Reducción de capital con amortización de acciones propias

La Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) trata determinados problemas vinculados con el régimen legal aplicable a la reducción del capital social. En este caso a la reducción que aprueba una sociedad anónima por medio de la amortización de acciones propias. Las dudas que suelen acompañar a la operación de reducción de capital se ponen de manifiesto por el simple hecho de que también en esta Resolución la DGRN termina estimando el recurso contra la calificación negativa del registrador mercantil.

 

El supuesto de hecho parte de un acuerdo de reducción por medio de la amortización de un determinado número de acciones propias haciéndose constar en la escritura correspondiente, entre otros aspectos, que las acciones amortizadas habrían sido adquiridas sobre la base de una previa autorización de la junta general de accionistas que se detalla y mencionando además que la adquisición se produjo en virtud de escritura pública de permuta otorgada en una concreta fecha. A ello se añadía en el acuerdo que la reducción no implicaba devolución de aportaciones por ser la propia sociedad la titular de las acciones amortizadas, que la finalidad de la reducción era la de amortizar tales acciones, que se efectuaba esa operación sin exclusión del derecho de oposición de acreedores y, por lo tanto, reconociendo esa posibilidad de formular tal derecho en términos y plazos previstos en los artículos 334 y 336 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

La calificación negativa se basa en una serie de defectos que detalla el Registrador mercantil y que cabe sintetizar de acuerdo con el fundamento jurídico primero de la Resolución comentada: debía aportarse la escritura de permuta en la que constara el acta de la junta general por la que se habría autorizado tal permuta.

 

A partir de ahí, la Resolución contiene una amplia fundamentación jurídica en donde se reflexiona sobre el régimen legal aplicable a la reducción de capital que termina traduciéndose en la amortización de acciones propias. Comienza la DGRN recordando que las cautelas a las que el legislador ha sometido la adquisición por una sociedad de sus propias acciones parten de los riesgos evidentes que tal operación puede implicar para acreedores y para accionistas de la sociedad.

 

A este respecto, se señala que la reducción de capital de tal finalidad puede transcurrir por medio de dos posibles procedimientos:

 

“4. Esa reducción del capital social mediante la amortización de acciones adquiridas por la propia sociedad puede discurrir por dos vías distintas: una, partiendo del acuerdo de reducción y, una vez adoptado, y en ejecución del mismo, procediendo a la adquisición de las acciones que se han de amortizar; la otra, siguiendo el orden inverso, adquiriendo previamente las acciones propias y acordando, con posterioridad, la reducción del capital mediante su amortización”.

 

A continuación la Resolución recuerda que desde el punto de vista de la protección de los acreedores lo determinante es si la finalidad de la amortización de la autocartera comporta o no devolución de aportaciones y, en consecuencia, si hay derecho de oposición de los acreedores:

 

A efectos de la necesaria tutela de acreedores a éstos les resulta enteramente indiferente el orden procedimental seguido por la sociedad para amortizar sus acciones (primero adquisición y luego reducción o viceversa) puesto que lo relevante es que egresan recursos de la sociedad con rebaja de la cifra legal de retención. Precisamente, cuando precede en el tiempo la adquisición de autocartera al acuerdo social de reducción que ejecuta su amortización la ‘devolución de aportaciones’ en el sentido del artículo 317 de la Ley de Sociedades de Capital consiste en la cancelación (abono) de la cuenta de acciones propias en autocartera, apunte contable que registra la baja o cancelación de su importe y por el valor de adquisición (según el Plan General de Contabilidad, la cuenta 108 se carga ‘por el importe de adquisición de acciones o participaciones’).

 

Por todo lo anterior, es imprescindible que tanto del acuerdo social (cfr. artículos 318.2 de la Ley de Sociedades de Capital y 201 del Reglamento del Registro Mercantil) como del propio anuncio del acuerdo (artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital) resulte con toda claridad si la finalidad de la amortización de autocartera ‘comporta’ devolución y derecho de oposición o por el contrario no ‘comporta’ devolución y no existe derecho de oposición por estar ante una causa de exclusión legal ex artículo. 335.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

 

En el presente caso, en el acuerdo calificado se expresa, por una parte, que ‘la reducción no entraña devolución de aportaciones por ser la propia sociedad la titular de las acciones amortizadas. Por tanto la finalidad de la reducción será amortizar las acciones propias’; pero, por otra parte, se añade que ‘la reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias aprobada en virtud del presente acuerdo se efectúa sin exclusión del derecho de oposición de acreedores…’. Pero, según el artículo 326 de la Ley Hipotecaria el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador. Por ello, únicamente debe ahora decidirse si el concreto defecto invocado por el registrador impide o no la inscripción solicitada”.

