Administradores de una sociedad filial: deber de lealtad v interés del grupo

Grupos de sociedades: la insuficiencia normativa

 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2015 (JUR 2015, 302357) es interesante por su contribución al régimen aplicable a los grupos de sociedades. A la misma ha dedicado una nota el Profesor Alberto Díaz Moreno y la Profesora Elena Pérez Carrillo una entrada en el blog de la Universidad de León.

 

Recordemos que la situación de los grupos no es satisfactoria desde el punto de vista normativo. El reconocimiento de la figura en nuestra legislación mercantil es ocasional, vinculado con frecuencia a la regulación contable o a disposiciones de naturaleza imperativa (con frecuencia, informativa) o supervisora, en las que, por ejemplo, la imposición de determinados deberes se extienden a una sociedad de capital y también al grupo en el que eventualmente pudiera estar integrada.

 

La formulación de un concepto de grupo resultaba un presupuesto imprescindible para la aplicación de esas disposiciones, lo que explica el artículo 18 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) que, con buen criterio, contribuye a la unificación de ese concepto por medio de la remisión a la definición del artículo 42 del Código de Comercio. La misma remisión que contienen otras disposiciones mercantiles o de regulación económica. Mas, al margen de esas disposiciones ocasionales o limitadas, persiste la falta en nuestro ordenamiento societario de una regulación de los grupos que afronte los grandes problemas que su existencia y funcionamiento plantean: la publicidad de la existencia del grupo, las relaciones entre las sociedades integradas en un mismo grupo, el significado de la unidad de dirección, la tutela de los socios minoritarios o la protección de los acreedores (las orientaciones de esa eventual regulación se desarrollan en Sanchez Calero, F./Sánchez-Calero Guilarte, J., “Instituciones de Derecho Mercantil”, 37 ed., t. I, Cizur Menor, 2015, p. 915).

 

La deficiente situación legal parece que va a prolongarse. La Propuesta de Código de Sociedades de 2000 se adentraba en esta materia y fue continuada en alguna medida en el Anteproyecto de Código Mercantil, que dedicaba el Capítulo I del Título IX, dentro del Libro Segundo, a los grupos de sociedades (artículos 291-1 a 291-40). En esa situación cobra especial importancia la contribución jurisprudencial a través de resoluciones como la que es objeto de esta entrada.

 

La Sentencia resulta interesante a partir de la simple enunciación de la cuestión jurídica que encabeza su fundamento jurídico tercero: “Decisión de la Sala. La responsabilidad del administrador de la sociedad filial que sigue las instrucciones de la dirección del grupo societario. El interés del grupo y el daño para la sociedad filial en la que hay socios externos”. Como se ve el enunciado de ese título nos conduce a problemas clásicos del Derecho de grupos, para lo que bastará con volver, por ejemplo a las rúbricas de los siguientes artículos del Anteproyecto del Código Mercantil: artículo 291-10. “Instrucciones a los administradores de la sociedad dependiente”; artículo 291-11. “Perjuicio por ejecución de instrucciones”; artículo 291-12. “Compensación adecuada a la sociedad dependiente” y artículo 291-13. “Responsabilidad por instrucciones perjudiciales”.

 

Los antecedentes de hecho y su valoración discrepante por el Juzgado y por la Audiencia Provincial

 

Antes de profundizar en lo que es el razonamiento jurídico del Tribunal Supremo, resulta obligado formular una advertencia sobre el desarrollo del litigio para alertar sobre la relevancia que en el mismo tuvo la valoración probatoria realizada, respectivamente, por el Juez de lo Mercantil y por la Audiencia Provincial. Los antecedentes de hecho aparecen detallados en el fundamento jurídico primero en la Sentencia y el hecho principal que debe subrayarse es que en el marco de un grupo de sociedades se llevó a cabo la transmisión o traspaso de clientela desde una sociedad española a otra francesa. Ambas sociedades pertenecientes a un mismo grupo de estructura horizontal, en cuyo seno ya se había ejecutado un traspaso similar entre otras sociedades.

