Las conclusiones de los Jueces Decanos

Se han hecho públicas las Conclusiones de las XXVI Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España, elaboradas con ocasión del reciente encuentro que tuvo lugar el pasado mes. Es un documento amplio, que ofrece la visión de nuestra Administración de Justicia desde la perspectiva autorizada de quienes pilotan una parte muy importante de la misma (puesto que los Decanos representan a más de 2000 jueces distribuidos por toda España). Un documento de lectura recomendable para quienes estén interesados en conocer ese diagnóstico y las soluciones propuestas. Me limitaré a transcribir parcialmente los apartados que me parecen más significativos para la actividad económica y mercantil.

 

Comencemos con la denuncia de la excesiva litigiosidad y las medidas que se proponen para acotarla:

 

“c) Control de la litigiosidad. En este sentido, es preciso, por ejemplo, valorar si no se evitarían innumerables pleitos si se dispusiera de informes periciales neutrales (por designación judicial) previos a la vía judicial como introdujo el legislador en la Ley 35/2015, la indudable necesidad de limitar la cadena de recursos en asuntos de escasa cuantía o en trámites interlocutorios, si se posibilitara el rechazo inicial de pretensiones carentes de fundamento y la sanción de pretensiones abusivas o temerarias, o la introducción en determinados ámbitos del “pleito testigo, y sobre todo, potenciar los sistemas alternativos de resolución de conflictos o ADR (mediación y arbitraje, especialmente el arbitraje de consumo) o el principio de oportunidad en materia penal, entre otras medidas. En este punto proponemos un paso más en la regulación de la mediación, pues consideramos insuficiente la regulación actual. En concreto, imponer legalmente la obligación de acudir a la sesión informativa en determinados asuntos, por ejemplo de familia: lo que no se conoce, no se elige”.

 

Era previsible una referencia a la acumulación o “aluvión” de determinados procesos que se han producido, por ejemplo, con respecto a contratos financieros. No podemos convivir con un bombardeo permanente de publicidad de abogados que animan a litigar y no prever lo que ello supondrá para los juzgados competentes:

 

“i) Establecimiento de mecanismos procesales y organizativos que permitan afrontar con eficacia y celeridad la entrada masiva de demandas. La jurisprudencia del TJUE ha supuesto indudablemente mayor concienciación de los derechos de los consumidores que en contrapartida ha generado aluviones de demandas que se han contado por decenas de miles en ciertos partidos judiciales. Es necesario que el proceso español se adapte debidamente a las directrices que ha desarrollado el TJUE en materia de consumo desde el año 2000 y que exista una cierta previsión organizativa y mecanismos procesales adecuados para afrontar estas situaciones, al tiempo que deben sin duda potenciarse los mecanismos alternativos de solución de conflictos (ADR), como lo es el arbitraje de consumo, en la línea que marca la Directiva 2013/11/UE sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que por cierto debería haber sido traspuesta al ordenamiento español el pasado mes de julio de 2015″.

 

Aunque sea un párrafo muy amplio, es del máximo interés la relación que se aborda en el siguiente párrafo entre la Justicia y la Economía:

 

