través de sus administradores, sustrayendo una información relevante a accionistas de la sociedad demandada que ostentan nada menos que un 48,79 % del capital social, manteniendo ocultos unos acuerdos (decisiones) que suponen, entre otras cuestiones, (1ª) relevar en el cargo de consejeros de la citada filial a quienes ostentan una participación significativa en la sociedad matriz; y, (2ª) modificar el objeto social, ampliándolo, en actividades que correspondían a la matriz o a otra sociedad Flores Cabueñas, S.A. (destinada a los socios de segunda generación).

 

La estimación del recurso de casación llevó al Tribunal Supremo a revocar la SAP de Asturias y a confirmar la Sentencia de primera instancia “obligando a la sociedad a que convoque nueva junta para tratar los puntos sobre los que entendió no eran de su competencia”.