 

Para justificar ese traspaso se invocó la concurrencia de un interés del grupo. La ejecución de esa operación llevó a uno de los socios de la sociedad española a plantear en su junta general el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra sus administradores (que también eran socios). Rechazado el ejercicio de la acción por la propia sociedad, fue el socio proponente el que interpuso la correspondiente demanda de acción social que llevó a una Sentencia desestimatoria de la demanda dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona. El razonamiento del Juzgado lo expone con precisión la Sentencia del Tribunal Supremo y transcribo sólo en relación con la cuestión que llegó a casación (la pretensión de separación de un socio fue resuelta de forma extraprocesal):

 

(i) Alphaspray y Actispray operan en el marco de un grupo de sociedades en el que se aprecia el sometimiento a una dirección unitaria de hecho por parte del “grupo DNI”, que a su vez depende de la matriz Cofipague, de las cuales partió la decisión de traspasar la clientela.

 (ii) En el marco del grupo ha habido sucesivos traspasos de clientela: primero del grupo DNI a Alphaspray y luego de esta a Actispray, por razones impuestas por el “interés del grupo”.

 (iii) El demandante tuvo oportuno conocimiento de la creación de Actispray y decidió no participar en ella, ya que quiso independizarse para ejercer la misma actividad a través de las sociedades Revettech y Aertech.

 (iv) Es consustancial al grupo de sociedades la existencia de órdenes perjudiciales para una sociedad integrante del mismo, en interés del grupo o de otra sociedad filial. En el marco de la actuación de un grupo empresarial no se produce automáticamente una indemnización como consecuencia de los perjuicios que una sociedad del grupo haya podido sufrir a raíz de una decisión de la matriz sino que se pueden compensar dichos perjuicios con los beneficios que también haya podido obtener aprovechándose de su condición de sociedad filial y por tanto lucrándose con las sinergias que proporciona el grupo. El perjuicio para el socio externo de la sociedad filial por la consecución prioritaria del interés de la sociedad matriz no lo es tal si previamente resultó beneficiado en la misma por una decisión del grupo.

 (v) Los administradores demandados acataban una decisión del grupo al traspasar la clientela de Alphaspray a Actispray, y aunque es cierto que su primer deber es velar por los intereses de la sociedad que administran, incluso por encima de los intereses del grupo al que pertenecen, el Juzgado no apreciaba responsabilidad en su actuación porque no se advertía perjuicio en su apreciación conjunta. Igualmente que acataban en este caso una instrucción que resultaba perjudicial para la sociedad Alphaspray, esta se vio beneficiada por otra decisión del grupo que compensaba los daños sufridos y que neutralizaba los efectos negativos acaecidos: el motivo de su misma creación y la influencia decisiva que el grupo ejerció en su crecimiento. El Juzgado consideraba que existió una cesión inicial de clientela por parte de DNI, del grupo Cofipague, a Alphaspray, de una envergadura equiparable a la posterior cesión de clientela de Alphaspray a Actispray. No se apreciaba variación en el patrimonio social del que se pudiera derivar responsabilidad para los administradores sociales, consideraba la sentencia.

 (vi) Tras analizar las cifras de facturación y beneficios obtenidos por Alphaspray, de un lado, y por Actispray de otro, la sentencia concluía que el beneficio obtenido por Alphaspray gracias a las sinergias del grupo era correlativo al perjuicio sufrido a raíz del traspaso de la clientela del mercado francés a Actispray. Por tanto, el resultado de las acciones del grupo, al final, resultaba inocuo para Alphaspray, que seguía operando en el mercado español.

 

El recurso de apelación contra esa Sentencia fue parcialmente estimado por la Audiencia Provincial de Barcelona. De nuevo a partir del resumen que contiene la Sentencia del Tribunal Supremo reproduzco la argumentación del Tribunal barcelonés, destacando que la Sentencia contó con el voto particular de uno de los miembros del Tribunal y, en lo que me parece especialmente significativo al analizar el caso, que son varios los aspectos en donde la valoración de la prueba por parte del Tribunal es contraria a la practicada por el Juez de lo Mercantil. Los argumentos de la Audiencia Provincial eran los siguientes:

 

(i) El deber de lealtad, que como patrón permanente de conducta se impone a los administradores, se refiere al interés de la sociedad que administran, no a otras, aunque pertenezcan al mismo grupo, ni a otros intereses formalmente ajenos. Por tanto, el sometimiento de una pluralidad de sociedades al poder de dirección unitario propio del grupo de sociedades no determina que una decisión o acto que implique el vaciamiento patrimonial o desvío de los activos de una de las sociedades sometidas, con el consiguiente perjuicio para esta, quede justificado desde la perspectiva de la responsabilidad de los administradores, cuando hay socios minoritarios externos que ven mermado el valor de su participación social en provecho de otras sociedades del grupo en las que no participan. El interés del grupo puede explicar la decisión y ejecución del acuerdo o acto lesivo para la sociedad dominada o sometida, pero no exonera por principio a los administradores de esta, que han de actuar siempre con lealtad a los intereses de esa sociedad, evitando su perjuicio en provecho de otras sociedades o terceros que formalmente cuentan con personalidad jurídica independiente, propia y diferenciada.

