Sobre la denominación social

La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 6 de junio de 2016 aborda el siempre conflictivo asunto de la denominación de una sociedad. En el supuesto, la calificación negativa de la escritura de constitución de una sociedad limitada partía del siguiente primer defecto:

 

1.– La sociedad incluye en su denominación social la palabra Profesional y ese término es el propio de las sociedades profesionales. (art. 5-2 Ley sociedades profesionales de 2/2007 15 de marzo) y la sociedad que se califica no lo es.

 

La DGRN comienza subrayando los varios intereses concernidos por la determinación de la denominación social:

 

es principio general de nuestro ordenamiento el de prohibición de toda denominación de una persona jurídica que pueda llevar a los terceros a tenerla por otra de distinta naturaleza -pública o privada-, clase, tipo o forma. Es parte del principio de veracidad de la denominación social y responde al principio aún más general de buena fe en el tráfico jurídico”.

 

La Resolución confirma el criterio opuesto a permitir que se incorpore el término profesional de la denominación de una sociedad no profesional:

 

“En el presente caso no se trata de sociedad profesional, pues en la determinación estatutaria del objeto social expresamente se excluyen del mismo las actividades sujetas a la Ley 2/2007, de sociedades profesionales. Pero la utilización del sintagma adjetival «profesional» junto a la abreviatura indicativa de la forma social, da lugar a confusión sobre ésta en el tráfico jurídico y mercantil”.

 

Un segundo defecto que motivó la calificación negativa se refería a la aplicación de la legislación en materia de mediación de seguros. El Registrador consideró que “las actividades de agencia y correduría de seguros son incompatibles, por lo que se debe optar entre una y otra”. La DGRN comparte ese criterio y sostuvo que sólo podía incluirse una de las dos actividades: agente o corredor.

 

“El artículo 7 de la misma ley ofrece el catálogo de mediadores profesionales a los que somete a una regulación especial. Distingue entre «agentes de seguros», que pueden ser exclusivos o vinculados, y «corredores de seguros», imponiendo la incompatibilidad en el ejercicio simultáneo entre cualquiera de las tres funciones, si bien permite el cambio de categoría si se acredita ante el correspondiente registro administrativo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la nueva.

 

Por ello, como entendió esta Dirección General en Resolución de 25 de enero de 2012, «siendo la función del registrador la calificación de la validez de los títulos presentados a inscripción (véase artículos 18 de la Ley Hipotecaria, 18.2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil) y determinando el artículo 7.1 de la citada Ley 26/206 que la condición de agente de seguros exclusivo, de agente de seguros vinculado y de corredor de seguros son incompatibles entre sí en cuanto a su ejercicio al mismo tiempo por las mismas personas físicas o jurídicas -artículos 19 y 31 de la Ley-, se hace imprescindible especificar (…) cuál de las actividades de intervención constituye el objeto de la sociedad cuya creación se pretende». Y, por ello, únicamente cabe incluir una de las referidas categorías de mediadores de seguros”.