Requisitos y principios de la acción individual de responsabilidad

La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril el 2016 (RJ 2016,1342) formula algunos principios de la doctrina jurisprudencial con respecto a la acción individual de responsabilidad contra los administradores de una sociedad mercantil. Los antecedentes del caso los tomo de la propia Sentencia:

 

“Construcciones Antuña, S.L. es una sociedad dedicada a la construcción, de la cual era socio y administrador Jon. Uno de los proveedores de la empresa era Tratamientos Asfálticos, S.A.

 

El 7 de enero de 2010, Jon adquirió el 49% de la sociedad Forestal Colloto, S.L., y junto con su hermano Aquilino pasó a controlar la sociedad. Además, la junta de socios amplió su objeto social, para incluir el mismo que el de la sociedad Construcciones Antuña, S.L., y cambió su domicilio social a la calle Ramón Areces 19, bajo, que es el mismo de Construcciones Antuña, S.L., y donde Aquilino desarrollaba su actividad profesional.

 

Ese día 7 de enero de 2010, se nombró administradora de Forestal Colloto, S.L., a Silvia, que trabajaba como administrativa para Aquilino y la sociedad Zona Cero Inversiones, S.L., cuyo accionista principal era Aquilino.

 

Silvia, en su calidad de administradora de Forestal Colloto, S.L., otorgó un poder general a Aquilino, quien de hecho administraba la sociedad.

 

Forestal Colloto, S.L. sucedió a Construcciones Antuña, S.L. en la actividad empresarial que desarrollaba. En julio de 2010, Aquilino, apoderado general de Forestal Colloto, S.L., y Jon convinieron con Tratamientos Asfálticos, S.A. que a partir de entonces los créditos derivados de los suministros de aglomerado fueran facturados a nombre de Forestal Colloto, S.L.”

 

El Juzgado de Primera Instancia estimó parcialmente la demanda y condenó a la administradora al pago de casi 80.000 €. Interpuesto el recurso de apelación, la Audiencia Provincial lo estimo y revocó la Sentencia de primera instancia, procediendo a estimar íntegramente la demanda, elevando la condena a la administradora hasta casi 200.000 euros.

 

Interpuesto recurso de casación, se formuló un motivo por el que se denunciaba la infracción de los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades de Capital y la jurisprudencia sobre la acción individual. El motivo es estimado, lo que supone la absolución de la administradora demanda. El razonamiento jurídico del Tribunal Supremo se recoge en el fundamento jurídico tercero, que contiene algunas afirmaciones de obligada consideración con relación a la naturaleza de la acción examinada.

 

Comienza la Sentencia recordando –con cita de distintas sentencias- la posición de la Sala Primera sobre la acción individual de responsabilidad, como supuesto especial de responsabilidad extracontractual, que parte de un “ilícito orgánico”, siendo una responsabilidad contraída en el desempeño de las funciones propios del nombrado como administrador. Continúa –también con cita de antecedentes- recordando los presupuestos de necesaria concurrencia para la estimación de la acción individual:

 

“Para su apreciación, la jurisprudencia requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: i) un comportamiento activo o pasivo de los administradores; ii) que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal; iii) que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal; iv) que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño; (v) el daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y (v) la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero (sentencias 131/2016, de 3 de marzo (RJ 2016, 801); 396/2013, de 20 de junio; 395/2012, de 18 de junio (RJ 2012, 8990); 312/2010, de 1 de junio; y 667/2009, de 23 de octubre (RJ 2009,7272), entre otras)”.

 

En lo que supone formular un principio esencial en la configuración de la acción analizada, advierte el Tribunal Supremo que no cabe un recurso indiscriminado a la misma ante cualquier incumplimiento contractual de una sociedad mercantil. Tal recurso supondría ir contra los principios fundamentales de las sociedades de capital y también de nuestro Derecho de contratos. Lo primero, por ignorar principios como la personalidad jurídica y la responsabilidad de la sociedad por sus deudas y lo segundo por extender los efectos de los contratos a terceros distintos de las partes que los concluyen.

 

Al analizar la acción individual es necesario que los Tribunales estudien y señalen de forma precisa la conducta del administrador que provoca el daño ocasionado al acreedor y, además, que ese daño sea directo. No sirve alegar y apreciar un daño indirecto padecido por el acreedor como consecuencia de que la sociedad haya devenido insolvente. En el caso examinado, a juicio del Tribunal Supremo las sentencias de primera y segunda instancia no habían llevado a cabo una adecuada identificación de la conducta relevante para apreciar la acción individual de responsabilidad. La conclusión del razonamiento jurídico que conduce a la estimación del recurso de casación aparece en los siguientes párrafos que transcribo:

 

“En este contexto, para que pueda imputarse a la administradora el impago de una deuda social, como daño ocasionado directamente a la sociedad acreedora, no basta con afirmar que se demoró la exigibilidad del pago de la deuda mediante el endoso de unos pagares, mientras la sociedad era insolvente y la administradora dejó de cumplir con el deber de liquidar de forma ordenada la sociedad. Debe existir un incumplimiento más nítido de un deber legal al que pueda anudarse de forma directa el impago de la deuda social.

 

De otro modo, si los tribunales no afinan en esta exigencia, corremos el riesgo de atribuir a los administradores la responsabilidad por el impago de las deudas sociales en caso de insolvencia de la compañía, cuando no es ésta la mens legis. La ley, cuando ha querido imputar a los administradores la responsabilidad solidaria por el impago de las deudas sociales en caso de incumplimiento del deber de promover la disolución de la sociedad, ha restringido esta responsabilidad a los créditos posteriores a la aparición de la causa de disolución ( art. 367  LSC). Si fuera de estos casos, se pretende, como hace la demandante en su demanda, reclamar de la administradora la responsabilidad por el impago de sus créditos frente a la sociedad, debe hacerse un esfuerzo argumentativo, del que carece la demanda, por mostrar la incidencia directa del incumplimiento de un deber legal cualificado en la falta de cobro de aquellos créditos”.

 

 

“En nuestro caso, en realidad, se está imputando al administrador el impago de las deudas sociales con la demandada, sin que tal impago sea directamente imputable, con carácter general, al administrador. Ni siquiera cuando la sociedad deviene en causa de disolución por pérdidas y no es formalmente disuelta, a no ser que conste que caso de haberlo sido, sí hubiera sido posible al acreedor hacerse cobro de su crédito. Para ello hay que hacer un esfuerzo cuando menos argumentativo (sin perjuicio de trasladarle a los administradores las consecuencias de la carga de la prueba de la situación patrimonial de la sociedad en cada momento), que no han realizado ni la demandante, ni los tribunales de instancia”.

 

Por varias razones, vivimos instalados en un clima jurídico tendente a un especial rigor en la valoración y en el enjuiciamiento de la administración societaria. La Sentencia reseñada merece ser destacada porque, al recordar los principios propios de la acción individual y los requisitos para su estimación, está limitando el fácil recurso a la misma por acreedores y terceros a partir del simple hecho del incumplimiento por la sociedad de sus obligaciones contractuales, recurriendo en tal caso al cumplimiento sustitutivo por los administradores. Pretensión comprensible en términos económicos, pero que si se acoge desnaturaliza por completo la naturaleza de la responsabilidad de los administradores.