Esperando a MIFID2

Cuando se aprobó el vigente Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores (TRLMV), por medio del Real Decreto legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ya se atisbaba en el horizonte la obligación de adoptar nuevos cambios como consecuencia de la necesaria incorporación completa a nuestro ordenamiento de la nueva regulación europea, encuadrada bajo la etiqueta “MIFID2”. Basta con consultar la introducción del TRLMV para encontrar en sus párrafos finales referencias a esa tarea pendiente que se decía que iba a ser abordada “a lo largo de los próximos meses”, con mención de distintas disposiciones europeas de necesaria consideración, entre las que aparecía la Directiva 2014/65/UE de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros, que es la que va a tener un especial impacto en nuestra legislación.

 

La trasposición de esta Directiva debiera haberse completado en julio de 2016. No se ha producido en el caso español, al igual que acontece en un buen número de Estados miembros, como alertaba una reciente crónica en Expansión cuyo desencadenante es el anuncio por la Comisión del ejercicio de las acciones correspondientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir de ese incumplimiento.

 

La crónica de Miguel Roig en el diario económico mencionado explica con detalle las razones alegadas por el Gobierno español (vinculadas con la situación política vivida en los últimos años y su repercusión en la agenda legislativa), así como las invocadas por otros Estados en situación similar. Sin perjuicio de ello, es manifiesto que una reforma normativa de especial calado para los mercados financieros (por tratarse de un rediseño de la legislación a la vista de la experiencia de la crisis financiera y de la conflictividad vinculada a no pocos instrumentos financieros) no se ha completado en no pocos Estados miembros, que bien se han limitado a una trasposición parcial, o bien no han iniciado esa trasposición.

 

Madrid, 16 de noviembre de 2017