Depósito de cuentas y falta de informe por revocación del auditor de cuentas

La Resolución de 18 de noviembre de 2015 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) se ocupa del depósito de cuentas. Esto es un asunto que ha motivado repetidos pronunciamientos de la DGRN, habiendo dedicado distintas entradas al mismo. Sucede que en esta Resolución el interés radica más que en la doctrina aplicable –plenamente confirmada y sancionada por la jurisprudencia- en el supuesto de hecho que reproduzco a partir del fundamento jurídico 1 de la Resolución:

 

Los hechos a tener en cuenta son los siguientes: Un socio ejerce el derecho reconocido en el artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital para que por parte del registrador Mercantil se proceda a la designación de auditor que verifique las cuentas correspondientes al último ejercicio cerrado. La sociedad por su parte se opone a la solicitud, conforme al artículo 354 del Reglamento del Registro Mercantil, por tener ya designado e inscrito auditor para la verificación de sus cuentas. El registrador Mercantil acepta el motivo de oposición y desestima la solicitud del minoritario. Posteriormente la sociedad, por acuerdo unánime en junta universal, revoca el nombramiento de auditor, insta la cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil y presenta las cuentas del ejercicio respecto del que se ejerció el derecho por el minoritario”.

 

En sucesivas resoluciones ha establecido la DGRN el criterio conforme al cual el derecho de la minoría de solicitar la designación de un auditor de cuentas está salvaguardado cuando la sociedad procede de forma voluntaria a designar auditor de cuentas. Para ello se ha venido exigiendo que el acuerdo de nombramiento del auditor sea anterior a la presentación por el socio minoritario ante el Registro Mercantil de su solicitud de designación de auditor y que se garantice el derecho del socio al informe de auditoría “lo que solo puede lograrse mediante la inscripción del nombramiento, mediante la entrega al socio del referido informe o bien mediante su incorporación al expediente”.

 

La circunstancia singular que se dio en el presente supuesto fue que habiéndose revocado el nombramiento de auditor voluntario y cancelado el asiento correspondiente, cuando se presentan las cuentas para el depósito, la Registradora lo denegó por considerar que faltaba el informe de auditoría que la sociedad debía presentar “al haber ejercicio del socio minoritario el derecho que le concede el art. 265.2 de L.S.C.”. Este criterio no es compartido por la DGRN que revoca la calificación y estima el recurso a partir del razonamiento que transcribo:

 

Cancelado el asiento de inscripción del auditor nombrado voluntariamente rige la presunción del artículo 20 del Código de Comercio sobre su validez y exactitud por lo que no procede que esta Dirección General lleve a cabo un pronunciamiento sobre el mismo. Cerrado en su día el expediente de designación de auditor a instancia de la minoría y desaparecido del folio el obstáculo registral que impedía el depósito de cuentas de la sociedad sin el oportuno informe de verificación contable, la calificación no puede mantenerse. El registrador no cuestionó la revocación del nombramiento de auditor ni planteó entonces si el interés protegible del socio minoritario quedaba salvaguardado por lo que no puede ahora, cuando ha desaparecido del folio correspondiente la garantía de salvaguarda, apelar a la existencia de un expediente de nombramiento de auditor a instancia de la minoría cerrado por resolución desestimatoria para rechazar el depósito de cuentas (minoría que como resulta del propio contenido del Registro votó a favor de la revocación del nombramiento de auditor).

 

El registrador Mercantil que conoció del expediente de solicitud de nombramiento de auditor decidió entonces que no procedía el nombramiento porque ya existía un auditor nombrado e inscrito para la verificación de las cuentas anuales. Si con posterioridad ha calificado positivamente la cancelación del nombramiento de éste, no puede ahora actuar como si dicha cancelación no se hubiese producido. No existe ya obstáculo registral alguno para el depósito de las cuentas por lo que procede la estimación del recurso”.

 

Al margen del reproche que se hace a la actuación del Registrador, en este asunto cabe concluir con dos apuntes. El primero y decisivo es el de que la minoría a la que se pretende tutelar mediante la verificación de las cuentas anuales actuó en contra de esa salvaguarda. La revocación del auditor se aprobó por unanimidad, lo que implica un acto expreso de renuncia a obtener el correspondiente informe. El segundo es, precisamente, que puede que la justificación de la posición defendida por la Registradora gane vigencia en aquellos supuestos donde la revocación del auditor se hubiese aprobado con el voto en contra de la minoría que en su día hizo su solicitud al amparo del artículo 265.2 LSC. Porque en esos casos la mayoría podría usar su influencia en la junta general para, tras formular oposición a esa solicitud alegando el nombramiento voluntario del auditor, proceder a la posterior revocación del nombramiento, con lo que la minoría vería frustrado su interés por contar con el informe correspondiente a las cuentas del ejercicio. Se obligaría a la minoría a recurrir el acuerdo revocatorio por su carácter abusivo (art. 204.1 LSC), lo que no parece una tutela efectiva.