En torno a la sociedad cotizada

Acierta el Profesor Jorge Miquel al incluir en su blog una entrada que reproduce la llamada de atención que el semanario The Economist hizo sobre la realidad actual de las (grandes) empresas. Lo hace porque así nos recuerda lo obvio: que el Derecho mercantil no puede ignorar lo que está pasando, que es un Derecho vivo y que cada día nos topamos con hechos que evidencian situaciones que nuestras leyes no han previsto.

 

Una de la causas de ese lamentable alejamiento puede radicar en la inadaptación de algunos de los principios en que se basa la ordenación de las sociedades cotizadas y la realidad por la que transitan las relaciones esenciales en torno a ellas: las que establecen los propietarios (accionistas) y los gerentes (administradores), las que afectan a los accionistas entre sí (mayoría v minoría), los varios conflictos de intereses imaginables (entre accionistas, entre administradores y sociedad, entre accionistas y acreedores, etc.), las que vinculan a la sociedad con terceros, etc. Muchos de esos problemas son clásicos: lo que no se previó es la dimensión que han alcanzado.

 

Una dimensión tal que convierte a muchas de esas grandes corporaciones en actores políticos. Dos ejemplos contrapuestos: de cómo solucione Volkswagen su crisis dependen inversiones industriales que suelen calificarse como “estratégicas” por no pocos Estados; entre las noticias agradables nos topamos con el anuncio por Apple de sus beneficios anuales que, por su importe (casi 54.000 millones de dólares = 48.800 millones de euros) nos sitúan en magnitudes macroeconómicas o presupuestarias. No tardaremos en reencontrar en medios especializados los requerimientos de unos y otros sobre a la aplicación de ese resultado.

 

Pero la dimensión colosal que revelan los distintos baremos de la empresa actual no agota los problemas que, como hace The Economist, vienen provocando una revisión radical del sistema capitalista y de la forma en que se gestionan y desenvuelven las grandes corporaciones. Una revisión que nace desde dentro del propio sistema y a partir de la inadecuación de algunos aspectos de la condición de sociedad cotizada y de su funcionamiento que han sido cuidadosamente analizados. Basta con remitir a una precisa y sugerente exposición en la columna que incluyó John Authers en el diario Fianancial Times con un expresivo título: “Vote of no-confidence in shareholder capitalism” (v. FT Weekend, 24-25 de octubre de 2015, p 22). La crisis de la cotización bursátil se basa en la defraudación de algunos de los intereses esenciales y en su cesión ante prácticas que reciben una creciente crítica que, como los hechos que lo motivan, no son nuevos. Tomo de la columna de Authers algunos ejemplos:

 

 So far this year, the S&P 500’s market value has risen but its free float — the value of the shares available to buy — has fallen. Indeed, since 2011, global non-financial corporates have bought back more than $2.2tn of their own shares, equivalent to 9 per cent of average market value over the period, according to Citi.

 

 

Second, there is a growing sense that going public is not all it is cracked up to be. Companies are choosing to stay private far later into their development than they would ever have done before. Uber, now a disruptive force in the taxi industry on a truly global scale, is only the most spectacular example.

 

Meanwhile investors, particularly the big endowments and large public pension funds that tend to lead opinion in the rest of the fund management industry, are cooling on public markets, and looking instead to private equity. The private equity industry has a nasty tendency towards excessive and opaque fees, but endowments now seem to believe that only when private can companies build for the long term, free from investors’ short-termist agenda.

 

 

As for investors themselves, the regulations governing US pension funds issued by the Department of Labor, hugely influential around the world, have since 2008 made clear that it is the fiduciary responsibility of their managers to think in terms of the return only, and not any broader factors.

 

 

A second approach is to start a different corporate framework altogether. The “benefit corporation” commits to creating public benefits, as well as profits, and must report regularly on its sustainability. Directors must take into account the interests of all stakeholders, and not just share-owners.

 


As for investors, the labour department this week changed its mind, issuing new guidance that fiduciaries “need not treat commercially reasonable investments as inherently suspect or in need of special scrutiny merely because they take into consideration environmental, social or other such factors”. This was greeted with joy by advocates of responsible investing as practices in the US pension industry tend to become the de facto global standard
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Hechos nuevos que nos devuelven a las preguntas clásicas: ¿Cuál es el propósito de la corporación? Cita Authers las posiciones de los tribunales estadounidenses:

 

As with much to do with capitalism, the debate centres on the US, and is carried out by lawyers. In recent years, Delaware’s Supreme Court has held that the object of the corporation is to produce profits for the stockholders, and that the social beliefs of the managers “cannot be their end in managing the corporation”, while the Supreme Court has held that directors cannot...defend a business strategy that openly eschews stockholder wealth maximization.

 

La búsqueda de nuevos modos de inversión y de financiación (“private vs public”; financiación alternativa por vías como las acogidas en la reciente Ley 5/2015, de fomento de la financiación empresarial) no priva de vigencia la pregunta sobre cómo y en interés de quién gestionar una sociedad ¿En interés de los accionistas o teniendo en cuenta otros intereses? ¿Resultados (financieros) a corto plazo o responsabilidad social que se vincula con resultados y revalorizaciones a largo plazo? Los problemas no son tan nuevos. Si lo es su dimensión La gran cuestión sigue siendo la misma que ha acompañado a la sociedad cotizada desde su irrupción ¿Cuál es el papel del Derecho ante ese escenario?