Mediación previa en litigios promovidos por consumidores

En un procedimiento de reclamación de deudas, dos ciudadanos italianos interpusieron ante un Tribunal de Verona un recurso, que llevó a éste a plantear una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad de las normas italianas que exigen que las reclamaciones de consumidores se sometan previamente a una mediación obligatoria, en la que, conforme a la legislación italiana, el consumidor deberá contar con la asistencia de un abogado. La cuestión se refería a la interpretación de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.

 

El asunto se ha resuelto por medio de la Sentencia del TJUE de 14 de junio de 2017 (asunto C-75/16 Livio Menini y Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa). Los principales pronunciamientos de la Sentencia los reproduzco a partir del comunicado de prensa:

 

“- … la directiva, que tiene por objeto que los consumidores puedan, si así lo desean, presentar reclamaciones contra los comerciantes mediante procedimientos de resolución alternativa de litigios, podría aplicarse al presente asunto en la medida en que pueda considerarse que el procedimiento de mediación es una de las posibles formas de resolución alternativa de litigios, extremo que deberá comprobar el juez nacional.

 

– … la directiva es aplicable cuando el procedimiento de resolución alternativa de litigios (en el presente asunto, el procedimiento de mediación) reúne los tres requisitos acumulativos siguientes: 1) debe haber sido incoado por un consumidor contra un comerciante en relación con las obligaciones derivadas de un contrato de compraventa o de servicios; 2) debe ser independiente, imparcial, transparente, efectivo, rápido y justo y 3) se debe confiar a una entidad que esté establecida de manera duradera y que figure en una lista especial notificada a la Comisión Europea.

 

… en los procedimientos de resolución alternativa de litigios establecidos por dicha directiva, el carácter voluntario reside no en la libertad de las partes de recurrir o no a este proceso, sino en el hecho de que las partes se responsabilizan de él y pueden organizarlo como lo deseen y darlo por terminado en cualquier momento…lo relevante no es el carácter obligatorio o facultativo del sistema de mediación, sino el hecho de que, como prevé expresamente la Directiva, se preserve el derecho de las partes a acceder al sistema judicial.

 

– … la exigencia de un procedimiento de mediación con carácter previo al ejercicio de las acciones judiciales puede ser compatible con el principio de tutela judicial efectiva si concurren determinados requisitos que compete examinar al juez nacional. Tal es el caso, en particular, cuando dicho procedimiento 1) no conduce a una decisión vinculante para las partes, 4 2) no implica un retraso sustancial para ejercitar una acción judicial, 3) interrumpe la prescripción de los correspondientes derechos y 4) no ocasiona gastos significativos, siempre y cuando 5) la vía electrónica no constituya el único medio de acceder al procedimiento de conciliación y 6) sea posible adoptar medidas provisionales urgentes. En esas circunstancias, el Tribunal de Justicia concluye que el hecho de que la normativa italiana no sólo haya establecido un procedimiento de mediación extrajudicial, sino que, además, haya dispuesto la obligatoriedad del recurso a éste, previamente al ejercicio de una acción judicial, no es incompatible con la Directiva.

 

– … una legislación nacional no puede exigir que un consumidor que participe en un procedimiento de resolución alternativa de litigios tenga la obligación de ser asistido por un abogado.

 

– … la protección del derecho de acceder al sistema judicial implica que la retirada del consumidor del procedimiento de resolución alternativa de litigios, medie o no una causa justificada, no debe tener en ningún caso consecuencias desfavorables para éste en las etapas sucesivas del litigio. No obstante, el Derecho nacional puede imponer sanciones cuando las partes no participen en el proceso de mediación sin que exista una causa justificada, siempre que el consumidor pueda retirarse de él una vez que se haya celebrado el primer encuentro con el mediador”.

 

 

Madrid, 14 de julio de 2017