 (ii) En el contexto del grupo apreciable en el caso objeto del litigio, en el que una misma persona es socio mayoritario de control de todas las sociedades que lo integran, los socios minoritarios externos al grupo de control pueden ver volatilizado el valor de su participación social como consecuencia de una decisión del poder de dirección unitario que suponga la transferencia de activos a otra sociedad del grupo en la que aquellos no participan, o en general de operaciones societarias intragrupo que originen un perjuicio a los intereses particulares de la sociedad dominada o sometida. En tales supuestos, esos socios minoritarios o externos no van a ver compensada la pérdida que van a padecer en la sociedad dominada o sometida con los beneficios obtenidos por la sociedad beneficiaria a raíz de las operaciones decididas y ejecutadas en su favor, y en detrimento de aquella, si no participan en la sociedad beneficiaria. Es el caso del demandante, que por la razón que fuere, y es irrelevante a estos efectos, no participa en la sociedad francesa de nueva creación, beneficiaria del trasvase de la principal cartera de clientes realizado sin compensación o contraprestación alguna para la sociedad española.

 (iii) Además del interés de Alphaspray, y derivadamente de sus socios minoritarios no participantes en Actispray, es digno de protección, también, el interés de los acreedores de la sociedad desfavorecida por la decisión adoptada en “interés del grupo”, que ven mermadas sus expectativas patrimoniales frente a su deudora, sin ninguna garantía ofrecida por la sociedad beneficiaria, debiendo enfrentarse, después del desvío de la cartera de clientes, con una sociedad que de generar beneficios ha pasado a sufrir pérdidas.

 (iv) Sentado el anterior enfoque, a la vista de los hechos probados, la Audiencia consideró que concurría una actuación del administrador Sr. Augusto que ha causado un perjuicio a la sociedad que administraba, Alphaspray, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, concretamente el de lealtad al interés de la sociedad, al adoptar y ejecutar la decisión de traspasar la clientela francesa a una sociedad de nueva creación de la que es socio.

 (v) Al contrario que lo apreciado por el Juzgado Mercantil, la Audiencia Provincial no consideró acreditado el hecho básico que el Juzgado tomó en consideración para negar el perjuicio causado: que Alphaspray hubiera sido beneficiaria a título gratuito de una cartera de clientes franceses que le hubieran sido cedidos por el grupo societario, concretamente por DNI, integrada en tal grupo, y que le habría reportado la ganancia obtenida en los años 2003, 2004 y 2005, sin esfuerzo comercial por su parte. Por el contrario, las pruebas practicadas revelarían la creación de una clientela propia de Alphaspray merced a la experiencia de un directivo comercial por ella contratado (Doña. Sofía), al margen de que DNI pudiera haber contribuido con la aportación de cierta clientela en un inicio. Ello confirmaría un esfuerzo comercial propio de Alphaspray para lograr la progresiva captación de clientela por sus propios empleados y conseguir así las facturaciones obtenidas en los ejercicios de 2003, 2004 y 2005.

 (vi) Como conclusión, la Audiencia Provincial no consideró probado que las ventajas iniciales de que pudiera haber sido beneficiaria Alphaspray por la pertenencia al grupo compensaran el perjuicio padecido, de tal modo que el resultado fuera inocuo o neutro. Se habría producido así un perjuicio: la clientela ganada durante los años 2003 a 2005, con esfuerzo de la propia empresa, constituía un activo intangible, un fondo de comercio, que generaba en los socios una expectativa de ganancia y de valor de su participación; la posterior pérdida de ese fondo de comercio, sin contraprestación, en favor de otra sociedad en la que no participaban los mismos socios y que no se constituyó como filial directa o inmediata de Alphaspray, habría originado un perjuicio a esta sociedad e indirectamente a los socios que no conformaban la nueva sociedad beneficiaria. A raíz del desvío de la clientela, Alphaspray sufrió pérdidas en los ejercicios de 2006 a 2008, sin haber logrado una recuperación de volumen de negocio en 2009.

