Retomo la cercana entrada relativa al notable cambio que se adivina en la regulación de los mercados financieros estadounidenses ante la llegada del Presidente Donald Trump. Lo hago a partir de la interesante información que recogía Cinco Días aquí y aquí y, en especial, de la carta fechada el pasado 31 de enero de 2017, remitida a la Presidenta de la Reserva Federal por el Vicepresidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. El diario económico recogía la noticia sobre este documento entre lo más seguido por sus lectores. No me extraña. Cualquiera que sea el grado de conocimiento que como lectores tengamos de cómo se desarrollan las relaciones entre las instituciones concernidas, el contenido de la carta resulta sorprendente.
Lo es, en primer lugar, por el estilo. Ignoro cómo suele desarrollarse esta correspondencia, pero el tono del congresista en su breve misiva es de abierta advertencia hacia aspectos esenciales en el papel de la Reserva Federal. Lean el párrafo final. El segundo motivo para la sorpresa nace de su contenido. Lo que el congresista señala es un replanteamiento de la participación de la Reserva Federal (es decir, de Estados Unidos) en los varios foros internacionales en donde se ha diseñado a lo largo de los últimos años la estructura de regulación y supervisión del sistema financiero. Las decisiones que allí se adoptaron se critican por su opacidad. A su traducción en legislación interna achaca el remitente efectos negativos para el sistema estadounidense.
En suma, asistimos a una versión del nacionalismo económico en un terreno esencial. Lo que se replantea es la forma coordinada de afrontar la regulación de las finanzas internacionales y, por supuesto, la legitimación de las instituciones internacionales que han impulsado las normas que se pretenden revisar. Un tema de calado, puesto que esas iniciativas internacionales fomentan la confianza recíproca que implican reglas comunes o, cuando menos, similares entre los Estados participantes y los sistemas financieros afectados. Estados Unidos parece orientarse hacia un creciente unilateralismo regulatorio. En esta materia, como en otras muchas, la voluntad de proteger a los bancos americanos relajando o “liberalizando” las condiciones legales es posible que no tenga los efectos positivos que se alegan. Puede que así sea en el mercado interno de aquel país. Pero también que restrinja su capacidad de actuar internacionalmente si el nuevo marco legal es incompatible con algunos principios imperantes en otros mercados financieros.
Lo cierto es que la iniciativa de la Administración Trump va más allá de lo que suceda entre el Congreso y la Reserva Federal. Obliga a reaccionar a las autoridades de otros Estados y, por supuesto, a la Unión Europea. La globalización financiera descarta que mercados y entidades presenten condiciones diferentes en cuestiones esenciales (recursos propios, operaciones autorizadas, etc.) que alteran radicalmente la competencia y que repercuten en intereses generales evidentes, cuya tutela ha requerido durante estos últimos años medidas extraordinarias que están en el ánimo de todos, aunque parece que algunos han decidido que su memoria flaquee.
La carta reseñada es breve, pero su contenido invita a una reflexión más detenida que la que permite este lugar. Es seguro que el desarrollo de la agenda normativa que allí se anuncia (no sólo por lo que se dice que se va a hacer, sino por lo que se ordena que deje de hacerse) merecerá reacciones de todo tipo ante el cambio legislativo que implica y que no sólo afecta a Estados Unidos.