“c) La Justicia como elemento dinamizador de la economía.- A pesar de que el sistema judicial ha estado siempre alejado de los análisis económicos, nadie duda hoy, en cualquier país desarrollado, de la enorme relevancia de la Administración de Justicia como elemento para dinamizar la economía, para impulsar el intercambio de bienes y servicios. Es más, los expertos aseguran que allí donde el sistema judicial es más fuerte y seguro, afluirá el crédito y la inversión. Por tanto, la eficacia del sistema judicial es un factor de primer orden a tener en cuenta para favorecer la competitividad de los Estados, en este caso de España. Es más, el Consejo de la UE ha establecido que la calidad de los sistemas judiciales es uno de los elementos de coordinación en los programas de desarrollo económico de los países europeos. Como hemos señalado los Jueces Decanos de toda España, un sistema judicial ágil favorece la seguridad jurídica y por ende la inversión interna y extranjera. De hecho, uno de los primeros parámetros que analizará con sumo interés una empresa extranjera es la solidez del sistema judicial y la seguridad jurídica del país donde se pretende invertir. En este sentido basta reseñar un dato para evidenciar la trascendencia de la maquinaria judicial en la economía: según los últimos datos del CGPJ correspondientes a 2014, los movimientos (ingresos y devoluciones) en las cuentas de consignaciones judiciales en toda España han ascendido a más de 16.000 millones de euros, suma que aun siendo muy elevada, no hay que olvidar que se refiere a una mínima parte de los procesos que se tramitan en nuestro país, pues la mayoría de las resoluciones judiciales no conllevan consignación en las cuentas de los juzgados. Algunos expertos afirman que los intereses en juego en la Justicia pueden ascender a más de 50.000 millones de euros. En el sistema judicial actual, estas inmensas sumas de dinero están atrapadas en miles de procesos interminables, se hallan en dique seco mientras pende de la decisión del juez, frecuentemente durante años si contamos las diversas instancias. Por tanto, este dinero no fluye, no se reinvierte y no genera riqueza mientras esta “judicializado”; no puede ser que tal potencial económico quede congelado en la Justicia, que debería ser precisamente un acicate para engrasar la maquinaria económica, para fijar y dar satisfacción y salida a los créditos, a las transacciones controvertidas, en un plazo razonable, fijando y declarando derechos. Debe pues darse una respuesta rápida a las situaciones litigiosas “congeladas” en los tribunales. Una respuesta tardía puede tener efectos económicos devastadores, puede, por ejemplo, hundir una empresa a la que se deba una importante suma, sobre todo si es pequeña o que acabe siendo liquidada en un proceso concursal, o que desaparezca antes de que se le reconozca su derecho a la segunda oportunidad o extinción de sus deudas en casos excepcionales. La Justicia no puede ser un problema para la economía, al contrario, debe ser la solución, debe contribuir al desarrollo y al normal desenvolvimiento de las relaciones económicas, dicho de otro modo, debe contemplarse como instrumento para contribuir al flujo económico sin paralizar las transacciones más que el tiempo estrictamente necesario. Recientes informes del Banco de España subrayan que la Justicia tiene una influencia directa en el mercado inmobiliario, la disponibilidad de crédito, la morosidad, la subsistencia o la creación de nuevos negocios por parte de los emprendedores, que pueden verse afectados por el buen o mal hacer de los órganos judiciales, y se ponen de manifiesto toda una serie de evidencias que muestran, en definitiva, que invertir en Justicia repercute finalmente en la buena evolución de la economía y los mercados. Ante todo ello la pregunta es obligada: ¿para cuándo una inversión suficiente en Justicia que repercuta en beneficio de la economía?”.

 

Otro problema tan grave como clásico es el colapso de determinados Juzgados, entre ellos los mercantiles:

 

“d) Urge una solución inmediata para los Juzgados de lo Mercantil, de 1ª Instancia y de lo Social. A propósito de la influencia de la Justicia en la economía, cabe destacar que la entrada masiva de asuntos en el ámbito civil, mercantil y laboral han saturado a los Juzgados de dichas jurisdicciones – fundamentales en el ámbito económico- hasta el punto que los señalamientos se han demorado en algunos casos hasta fechas insoportablemente lejanas siendo especialmente lamentable la situación de los Juzgados de lo Social, que bien puede calificarse de “crítica”. El 93% de los Juzgados de lo Mercantil, el 95% de los Juzgados de 1ª Instancia y el 97% de los Juzgados de lo Social superan el 150% del indicador de entrada adecuada de asuntos del CCPJ. Esta situación produce desánimo, sobre todo por la inacción y porque, al final, están en juego los derechos ciudadanos y en ocasiones la propia subsistencia de quien acude a los tribunales, de su familia o de una empresa. Año tras año se denuncia la situación, incluso existen informes del CGPJ que señalan los Juzgados necesarios que deberían crearse, pero todo sigue igual y no se adoptan soluciones más allá de refuerzos coyunturales”.

 

Finalmente, last but…, un párrafo demoledor para una de las reformas concursales más destacadas, como fue la de la denominada segunda oportunidad:

 

“d. Especial referencia Ley de Segunda Oportunidad. La Ley de Segunda Oportunidad es una ley absolutamente fracasada, lo cual es grave, sobre todo cuando generó falsas expectativas a millones de ciudadanos. Las cifras son elocuentes: sólo 344 concursos de persona física no empresario en el primer semestre de 2016, que no llegaron a 600 en 2015, cuando en Francia o Alemania se superan ampliamente los 100.000 concursos de persona física al año. Hemos sido los últimos de Europa en regular la segunda oportunidad y lo hemos hecho de forma timorata, hasta el punto que la Ley no ha tenido incidencia alguna, no ha servido para recuperar a miles de personas situadas en el ostracismo civil debido a sus deudas y que podrían iniciar una nueva vida como emprendedores, generar riqueza y contribuir al sostenimiento de los servicios públicos con sus tributos. Y además la regulación es muy compleja y el proceso laberíntico, alejándonos de la agilidad y sencillez que recomendaba la UE. Para un jurista no hay mayor fracaso que una ley inútil. Urge por tanto la reforma de la Ley Concursal en este punto y regular una verdadero sistema de exoneración de deudas siempre que se trate lógicamente de deudores responsables y de buena fe, arbitrando un sistema más sencillo eludiendo el laberinto concursal, extendiendo la posibilidad de exoneración a las deudas públicas, definiendo de manera más estricta el concepto de deudor de buena fe y fomentando el crédito responsable, haciendo de peor condición al acreedor irresponsable, como sucede en Francia, en la línea de la Directiva 2014/17 cuyo plazo de transposición ha transcurrido”.