 (vii) Que el demandante hubiera tenido oportuno conocimiento de la creación de Actispray y de su finalidad de actuación (asumir la clientela francesa de Alphaspray), que hubiera rechazado la posibilidad de ser socio de Actispray o que hubiera mantenido negociaciones con el Sr. Carlos Miguel para vender su participación en Alphaspray, sin alcanzar un acuerdo pues solo se le ofreció pagar el valor nominal de sus participaciones, no suponía, para la Audiencia Provincial, que quedara deslegitimado para ejercitar la acción de responsabilidad, ni que fuera apreciable un abuso de derecho ni una actuación contraria a los propios actos.

 (viii) Por tales razones, la Audiencia Provincial consideró que el Sr. Augusto era responsable del daño causado a la sociedad Alphaspray por el trasvase de su clientela francesa a Actispray, y revocó el pronunciamiento absolutorio de la sentencia del Juzgado Mercantil, si bien redujo la indemnización a la cantidad de 154.377,50 euros, que era la media de los beneficios de Actispray durante los ejercicios 2006 y 2007.

 (ix) El Sr. Nazario fue absuelto porque no participó en la decisión de crear Actispray, no fue informado de su composición social, era ajeno a ella y no ejecutó ni intervino en la ejecución del acto lesivo, el desvío de la clientela, que se llevó a cabo en Francia.

 

El recurso de casación

 

El recurso de casación se planteó sobre la base de dos motivos que el Tribunal Supremo resuelve de forma conjunta y que alegaban que la Sentencia de la Audiencia Provincial habría interpretado de forma errónea y, aplicado indebidamente, disposiciones esenciales de nuestro Derecho de sociedades. El primer motivo mencionaba los artículos 133 y 134 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1990 y el artículo 42 del Código de Comercio.

 

Al igual que con relación a las Sentencias de instancia era importante tomar en cuenta sus antecedentes, en el caso del recurso de casación también resulta interesante exponer los argumentos del recurso tal y como los resumió la Sentencia del Tribunal Supremo:

 

(i) No cabe hablar de infracción del deber de lealtad cuando se trata de una actuación conocida y consentida por todos los socios, consecuencia de decisiones de una cúpula dirigente de un grupo empresarial más amplio en el que, en mayor o menor medida, participaban todos los accionistas de Alphaspray. Este conocimiento de los hechos legitima la decisión de crear la sociedad Actispray.

 (ii) La decisión de constituir Actispray no fue adoptada por los administradores de Alphaspray, pues estos actuaron como meros mandatarios del grupo empresarial dominado por Copfipague, siendo más que dudosa la capacidad de decisión y autonomía que tenían ambos demandados como administradores de Alphaspray, pues las estrategias comerciales y las directrices económicas que afectaban a las sociedades del grupo eran decididas por la cúpula dirigente del mismo.

 (iii) No consta acreditado que el recurrente observara una actuación dolosa y menos que obtuviera un beneficio personal a costa de perjudicar a la sociedad.

 (iv) La decisión de la cúpula dirigente del grupo de crear la sociedad Actispray y desviarle la clientela francesa de Alphaspray tenía como finalidad evitar perjuicios a una de las sociedades del grupo.

 (v) Habiendo sido reconocida la existencia del grupo de sociedades con una dirección dominante, no puede exigirse a los administradores de una de las sociedades integrantes del grupo responsabilidad por la toma de decisiones que no le competen a ellos y que son adoptadas en beneficio del grupo, y que si bien pueden perjudicar a alguna de las sociedades del grupo, pueden beneficiar a otra.

 (vi) No cabe hablar de socios externos, pues solo el demandante tendría tal consideración y renunció a participar en la nueva sociedad que se creaba y a la que se iba a traspasar la clientela.

 (vii) No consta ningún riesgo para los acreedores.

