Acción social desestimada: no cabe imputar al administrador el supuesto daño derivado de un apunte contable

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) de 23 de febrero de 2016 se ocupa del siempre interesante tema de los presupuestos de la acción social de responsabilidad. En este caso, la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil había estimado la demanda contra el administrador único de la sociedad actora. La Audiencia Provincial estima el recurso de apelación. En cuanto al motivo de la demanda de acuerdo con lo señalado en el fundamento primero de la Sentencia de la Audiencia Provincial, fue el siguiente:

 

La mercantil MAFRESA EL IBÉRICO DE CONFIANZA S.L. (en adelante, MAFRESA) interpuso demanda contra quien fuera su administrador único Don Feliciano en ejercicio de acción social de responsabilidad fundada en el quebranto patrimonial, cuantificado en 317.261,79 €, que le habría ocasionado la práctica por parte de dicho demandado, el 2 de agosto de 2010, de un asiento en la contabilidad de dicha entidad mediante el que se reflejaría la cancelación de un préstamo por ese importe que la mercantil tendría concedido a su socia MATADERO FREXENSE S.A., mercantil administrada también por el demandado.

 

Por el momento en que los hechos se produjeron, la legislación aplicable fue la previa a la aprobación de la Ley de Sociedades de Capital. Previsión necesaria, aunque intrascendente para la resolución del caso, que habría sido la misma en lo relativo al análisis del daño como presupuesto de la acción entablada.

 

Lo que se reprochaba al administrador demandado era una práctica contable que la demandante consideraba que habría producido la consiguiente extinción del préstamo al que se refería dicho asiento y por lo tanto, un daño a la sociedad. La Sentencia de la Audiencia Provincial plantea como objeto de análisis prioritario el referido a determinar si el comportamiento del administrador ocasionó, en efecto, un daño a la sociedad.

 

A esa cuestión se responde de forma negativa, lo que conduce a la estimación del recurso de apelación. Para ello el Tribunal madrileño toma en consideración que entre la sociedad demandante y otra sociedad vinculada con el administrador demandado se firmó un contrato en el que se convenía la extinción de créditos recíprocos, entre los que figuraba el préstamo cuya contabilización motivó la demanda de responsabilidad. La Audiencia Provincial señala que, de acuerdo con el tenor de la demanda, la sociedad actora reconocía que no podía reclamar la devolución del préstamo por haberse extinguido el crédito correspondiente en el contrato firmado con la sociedad deudora. Este hecho provocaba que el origen del daño no estaba tanto en la conducta del administrador y en la práctica del asiento contable debatido, como en los propios actos convencionales realizados por la sociedad demandante.

 

Este razonamiento es el que lleva al Tribunal a descartar también que en la conducta del administrador demandado se hubiere podido advertir un comportamiento desleal.

 

Como consecuencia de lo anterior y aunque ello resulte ya irrelevante, quedaría también descartada toda posibilidad de conceptuar como desleal la conducta del demandado al llevar a cabo la práctica del asiento cancelatorio el 2 de agosto de 2010 ya que, tal y como reconoce MAFRESA en la página 4 de su demanda, dicho acto lo llevó a cabo el Sr. Feliciano siendo plenamente conocedor del acuerdo que se iba a alcanzar de modo inminente el 6 de agosto, de manera que, aunque incurriera en cierta precipitación al practicar el asiento cuatro días antes de que se firmase dicho contrato, no cabe duda de que lo hizo con plena conciencia de que las conversaciones se encontraban muy avanzadas (cuando no ultimadas), tratándose, por lo tanto, de una irregularidad de orden menor que, en todo caso, habría sido por completo reversible (así lo acredita la práctica ulterior por parte de la sociedad de un asiento de signo inverso, de manera que el practicado por el demandado ni siquiera llegó a tener reflejo en las cuentas anuales de 2010) en el caso de que el contrato en cuestión no se hubiera llegado a celebrar por cualquier circunstancia.