No procede la rescisión de hipoteca que se justifica en las relaciones intragrupo de la concursada

Son varios los aspectos en los que la doctrina jurisprudencial relativa a la Ley Concursal (LC) ha adquirido una importancia decisiva. Uno de ellos es el régimen de las acciones de reintegración reguladas en el artículo 71 y siguientes LC. En esta materia se inserta la Sentencia de 1 de marzo de 2017 (RJ 2017, 2366) que se ocupa de la aplicación de dicha acción de reintegración ante la constitución de una hipoteca por una sociedad que posteriormente fue declarada en concurso. En este supuesto, además, nos encontramos con un motivo adicional de interés porque la constitución de la garantía se inserta en los que de una manera simple cabe describir como la financiación de un grupo de sociedades.

 

En cuanto a los hechos, partiendo de los que recoge de manera detallada el fundamento jurídico primero de la Sentencia cabe resumirlos de la siguiente forma:

 

1.- La sociedad TAS era titular del 100% del capital de MECSA.

 

2.- En julio de 2011 se formalizaron dos préstamos concedidos por una entidad de crédito a TAS. La devolución de los préstamos fue afianzada por su filial MECSA, que además constituyó una hipoteca sobre un inmueble de su propiedad.

 

3.- Antes de esa operación, en fechas cercanas a la misma y en algún momento posterior, TAS había garantizado los préstamos y créditos concedidos por distintas entidades bancarias a su filial MECSA.

 

4.- En marzo de 2012 MECSA fue declarada en concurso.

 

La administración concursal solicitó la rescisión de la hipoteca referida en el apartado 2 anterior, por entenderla realizada a título gratuito, dado que MECSA no había recibido contraprestación alguna por la constitución de una garantía real sobre un bien de su propiedad, lo que conducía a la aplicación del artículo 71.2 LC. El Juzgado de lo Mercantil de Oviedo desestimó la demanda: negó la gratuidad de la hipoteca al haber existido previas operaciones en las cuales TAS había afianzado solidariamente préstamos de la concursada MECSA sin aparente prestación.

 

Interpuesto el recurso de apelación, fue rechazado por la Audiencia Provincial de Asturias. Siguiendo la Sentencia del Tribunal Supremo, transcribo dos referencias a la misma:

 

“…la sentencia de apelación advierte que las dos sociedades, TAS y MECSA, formaban parte de un grupo y que la constitución de la garantía hipotecaria por parte de MECSA, además de ser contextual a la concesión de los dos préstamos a favor de TAS, no podía analizarse aisladamente, sino en el contexto de las operaciones de financiación del grupo, en las que destacaba que los créditos y préstamos bancarios concedidos a favor de MECSA eran afianzados por TAS.

 

Al respecto y, sobre todo, en relación con el primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, resulta muy ilustrativa la última argumentación con la que concluye la desestimación del recurso:

 

(…) lo que encontramos finalmente de los datos admitidos como ciertos es que la filial MECSA, en el período de tiempo comprendido entre los años 2006 y 2012, acudió a obtener financiación externa de una manera reiterada por un total de 3.903.000 euros, disponiendo en cada una de tales operaciones del aval constituido por la sociedad dominante TAS, todo lo cual debe ser valorado como una contribución patrimonial por parte de esta última a la consecución de tal financiación y con ello a posibilitar que MECSA pudiera continuar operando en el mercado. Es en este contexto, y no de manera aislada, donde debe ser enmarcada la operación ahora enjuiciada por la cual MECSA procede el 26 julio 2011 a constituir una garantía real y una fianza personal para responder de los préstamos solicitados por TAS por un importe total de 763.500 euros, pues el conjunto de circunstancias descritas conduce a entender que entre ambas sociedades ha existido un flujo recíproco de garantías en términos suficientes para poder aceptar la onerosidad de esta última operación”.

 

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación formulado en torno a un único motivo que denunciaba que la sentencia de apelación no había aplicado correctamente el artículo 71 LC y se había alejado de la doctrina jurisprudencial. Antes de explicar los criterios que llevan al Tribunal Supremo a desestimar el motivo, interesa destacar que tanto en el planteamiento como en la resolución del mismo se cita un amplio número de sentencias que pone de manifiesto, como señalaba al principio de esta entrada, el alcance e interés de la doctrina jurisprudencial debatida.

 

El debate jurídico se centra en el carácter rescisorio de una garantía, operación que puede considerarse bajo determinadas circunstancias un acto de disposición gratuito y que podría dar lugar a la presunción de perjuicio esencial para la aplicación del artículo 71.2 LC. La Sentencia que reseño advierte que la doctrina del Tribunal Supremo está contenida en la Sentencia de 30 de abril de 2014 (RJ 2014, 2907), que el propio Tribunal Supremo señala como la referencia en la materia. Remito a los interesados al cuidado comentario jurisprudencial de la precedente sentencia que elaboró GARCÍA VICENTE, J. R., “Comentario a la Sentencia de 30 de abril de 2014”, CCJC 96/2014, p. 675 y ss.