 

Por lo que se refiere a los razonamientos jurídicos que llevan al Tribunal Supremo a desestimar el recurso de casación, éstos abordan desde distintas perspectivas la vigencia del deber de lealtad de los administradores en el marco de un grupo de sociedades y la responsabilidad que pudiera llegar a determinarse por la infracción del mismo. El punto de partida es el de la afirmación de la vigencia del interés de la sociedad en el ámbito individual de cada una de las sociedades, que deberá proyectarse con respecto al interés social de cada una de ellas:

 

El deber de actuar como un representante leal en defensa del interés social, entendido como interés de la sociedad, que tiene el administrador social, supone la obligación de desempeñar las funciones del cargo anteponiendo siempre el interés de la sociedad de la que es administrador al interés particular del propio administrador o de terceros. Ante cualquier situación de conflicto, el administrador ha de velar por el interés de la sociedad y dirigir su gestión hacia la consecución del objeto y finalidad social de manera óptima, absteniéndose de actuar en perjuicio de los intereses de la sociedad. Este deber de lealtad viene referido al interés de la sociedad que administra, no al de otras, aunque pertenezcan al mismo grupo, aunque sea la sociedad dominante, ni a otros intereses formalmente ajenos, como es el que se ha venido en llamar “interés del grupo“.

 El interés del grupo no justifica, sin más, el daño que sufra una sociedad filial y que puede repercutir negativamente tanto en sus socios externos, que ven como se reduce injustificadamente el valor de su participación en el capital social, como en sus acreedores, que pueden ver frustrada la satisfacción de sus créditos contra la sociedad por la disminución injustificada del patrimonio social. El interés del grupo no es un título que justifique por sí solo el daño causado a la sociedad filial”.

 

En una línea similar razona el Tribunal Supremo que la unidad empresarial que supone el grupo parte siempre del reconocimiento de la personalidad jurídica de sus integrantes, a lo que se suma autonomía, objetivos e interés social específicos. El interés del grupo puede matizar esos elementos pero no suponer una completa abolición de los mismos en la actuación de los administradores de las filiales:

 

La integración de la sociedad en un grupo societario, incluso aunque lo sea en concepto de sociedad filial o dominada, no supone la pérdida total de su identidad y autonomía. La sociedad filial no solo conserva su propia personalidad jurídica, sino también sus concretos objetivos y su propio y específico interés social, matizado por el interés del grupo, y coordinado con el mismo, pero no diluido en él hasta el punto de desaparecer y justificar cualquier actuación dañosa para la sociedad por el mero hecho de que favorezca al grupo en que está integrado.

El administrador de la sociedad filial tiene un ámbito de responsabilidad que no desaparece por el hecho de la integración en un grupo societario, pues tal integración no deroga sus obligaciones de gestión ordenada, representación leal, fidelidad al interés de la sociedad, lealtad y secreto que le incumben como tal administrador social y que vienen referidos a la sociedad de la que es administrador, no al grupo societario ni a otras sociedades integradas en el grupo.

El interés del grupo no es absoluto y no puede justificar un daño a la sociedad filial que suponga un perjuicio injustificado a los acreedores y socios externos de la sociedad filial. El administrador de la sociedad filial que realiza una actuación que causa un daño a la sociedad que administra no queda liberado de responsabilidad por el simple hecho de que tal actuación haya sido acordada por quien dirige el grupo societario. El administrador no puede escudarse en las instrucciones recibidas de la dirección unitaria del grupo a que pertenece la sociedad que administra. El administrador de derecho de la sociedad filial tiene su ámbito propio de autonomía de decisión que no puede verse afectado por una especie de “obediencia debida” a las instrucciones del administrador del grupo que perjudique injustificadamente los intereses de la sociedad que administra, por los que ha de velar.

 

Otro de los razonamientos jurídicos destacables puesto que enlazan con uno de los conceptos fundamentales de situaciones como la enjuiciada es el de la valoración de las ventajas compensatorias. Sobre éstas contábamos con alguna contribución doctrinal especialmente relevante [Fuentes Naharro, M., “Grupos de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria)”, Cizur Menor (2007); y en el ámbito concursal, v. Pérez Benitez, J.J., “Perjuicio patrimonial, interés de grupo y rescisión de garantías otorgadas en la financiación de grupos de sociedades”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal nº 19 (2013), pp. 155-164] y la Sentencia de 11 de diciembre constituye el primer paso en una doctrina jurisprudencial decisiva para evaluar en qué medida la concurrencia de esas ventajas permite entender que determinadas operaciones o acuerdos implican un adecuado y lícito equilibrio entre los intereses de la sociedad perjudicada y los del grupo, puesto que la primera verá compensado de alguna manera el sacrificio o perjuicio que la operación o acuerdo suponen:

