Cláusulas suelo

Son varias las consideraciones que cabe hacer con respecto a una de las normas más relevantes desde el punto de vista del impacto social como es el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

 

Sobre dicho Real Decreto-ley que se aprobó apenas hace quince días se han publicado ingentes materiales y es una normativa que responde a una coyuntura y a un escenario parlamentario en el que ha habido que negociar la forma de afrontar las consecuencias de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 21 de diciembre de 2016. En uno de sus pronunciamientos principales, el Tribunal de Justicia consideró que las cláusulas suelo que merecían la calificación de condiciones contractuales abusivas resultaban ineficaces, habría de considerarse que nunca habían existido y, en consecuencia, debía procederse a la restauración o reposición de la situación de hecho y de derecho en interés del consumidor. A esa finalidad principal responde la iniciativa legislativa. Debo señalar, aunque ello implique comenzar por el final, que aunque estamos habituados en anteriores legislaturas a un uso repetido del Real Decreto-ley como técnica normativa, en pocas ocasiones apreciará la concurrencia de razones de urgente necesidad como en el presente caso.

 

Con relación al contenido del Real Decreto-ley, su brevedad no está reñida con su importancia. Como explica el preámbulo, en concreto en su apartado III, lo que parece una iniciativa de tutela de los intereses de los consumidores afectados, es también una medida favorable al normal funcionamiento de nuestra Administración de Justicia y a la propia estabilidad de nuestras entidades de crédito. Los Tribunales del orden civil probablemente no pudieran soportar la avalancha de nuevos casos que podría implicar que cientos de miles de afectados amparados por el pronunciamiento del TJUE acudieran en masa a reclamar la nulidad de las cláusulas suelo y la consiguiente devolución de las cantidades indebidamente cobradas a su amparo. Por otro lado, las propias entidades de crédito deben aprovechar la oportunidad de negociar soluciones extrajudiciales con sus clientes para cerrar este nuevo frente litigioso y poder recuperar cuanto antes su normal relación contractual con la clientela. Algunas entidades de crédito ya han informado, a pesar del poco tiempo transcurrido desde la promulgación del Real Decreto-ley, de las decisiones organizativas destinadas a zanjar con la mayor brevedad posible las reclamaciones que puedan plantear sus clientes. Otras parecen optar por esperar a que el Tribunal Supremo exprese su posición sobre las consecuencias de la Sentencia del TJUE.

 

Llama la atención en el contenido del Real Decreto-ley la propia definición de lo que son cláusulas suelo:

 

Artículo 2.3: Se entenderá por cláusula suelo cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato”.

 

Resulta interesante la delimitación restrictiva de  los consumidores que pueden formular reclamaciones al amparo del procedimiento singular que contempla el artículo 3 del Real Decreto-ley. Aunque el artículo 2.2 del Real Decreto-ley se remite al artículo 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sólo podrán formular la reclamación previa aquellos consumidores que sean personas físicas y que reúnan los requisitos previstos en el citado artículo 3.

 

Es también llamativo el régimen establecido en materia de costas procesales, que pone de manifiesto una adaptación imprescindible  de las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento civil.

 

Por último, las entidades de crédito tienen que incorporar en su organización todas las medidas que puedan servir para cumplir las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley, de manera que puedan ser tramitadas en los plazos legalmente establecidos las numerosas solicitudes que para entidades de crédito de una cierta dimensión puede implicar  el uso por su clientela de la posibilidad de reclamación previa que ha amparado el Real Decreto-ley 1/2017.

 

Podrá concluirse que estamos ante una norma coyuntural, puesto que se ha legislado con la vista puesta en una situación sobrevenida y que probablemente nuestro sistema financiero será capaz de superar en los próximos meses. La respuesta legislativa parece adecuada y proporcionada al desafío que para nuestro sistema financiero ha provocado la Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016. La reacción ante la nueva legislación se coinvertirá -si no lo ha hecho ya- en un factor de competencia entre las entidades afectadas.