Prescripción de la acción y responsabilidad del abogado

Uno de los conceptos más destacados en materia de responsabilidad profesional de un abogado es el de la pérdida por el cliente de la oportunidad procesal. El criterio que permite conectar ese resultado con la actuación del letrado varía en función del hecho que condujo a que el cliente a quien correspondía la posibilidad de demandar, recurrir o realizar cualquier otra actuación decisiva para la defensa de sus derechos, terminara por no hacerlo como consecuencia de la acción o inacción de su abogado.

 

En el caso que motivó la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 9ª) de 12 de mayo de 2017 (JUR 2017, 185540), la pérdida de la oportunidad derivó de la prescripción de la acción. A partir del fallecimiento de su madre en un accidente de circulación, sus dos hijas interpusieron una demanda contra la aseguradora. La demanda fue desestimada por considerar el Juzgado competente que la acción había prescrito.

 

Ante ese resultado, las hijas de la fallecida interpusieron una nueva demanda, esta vez contra quien había sido su abogado en el anterior litigio y contra su compañía aseguradora. La demanda fue parcialmente estimada por el Juzgado, condenando al pago de distintas indemnizaciones a cada una de las hermanas actoras. Interpuesto recurso de apelación, éste fue parcialmente estimado reduciendo la cuantía de las indemnizaciones. Ambos Tribunales de instancia coincidieron, por lo tanto, en considerar que la pérdida de oportunidad derivada de la prescripción de la acción contra la aseguradora de la muerte de la madre de las demandantes constituía un supuesto de responsabilidad profesional del abogado demandado. Procede por ello reproducir los párrafos de la Sentencia de la Audiencia Provincial que acogen ese criterio y que reprochan al letrado demandado no haber procedido a la interrupción del plazo de prescripción:

 

“En este sentido nosotros consideramos, al igual que hiciera la sentencia ahora apelada, que tal extinción se produjo, precisamente, porque la actuación de los letrados que sucesivamente se hicieron cargo de los intereses de las hoy actoras, incluido el Sr. Sixto, no fue eficaz para interrumpir la prescripción de la acción indemnizatoria. Tal situación fue acreditada en el proceso seguido ante el Juzgado de Primera instancia nº 67 de Madrid, perfectamente descrita en la sentencia por él dictada, a cuya fundamentación nos remitimos. También a lo razonado por el tribunal de segunda instancia en fase de apelación.

 

 

Cuando el Sr. Sixto asumió la defensa de las hijas de la fallecida en el siniestro, en el mes de marzo de 2011, debería de haberse percatado de lo avanzado del transcurso del plazo para el ejercicio de la acción. Debería de haber sido consciente que desde el envío del último burofax, recibido por PELAYO el 3 de mayo de 2010, ninguna otra reclamación -interruptiva de la prescripción- se había producido frente a la aseguradora; que las llamadas telefónicas que, se dice, se hicieron a la aseguradora, no revestían la entidad suficiente para entender legalmente interrumpido el plazo de prescripción. Consecuentemente, cuando interpuso la demanda judicial el 13 de mayo de 2011, el plazo de prescripción de un año legalmente previsto, ya había transcurrido.”

 

La situación descrita la encuadró el Tribunal en la doctrina que impone responsabilidad profesional a partir de un daño derivado de la pérdida de oportunidad procesal:

 

“Para poder declarar la responsabilidad del abogado, habrá que examinar si, ‘como consecuencia del incumplimiento de las reglas del oficio, que debe resultar probada, se ha producido -siempre que no concurran elementos ajenos suficientes para desvirtuar su influencia en el resultado dañoso, como la dejadez de la parte, la dificultad objetiva de la posición defendida, la intervención de terceros o la falta de acierto de la actuación judicial no susceptible de ser corregida por medios procesales-, una disminución notable y cierta de las posibilidades de defensa de la parte, suficiente para ser configurada como un daño que deba ser resarcido en el marco de la responsabilidad contractual que consagra el artículo 1101 CC’. (SSTS de 23 de julio de 2008 y de 20 de mayo de 2014).

 

Citada doctrina es aplicable al caso de autos. Como ya hemos indicado, consideramos que el demandado incumplió claramente las reglas del oficio, al no presentar la demanda en reclamación de la indemnización por la muerte de la madre de las actoras, frente a la aseguradora PELAYO, antes del transcurso de un año desde el último acto interruptivo de la prescripción de la acción. Negligencia que frustró, por completo, la oportunidad de obtener una ventaja de contenido económico -la indemnización-, a que podrían haber tenido derecho de no haber dejado transcurrir ese plazo.

 

Madrid, 30 de octubre de 2017