Artículo 20 LCS y cesión de créditos

Hay disposiciones legales que destacan por la relevancia que tienen en la regulación sobre la que se proyectan y sobre todo también por el trabajo que trasladan a los Tribunales a la hora de su interpretación. Desde su inicial inserción en la Ley de Contrato de Seguro (LCS), su artículo 20 ha sido una de esas disposiciones que han concitado una enorme atención jurisprudencial precisamente por la importancia que en las relaciones entre los clientes y las aseguradoras cobraba el recargo por demora previsto en aquel precepto. Un precepto que fue objeto de modificación posterior y que es estudiado en la Sentencia que reseño desde una perspectiva que, como la propia resolución del Tribunal Supremo se encarga de destacar, accede por primer vez a la Sala Primera: en este caso, la que se señala como cuestión de fondo, esta radicaba en “si el cesionario de un crédito, de un seguro de defunción, tiene legitimación activa para reclamar al deudor cedido (la entidad aseguradora) el recargo por demora que contempla el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro”.

 

En el presente supuesto, determinados asegurados que habían contratado un seguro de defunción, cedieron a una entidad de servicios funerarios los créditos que pudieran derivarse de seguros de decesos. En posteriores momentos, la compañía aseguradora se negó a atender determinados reclamaciones por parte de la entidad de servicios funerarios y ello dio lugar a sendas demandas de juicio ordinario y de juicio verbal que fueron acumuladas y resueltas inicialmente por el Juez en una sentencia estimatoria, declarando aplicable el recargo por demora previsto en el artículo 20 LCS. Tal y como consta en los antecedentes de la Sentencia del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso de apelación solo en relación con, precisamente, la aplicación del artículo 20. Transcribo el párrafo relevante:

“5. Interpuesto recurso de apelación por la demandada, la sentencia de la Audiencia lo estimó en parte. En este sentido, consideró que no resultaba aplicable el recargo por demora previsto en el artículo 20 LCS , con base al siguiente razonamiento: «[…]El último motivo del recurso es el relativo a la improcedencia de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , entiende la Sala que no procede la condena al pago de dichos intereses porque la parte demandante no tiene legitimación activa para reclamar por tal concepto y ello por no tener la condición de asegurado, es decir reclama en virtud de la cesión de un crédito por la prestación de un servicio funerario pero no es parte en el contrato de seguro por lo que en virtud del principio de relatividad contractual no puede reclamar los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, siendo los procedentes los intereses legales desde la presente resolución”.

Dentro del recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia, se denunció la infracción de la doctrina jurisprudencial aplicable en relación con el artículo 20 LCS, alegando que la cesión de créditos afectaba a todos los derechos anexos y accesorios, entre los que se encontraba el recargo por demora.

 

Para resolver la cuestión, el Tribunal Supremo comienza recordando la doctrina que se fijó en cuanto a la aplicación del recargo previsto en el artículo 20 en las relaciones que entre aseguradoras pudieran ser consecuencia del ejercicio de la acción subrogatoria prevista en el artículo 43 LCS. En esa relación, el Tribunal Supremo ha establecido que carece de sentido reconocer a favor de la aseguradora la posibilidad de reclamar el recargo por demora previsto en el artículo 20.

 

A diferencia de lo que resuelto en relación con ese marco contractual, la Sentencia de 19 de junio de 2017 reconoce que procede aplicar el recargo de demora por las razones contenidas en el párrafo que transcribo:

 

“Por el contrario en el caso que nos ocupa, a diferencia de lo anteriormente señalado, no hay óbice alguno en considerar que el recargo de demora, previsto en el artículo 20 LCS, forma parte del contenido contractual de una cesión de crédito expresamente contemplada en la reglamentación contractual del contrato de seguro que vincula a las partes. En efecto, no hay disposición legal que la prohíba, por lo que las partes pueden acordarla al amparo del artículo 1255 del Código Civil ; sin que haya fundamento para una aplicación restrictiva de la cesión de los intereses de demora. A su vez, la legitimación resultante no es extraordinaria o legal, pues deriva del propio título contractual acordado por las partes. De forma que, una vez perfeccionada la cesión, el cesionario adquiere la titularidad del crédito cedido con el contenido contractual que tenía en origen, por lo que puede exigir dicho crédito a el deudor cedido sin ninguna restricción o limitación al respecto (artículos 1112 y 1528 del Código Civil)”.

 

Madrid, 19 de julio de 2017