Sobre la persecución del “insider trading”

Reclamar seguridad jurídica en el ámbito sancionador es algo habitual. Se trata de exigir una clara determinación de las infracciones y una certidumbre en los criterios que rigen la aplicación de esas normas y la persecución de las conductas subsumibles en esos tipos legales. En los mercados financieros, ese principio debiera regir de manera simbólica en la investigación y sanción de los que cabe calificar como ilicitudes relevantes, es decir, aquellas que de producirse permiten poner en cuestión la integridad del mercado en que se producen. Una de esas infracciones emblemáticas es el abuso de información privilegiada, lo que revistió de un evidente atractivo a la entrada que publicada en el DealBook de The New York Times apuntaba  a la imprecisión en los criterios aplicados por la Securities Exchange Commission (SEC) en la persecución de esa irregularidad (Peter J. Henning, Blurred Lines in Pursuing Insider Trading Cases).

 

Antes de analizar las sugerentes reflexiones que incluye la citada entrada y que transcribiré en lo que parece más interesante, conviene recordar la notable disparidad entre el sistema legal estadounidense y el nuestro, sobre todo por esa legitimación que se reconoce a la SEC para actuar de manera indistinta en procesos sancionadores, civiles o al impulsar acciones criminales a través del Departamento de Justicia. La autoridad estadounidense parece que dispone de una variedad de vías de acción que no se reconocen en ordenamientos continentales a las diversas Comisiones supervisoras europeas que se crearon, curiosamente, teniendo a la SEC como una referencia a seguir. A partir de esa variedad de acciones, lo que comienza destacándose en la entrada que comento es la prioridad que parece haber ganado en los últimos tiempos el recurso a la acción penal:

 

Insider trading can be prosecuted by the Justice Department, and it can be pursued in a civil enforcement action by the Securities and Exchange Commission. The S.E.C. used to handle the bulk of these cases, but lately it seems that more cases result in criminal charges along with a parallel lawsuit.

 

An interesting question is why there has been a push to turn cases that once might have resulted only in civil charges into criminal prosecutions, which carry a much more significant social stigma along with the threat of prison time. What makes a particular instance of insider trading so wrongful that the government’s most powerful law enforcement weapon — a criminal conviction — is used on defendants who pose little threat to society beyond their own avarice?”

 

Una segunda cuestión apunta a los criterios que pudieran justificar que la sanción quede en el ámbito “civil” o lleve a la acción penal. Aparece en el párrafo que transcribo a continuación el que cabe enunciar sin mucho rigor como criterio cuantitativo, es decir, el que se fija principalmente en la cuantía del beneficio obtenido o del perjuicio eludido al usar la información confidencial. Es el criterio que en nuestro ordenamiento delimita la infracción administrativa (arts. 227 y 282.6 LMV) frente al delito previsto en el artículo 285 del Código Penal. Un criterio que no es cuestionable que aporta certidumbre, pero que puede no resultar plenamente satisfactorio cuando, como se advierte en las líneas que siguen, la obtención de un beneficio “modesto” es posible que vaya acompañada de un efecto nocivo para la confianza en el buen funcionamiento y en la integridad de los mercados.

 

“If a criminal case does not occur, however, then it raises the question about what criteria differentiates a case in which the S.E.C. acts alone against a corporate official accused of tipping others and one in which the Justice Department pursues a conviction. Figuring out why some cases result in criminal charges is made more difficult by the fact that prosecutors have broad discretion in deciding whether — and when — to file charges, and need not explain why one set of circumstances results in a criminal action.

 

The amount involved could be one means to distinguish between more serious violations and those that usually result in a civil action. But if the real wrongdoing in insider trading is the damage to the investing public’s perception of the fairness of the markets, then the size of the trading seems to be irrelevant when the average daily volume on the major exchanges is billions of dollars and many cases are for trades generating far less than a million dollars in profits.