 

Transcribo los párrafos que resumen esa doctrina jurisprudencial:

 

“En la actualidad, en el caso de constitución de una hipoteca para garantizar una deuda ajena, para determinar cuándo la causa es onerosa o gratuita, la jurisprudencia tiene en cuenta si la concesión de la garantía es contextual a la concesión del crédito garantizado.

 

Cuando la concesión de la garantía es contextual, la jurisprudencia entiende que no lo es a título gratuito. En realidad, se trata de una presunción, porque cabría contradecirla si se acreditara que la garantía fue prestada del todo espontáneamente, de modo que el crédito habría sido concedido sin ella.

 

Por el contrario, cuando la garantía se hubiera concedido después del nacimiento de la obligación, y por ello no fuera contextual, debe entenderse que la causa es la mera liberalidad, salvo, lógicamente, que se acredite que la garantía se prestó a cambio de una contraprestación o ventaja”.

 

A lo anterior se suma la transcripción literal del párrafo de la Sentencia de 30 de abril de 2014 que explica cuándo puede entenderse que la constitución de una garantía es coetánea o contextual, lo que excluye la gratuidad:

 

“Tradicionalmente se ha venido considerando que la garantía a favor de un tercero puede constituirse a título gratuito o a título oneroso. El art. 1823 del Código Civil (LEG 1889, 27) prevé esta dicotomía respecto de la fianza […]. La garantía a favor de tercero se constituye a título oneroso cuando el acreedor, como equivalencia de la garantía prestada, se obliga a una determinada prestación a favor del garante o del deudor principal, que si resulta incumplida permitirá al garante liberarse de su obligación de garantía. Salvo prueba en contrario, la constitución de la garantía coetánea o contextual con el nacimiento del crédito garantizado se entenderá correspectiva a la concesión de este y por tanto onerosa, pues el acreedor concede el crédito en vista de la existencia de la garantía, es decir, recibe como correspectivo conjunto de su crédito la promesa de pago del deudor y la garantía del tercero”.

 

El Tribunal Supremo consideró que tal era la naturaleza de la hipoteca debatida, señalando su conformidad con el criterio expresado por la Audiencia Provincial:

 

“Como afirmamos en la sentencia 100/2014, de 30 de abril, habrá que valorar ‘si ha existido alguna atribución o beneficio patrimonial en el patrimonio del garante que justifique razonablemente la prestación de la garantía’. Teniendo en cuenta que ‘no ha de ser necesariamente una atribución patrimonial directa como pudiera ser el pago de una prima o precio por la constitución de la garantía. Puede ser un beneficio patrimonial indirecto’.

 

La Audiencia ha entendido, de forma razonable, que la constitución de la hipoteca se encuentra justificada por las garantías que a su vez la matriz TAS había concedido y siguió concediendo durante ese tiempo, para hacer posible que MECSA pudiera acceder a la financiación externa. En concreto, según ha quedado probado, en ese tiempo el crédito financiero recibido por MECSA que fue a su vez afianzado por TAS ascendía a un total de 3.903.000 euros. De tal forma que la ventaja o el beneficio venía representado porque a su vez TAS facilitaba la obtención de financiación externa”.

 

Con esta sentencia de 31 de marzo de 2017 vuelve el Tribunal Supremo al interesante ámbito de validez de las garantías en el marco de las relaciones intragrupo. De su razonamiento jurídico se desprende la relevancia que en la solución concursal a la eventual rescisión de esas garantías cobra que hayan podido desarrollarse entre las sociedades vinculadas operaciones que ilustran ventajas compensatorias, en este caso plasmadas en una financiación múltiple en la que las cargas que una sociedad soporta en una determinada operación, se ven compensadas por los beneficios que ha recibido o recibe en otras operaciones de similar naturaleza, siendo todas esas operaciones expresión de la política de dirección unitaria.

 

Retomo el párrafo que incluía el comentario de García Vicente antes citado, en relación con la Sentencia que he reseñado:

 

“En suma, se traslada a sede concursal la doctrina del Derecho de grupos de las «ventajas compensatorias» que exige proporción entre las ventajas (cualquiera que sea su naturaleza) y el sacrificio (véase, la SAP Asturias, sección 1ª, 31 marzo 2014 [AC 2014, 601] ). Doctrina que enlaza con la relativa a las instrucciones perjudiciales para la filial pero valiosas para el grupo y que, por eso, deben ponderarse de modo conjunto. Sobre la doctrina de las ventajas compensatorias, por todos, Mónica Fuentes Naharro: Grupo de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria), Cívitas, Madrid, 2007, en particular son de extraordinario interés las pp. 148-195. En este punto son relevantes la SAP Madrid, sección 28ª, 20 abril 2012 (JUR 2012, 177366) y, sobre todo, la SAP Barcelona, sección 15ª, 21 junio 2013 (AC 2013, 1513) , sobre acción social de responsabilidad por instrucciones lesivas para el interés de una sociedad por otra de su grupo, donde se plantea el alcance del llamado interés de grupo, la sujeción a un poder de dirección unitario, así como la colisión entre el interés singular de cada sociedad y el interés de grupo (que determina, también, el deber de lealtad de los administradores)”.