Cláusula suelo siendo la prestataria “empleada de banca”

A pesar del importante número de sentencias que han tratado el carácter abusivo de distintas condiciones incluidas en los contratos de préstamos bancarios, no dejan de llegar nuevos casos en los que se pone de manifiesto la necesaria adaptación de la doctrina jurisprudencial a las circunstancias particulares del supuesto resuelto. Un ejemplo de ello lo ofrece la Sentencia de 24 de noviembre de 2017 (RJ 2017, 5261).

Nos encontramos ante la valoración del carácter abusivo de una clausula suelo incluida en un préstamo hipotecario, tema sobre el que el Tribunal Supremo ha dictado un amplio número de sentencias y ha consolidado ya su conocida doctrina. La circunstancia particular de este caso radicó en un aspecto subjetivo que afectaba a la prestataria, toda vez que ésta era “empleada de banca”. La demanda alegaba el incumplimiento del control de transparencia y una información precontractual insuficiente para que el prestatario pueda comprender el alcance de las condiciones que suscribe. Al hilo de ello, se debatía en qué medida habría de atribuirse a quien es empleado de una entidad de crédito una especial capacidad a la hora de comprender el alcance del contenido contractual que asumía al formalizar un préstamo hipotecario.

La estimación del recurso de casación se produjo en relación con el motivo que denunciaba la infracción del artículo 80.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (aprobada por Real-Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre). Al respecto, el Tribunal Supremo recuerda la doctrina establecida en precedentes sentencias, en primer lugar con relación al llamado control de transparencia, a su propia finalidad y a la importancia que adquiere la información previa a la conclusión del contrato:

“La ratio de la sentencia 241/2013, de 9 de mayo (RJ 2013, 3088), era básicamente que la ausencia de una información suficiente por parte del banco de la existencia de la cláusula suelo y de sus consecuencias en el caso en que bajara el tipo de referencia más allá de aquel límite, y la inclusión de tal cláusula en el contrato de forma sorpresiva, oculta entre una profusión de cláusulas financieras, provoca una alteración subrepticia del precio del crédito, sobre el que los prestatarios creían haber dado su consentimiento a partir de la información proporcionada por el banco en la fase precontractual. De tal forma que un consumidor, con la información suministrada, entendería que el precio del crédito estaría constituido por el tipo de referencia variable más el diferencial pactados.

 

Si partimos de la base de que, incluso en los contratos de adhesión con consumidores, rige la autonomía de la voluntad de los contratantes respecto del precio y la contraprestación, esto presupone la plena capacidad de elección entre las diferentes ofertas existentes en el mercado, para lo cual es preciso que el consumidor tenga un conocimiento cabal y completo del precio y de las condiciones de la contraprestación antes de la celebración del contrato. Como explica la doctrina, la regla de la irrelevancia del equilibrio económico del contrato sufre un cambio de perspectiva cuando esta parte del contrato no puede ser suficientemente conocida por el consumidor. En caso de que por un defecto de transparencia las cláusulas relativas al objeto principal del contrato no pudieran ser conocidas y valoradas antes de su celebración, faltaría la base para la exclusión del control de contenido, que es la existencia de consentimiento.

 

Por eso, el control de transparencia a la postre supone la valoración de cómo una cláusula contractual ha podido afectar al precio y a su relación con la contraprestación de una manera que pase inadvertida al consumidor en el momento de prestar su consentimiento, alterando de este modo el acuerdo económico que creía haber alcanzado con el empresario, a partir de la información que aquel le proporcionó”.

A partir de esa doctrina, se analiza igualmente la influencia que para su aplicación puede llegar a tener el perfil del cliente o consumidor:

“Pero tanto la suficiencia de la información precontractual como la que se aporte al tiempo de la firma del contrato, para que pueda entenderse cumplido el deber de trasparencia, está en función de otras circunstancias, como el que el consumidor sea una persona con conocimiento experto en este tipo de contratos. Así lo entendió la sentencia 367/2017, de 8 de junio (RJ 2017, 2509), al exponer los límites del carácter vinculante de la sentencia que estima una acción colectiva en la que se pedía la nulidad de una cláusula por falta de trasparencia, respecto de una acción individual posterior”.

Llegamos así a la cuestión ya señalada y basada en el hecho concreto de que la prestataria era empleada de una entidad de crédito distinta a la prestamista. La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación y revocó la sentencia condenatoria de primera instancia resaltando la actividad profesional de la parte actora. El Tribunal Supremo se alinea con la posición del Juzgado de Primera Instancia y revoca la sentencia de la Audiencia Provincial, considerando que el hecho de que la prestataria fuera empleada de banca no exime a la entidad prestamista de su obligación de información. Lo hace en función de los argumentos que transcribo:

“La sentencia ahora recurrida ha entendido que la condición de empleada de banco de la prestataria hacía innecesaria la información precontractual, y presume que, a la vista de la claridad de la cláusula, estaba en condiciones de conocer la existencia de la cláusula y cómo operaba o qué incidencia tendría en la determinación del interés.

 

Es cierto que un empleado de banca familiarizado con estos contratos, aunque tenga la condición de consumidor cuando concierta un préstamo hipotecario con un banco para financiar la adquisición de una vivienda, pues actúa en un ámbito ajeno a su actividad profesional o empresarial, precisa de menos información (sobre todo precontractual) relativa a en qué consiste y qué efectos tiene la cláusula suelo.

 

Pero, aunque no cabe descartar que en algún caso los conocimientos sobre la materia de una determinada clase de consumidores puedan justificar que la información que reciban sea menor, pues no resulta tan necesaria para conocer el contenido de la cláusula y, sobre todo, la carga económica y jurídica que representa, en este caso no es así.

 

En primer lugar porque la Audiencia parte de que no ha quedado acreditado ninguna clase de información previa antes de la firma del contrato, ni durante la misma, más allá de la lectura de la escritura por el notario; y, en segundo lugar, porque no consta que la actividad prestada por la demandante en el banco guardara relación con la contratación de este tipo de pólizas de préstamo hipotecario con interés variable y cláusula suelo. La demandante era gestor operativo en actividades ajenas a la concesión y contabilización de créditos hipotecarios y la entidad para la que trabajaba no incluía cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios”.

 

 

Madrid, 7 febrero de 2018