 

Ciertamente, la existencia de un grupo de sociedades supone que, cuando se produzcan conflictos entre el interés del grupo y el interés particular de una de las sociedades que lo integran, deba buscarse un equilibrio razonable entre un interés y otro, esto es, entre el interés del grupo y el interés social particular de cada sociedad filial, que haga posible el funcionamiento eficiente y flexible de la unidad empresarial que supone el grupo de sociedades, pero impida a su vez el expolio de las sociedades filiales y la postergación innecesaria de su interés social, de manera que se proteja a los socios externos y a los acreedores de cualquier tipo, públicos, comerciales o laborales.

Ese equilibrio puede buscarse en la existencia de ventajas compensatorias que justifiquen que alguna actuación, aisladamente considerada, pueda suponer un perjuicio para la sociedad. Tales ventajas no tienen que ser necesariamente simultáneas o posteriores (esto es, simultáneamente o tras la actuación perjudicial para la filial se produce otra beneficiosa que compensa el daño), sino que ha podido ser también previa (por ejemplo, que previamente a la actuación perjudicial hubiera existido un beneficio patrimonial apreciable, generado por el grupo a favor de su sociedad filial o derivado de la pertenencia de la sociedad al grupo, que hay que tomar en consideración cuando posteriormente se produce la actuación que perjudicó a la sociedad filial).

Se trata de realizar un balance de las ventajas facilitadas o las prestaciones realizadas en ambas direcciones (de la sociedad al grupo y del grupo a la sociedad) y concluir si existe o no un resultado negativo para la sociedad filial. Las ventajas o prestaciones realizadas por el grupo a favor de la sociedad filial deben ser verificables, sin que sean suficientes meras hipótesis, invocaciones retóricas a “sinergias” o a otras ventajas faltas de la necesaria concreción, que carezcan de consistencia real, aunque sí pueden consistir en oportunidades de negocio concretas, dotadas de valor patrimonial, como pueden ser las inherentes a una cesión de clientela.

En todo caso, han de tener un valor económico, y guardar proporción con el daño sufrido por la sociedad filial en la actuación por la que se exige responsabilidad, en este caso, exclusivamente al administrador de la sociedad filial. Asimismo, han de resultar debidamente justificadas, pues de no serlo habrá que entender producido el daño directo para la sociedad filial de la que deriva la responsabilidad del administrador demandado. El argumento del interés de grupo y la alegación de los beneficios que, en abstracto, supone la integración en un grupo societario, si no van acompañados de una justificación razonable y adecuada de que la actuación del administrador resultó además provechosa para la sociedad filial, no excluye la existencia de un daño directo del que el administrador debe responder.

 

Finalmente, la Sentencia se concentra en las circunstancias particulares del caso y en la confirmación de la responsabilidad del administrador puesto que los acuerdos debatidos y que motivaron la interposición de la acción social de responsabilidad llegaron a amenazar la propia debilidad y solvencia de esta última:

 

Además, la pervivencia de la sociedad filial es en todo caso un límite último al interés del grupo, en tanto que nunca puede estar justificada una actuación en beneficio del grupo que suponga poner en peligro la viabilidad y solvencia de la sociedad filial, con el perjuicio que ello puede suponer para los socios externos y los acreedores.

En el presente caso, la actuación del administrador demandado, al desviar a otra sociedad del grupo la mayor parte de la clientela que había logrado captar la sociedad de la que era administrador, no solo ha provocado un daño patrimonial claro a dicha sociedad, sino que ha puesto en serio peligro su viabilidad y solvencia, al provocar que la sociedad haya entrado en pérdidas de cuantía considerable durante los ejercicios siguientes a la actuación cuestionada, lo que puede dar lugar a la desaparición de la sociedad, en vez de haber procedido en su momento a realizar una disolución y liquidación ordenada que hubiera respetado el derecho a la cuota liquidativa del socio.

 

Mis disculpas por la extensión, que creo que estaba justificada a la vista del supuesto de hecho, de los temas tratados y de la novedad del tema en la doctrina jurisprudencial.