 

Adentrándose en lo que fue el principal motivo de la calificación negativa, la Resolución expresa su discrepancia conducente a la posterior estimación del recurso:

 

“5. En su calificación el registrador exige que se le acredite el título de adquisición de las acciones propias y que, a tal efecto, se le aporte la escritura pública de permuta otorgada el 30 de octubre de 2014, por entender que la ‘permuta se enmarca dentro de una operación de reducción de capital’ y que la ‘reducción es la causa subyacente’ del contrato de permuta.

 

Pero, esas afirmaciones no se pueden compartir, según las consideraciones anteriormente expuestas respecto de las dos posibles vías de amortización de acciones propias adquiridas por la sociedad a que se refiere, y el hecho de que en este supuesto concreto se trate de una adquisición previa de las acciones propias con posterior acuerdo de reducción del capital mediante amortización de aquéllas”.

 

Comienza alertando la Resolución sobre la necesaria distinción entre las posibles circunstancias que hayan podido concurrir en los distintos momentos en los que se haya producido la adquisición o adquisiciones de las acciones propias y el posterior acuerdo social de reducción y amortización de tales acciones que la propia Resolución caracteriza como una operación destinada a normalizar la situación patrimonial de la sociedad:

 

“Como expresó la citada Resolución de este Centro Directivo de 9 de enero de 1998, en esa fase previa, en la que tiene lugar la adquisición de las propias acciones, aquel trato igualitario puede quebrar a través de actuaciones clandestinas o subrepticias de quienes ostentan el poder de gobierno en la sociedad, y que el legislador ha tratado de evitar sujetando tal adquisición a una serie de limitaciones y requisitos (vid. en especial artículo 146.1.º, letra a, de la Ley de Sociedades de Capital), pero en modo alguno esa quiebra puede invalidar el posterior acuerdo social tendente a ‘normalizar’ la situación patrimonial de la sociedad a través de la amortización de las acciones propias. Esa diferencia de régimen determina que así como en el caso de reducción de capital social a través del procedimiento de los artículos 338 a 340 de la Ley la regularidad del mismo queda sujeta al control de la calificación registral, en cuanto conjunto de actos de ejecución del acuerdo de reducción de capital que se pretenda inscribir, y a través de él garantizará el registrador, hasta donde sus facultades calificadoras alcanzan, aquella igualdad de trato entre los accionistas, en la reducción del capital por amortización de acciones propias aquel control registral tan sólo puede extenderse al proceso final, a la validez del acuerdo en sí, pero sin que pueda extenderse a valorar el proceso previo de formación de la autocartera, pues, al margen de que no exista norma que permita el control de los actos o negocios que la motivaron, la posible infracción de las normas a que está sujeta no afecta a la validez del acuerdo. Tan sólo en el caso de que las acciones por amortizar como propias figurasen en los asientos registrales pendientes de su desembolso total, la sanción legal de nulidad de su adquisición, en cuanto determinaría la inexistencia del presupuesto en que se basara el acuerdo de reducción, la titularidad de las mismas por la sociedad justificaría una calificación contraria a su inscripción”.

 

La reflexión final vuelve a discrepar sobre la necesaria aportación de la escritura de permuta, puesto que la DGRN reitera que su conocimiento y la evaluación de la regularidad del negocio de permuta no son relevantes a la hora de calificar la reducción de capital:

 

 “El negocio jurídico de permuta por el cual la sociedad adquiere sus propias acciones tiene la conceptuación de una adquisición derivativa de las mismas según los artículos 144 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. A los efectos de la calificación registral de la única operación inscribible en el Registro Mercantil (el acuerdo de junta en que se decide sobre la reducción de capital subsiguiente a la permuta y la amortización de las acciones propias) es irrelevante que la adquisición por permuta sea regular –lícita– (supuestos de libre adquisición y de adquisición derivativa condicionada) o que se haya realizado con infracción de lo dispuesto respecto de la adquisición derivativa en los supuestos de libre adquisición (artículos 144 y 145 de la Ley de Sociedades de Capital), o en violación de lo dispuesto para las adquisiciones derivativas condicionadas (artículos 146 y 147 de la misma Ley). Aunque se tratara de una adquisición con infracción legal, procedería en todo caso la amortización de las acciones como alternativa a su enajenación y como mecanismo para ‘regularizar’ la situación (cfr. artículos 145 y 147). Por lo demás, no es óbice a que la irregularidad constituya, en su caso, un ilícito administrativo conforme al citado artículo 157 de la misma Ley”.