La AP de Madrid sobre la acción de reembolso de retribuciones indebidas

En numerosas entradas me he ocupado de la retribución de los administradores. Un tema que presenta varios problemas y que ofrece materiales variados que ponen de manifiesto la actualidad y litigiosidad que comporta. Estamos en el camino hacia la aplicación por nuestros Tribunales de la nueva regulación introducida en esta materia por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la mejora del gobierno corporativo.

 

Aunque se ocupaba de la legislación derogada, la SAP Madrid (Sección 28ª) de 22 de diciembre de 2015 (JUR 2016/37589), presenta dos motivos de interés. El primero, lo constituye la exposición de lo que ha sido la doctrina jurisprudencial aplicada a la retribución de los llamados consejeros ejecutivos, es decir, aquellos consejeros que además de la vinculación orgánica con la sociedad, mantenían con ésta una relación laboral especial de alta dirección. Esta materia se ha visto afectada por las modificaciones adoptadas en la LSC, singularmente por la separación que para la remuneración establece la distinción entre los conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales (art. 217) y los correspondientes al ejercicio de funciones ejecutivas, que requieren la necesaria contemplación en el contrato previsto en el artículo 249 LSC.

 

Junto a esa mirada hacia el pasado legislativo, la Sentencia reseñada ofrece un segundo motivo de interés en un asunto del que me he ocupado en fechas recientes y que trata de las posibilidades de las que dispone una sociedad para reclamar de sus consejeros o ex consejeros la retribución que se pagó de manera indebida. La reclamación puede basarse en una previsión contractual que obliga al administrador a devolver la retribución variable percibida sobre la base de cuentas incorrectas o, sencillamente, manipuladas, o puede fundamentarse en que la condición legal o estatutaria que amparaba dicha retribución no se cumplió. Es lo que sucedió en el supuesto que reseño.

 

En este caso, el litigio se inicia ante el Juzgado de lo Mercantil por la presentación por la sociedad de una demanda en cuya virtud y como pretensión se solicitaba la declaración de que no se habría cumplido “la conditio iuris a la que se condicionaba el nacimiento del derecho de los demandados a percibir la retribución durante el ejercicio 2008”, junto con la pretensión consiguiente de condena a los demandados a reembolsar esas cantidades. A este respecto, debe ser destacada la valoración del Tribunal, cuando, en coincidencia con el criterio del Juzgado de lo Mercantil, establece que la inexistencia de los beneficios en el ejercicio correspondiente determinaba el deber de reembolso a cargo de los administradores beneficiarios de retribuciones indebidas, por haberse justificado sobre beneficios que luego no se dieron. Un reembolso que no precisa la acción de nulidad de las operaciones o contratos que, previo reflejo en las cuentas anuales, constituían el fundamento material de la retribución variable a partir de los beneficios derivados de tales operaciones.

 

“9 Tenemos dicho reiteradamente (sentencias de 27 de abril de 2012 y 5 de mayo de 2014, entre muchas otras) que, en la medida en que las cuentas son el instrumento de dación de cuenta ante los socios y ante terceros de la situación económica de la entidad en un determinado ejercicio, lo que ha de exigirse respecto de las mismas es que reflejen la imagen fiel de lo ocurrido en la sociedad en el transcurso de dicho ejercicio, sin que pueda ser motivo de impugnación del acuerdo que las aprueba la pretendida ilicitud o naturaleza perjudicial para la sociedad de alguna de las operaciones que allí se recojan. La realización de operaciones ilícitas o perjudiciales para la sociedad no justifica la impugnación del acuerdo social de aprobación de cuentas anuales por el mero hecho de su contabilización, si esta es la que corresponde a las mismas según la normativa contable, sino que aquellas deberán combatirse mediante las correspondientes acciones encaminadas, bien a declarar la ineficacia de los negocios afectados, bien a obtener la restitución de las cantidades indebidamente dispuestas, pudiendo incluso ejercitarse las acciones de responsabilidad que procedieran contra los administradores que las llevaron a cabo. Tal enfoque desmonta la argumentación en pro de sus tesis que la parte recurrente pretende erigir a partir de la aprobación por la junta general de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

 

10 A la vista de las apreciaciones que anteceden, se carece de motivos para catalogar los acuerdos de referencia como contrarios a los estatutos, lo que arrumba el discurso construido en torno a las consecuencias derivadas de la falta de impugnación de los mismos, la doctrina de los propios actos a partir de la adopción de los acuerdos en cuestión y la actuación de METROVACESA en fraude de ley.

 

11 La interpretación de los preceptos estatutarios y de los acuerdos sociales que mantenemos nos lleva a sancionar la corrección de la conclusión establecida en la sentencia impugnada de que, no habiendo beneficios en el ejercicio 2008, los administradores sociales deben devolver las cantidades que les fueron entregadas para pago de la retribución correspondiente al citado ejercicio, pues no se cumplió la condición de la que dependía la adquisición del derecho a exigirla.