 

En coincidencia con esa entrada que vengo comentando, encuentro otra igualmente recomendable y que incluye una crónica de jurisprudencia que puede dar alguna clave para entender esa vía hacia la persecución penal. Se trata de los distintos avatares que vienen registrándose en los últimos años en contra de acciones entabladas por la SEC o por el Departamento de Justicia. El resultado es la decidida apuesta del Gobierno estadounidense por intentar una revisión de la doctrina de determinados tribunales, que limitan la responsabilidad por el uso de información privilegiada. Con detalle lo explica Jonathan N. Eisenberg, en su entrada titulada Government Pushes to Expand Insider Trading Liability y disponible en el siempre atractivo blog de gobierno corporativo de la Harvard Law School.

 

Pero volviendo a la cuestión que preguntaba sobre los motivos para justificar la opción penal contra el “insider dealing” conviene reiterar el problema que implica valorar esa incidencia del tráfico de información reservada sobre conceptos jurídicos indeterminados no parece una vía para la seguridad. Intuyo que en ese tipo de argumentos se comienza a construir un Derecho sancionador que empieza a atender de manera preferente a criterios subjetivos y a argumentos sociológicos que guardan enorme distancia con sistemas caracterizados por la seguridad jurídica. La “alarma social” o la medición de la represión que merece una conducta a partir de su cobertura mediática no me parece que sean expresiones de un sistema sancionador idóneo.

 

Nada impide contemplar como un criterio especial de valoración la posición corporativa o profesional de los investigados. En especial porque muchas de esas posiciones tienen reconocida por el ordenamiento la característica general de ser personas que acceden o reciben información privilegiada. De ahí que el deber de secreto forme parte de su estatuto. Se cita el ejemplo de los abogados o de asesores financieros para pasar a un problema esencial en las acusaciones de abuso de información privilegiada. Este problema es el de la prueba. Acreditar la infracción en el uso de información confidencial reclama un esfuerzo preciso: no basta con construir la acusación a partir del resultado de una inversión o desinversión, sino que compete a quien ejerce la acción sancionadora administrativa o penal probar cómo se produjo un comportamiento ilícito en los investigados. Esta exigencia probatoria se reclama en cualquier ámbito, con lo que tampoco puede convertirse la mayor o menor facilidad de acreditar el irregular comportamiento del investigado en la opción a favor de la vía civil o penal:

 

“One could look to the abuse of a professional position, like that of a lawyer or broker, as the reason that prosecutors might pursue criminal charges rather than just rely on the S.E.C. to police this area. Yet, insider trading requires proving a breach of a duty of trust and confidence to establish that there was a fraud to make it a violation of the securities laws. Showing that the defendant acted dishonestly by misusing access to confidential information is going to occur in virtually every case, so that hardly seems to be a workable basis to distinguish between those cases that deserve criminal prosecution and ones handled in only a civil proceeding”.

 

La última hipótesis explicativa de la decisión de las autoridades estadounidenses de actuar por uno u otro cauce no es precisamente tranquilizadora. Parece apuntar a criterios mediáticos o ejemplarizantes en función del autor de las operaciones supuestamente irregulares:

 

“It could just be that federal prosecutors pursue insider trading because they make a splash in the media when they involve people one does not normally see having a brush with the law, like bankers, lawyers and even the occasional famous athlete. These types of cases are, if you will, sexy, grabbing public attention while not requiring a significant resource commitment from the Justice Department. The appeal of these cases is they can help show the government is policing the market for ordinary investors while punishing greedy traders, regardless of whether the transactions have any direct impact on investors”.

 

Termino. El autor llama la atención sobre el “misterio” del criterio que sirve a las autoridades para recurrir o no a la severa vía penal. Severidad que excede los efectos penales y que alcanza a los personales y económicos del investigado. No me parece que esa misteriosa incertidumbre sea el mejor argumento a favor de la seguridad jurídica, si bien comparto la apreciación final en cuanto a que pueda tener una notable eficacia disuasoria para no incurrir en prácticas susceptibles de ser calificadas y perseguidas como supuestos de “insider trading”:

 

“The cost of a criminal prosecution on the defendants can be significant, from the legal fees required to defend a case to the public opprobrium and collateral consequences that attach to a conviction. What makes one case more susceptible to a prosecution than another remains something of a mystery, which may be the best deterrent the Justice Department has to try to prevent insider trading.”