Continúa la fase consultiva de la futura Ley de contratos de crédito inmobiliario

La crisis financiera ha sido un hecho histórico cuyo impacto legislativo perdura a pesar del tiempo transcurrido desde que se produjeron sus primeros episodios. Una de las expresiones más claras dentro del ordenamiento español es la tendencia normativa a favor de una mayor protección del consumidor en lo que podríamos llamar, en términos generales, la contratación bancaria. Dentro de esta última tienen especial relevancia las financiaciones destinadas al mercado inmobiliario, que han merecido una constante atención en los últimos años. El Gobierno presentó el pasado año el Anteproyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que fue objeto de especial tratamiento por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, como se revela en la correspondiente reseña del informe entonces presentado.

 

Lo que se pretende con esta futura ley de manera principal es la transposición de la Directiva 2014/17/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 (en lo sucesivo, la Directiva 2014/17). Una Directiva que inicialmente se diseñó para la integración de los mercados correspondientes a ese tipo de financiaciones y que se vio notablemente condicionada por la crisis financiera.

 

Se trata, como resulta obvio, de una disposición que por su materia va a afectar a los intereses de muchos consumidores, lo que justifica el seguimiento de su fase de consulta. El pasado mes de mayo se hizo público el correspondiente informe del Consejo General del Poder Judicial que lleva a cabo una cuidada disección del texto propuesto y que formula una amplia relación de conclusiones y recomendaciones.

 

Madrid, 18 de julio de 2017